La Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgará a Ecuador por otorgar una concesión petrolera en tierras ancestrales del pueblo indígena Kichwa Sarayaku, en una audiencia de dos días que se abrirá hoy en San José.
En la audiencia de dos días, la Corte escuchará los testimonios de líderes de la comunidad Sarayaku, representantes del Gobierno y de expertos como el relator de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, y el antropólogo Rodrigo Villagra.
La demanda se refiere a la concesión que el régimen ecuatoriano otorgó a la empresa petrolera argentina CGC en 1996 para explorar y explotar petróleo en territorios ancestrales del pueblo Kichwa Sarayaku, en la provincia de Pastaza. El contrato fue cancelado en el 2010 tras años de oposición del pueblo Sarayaku, donde habitan unas 1.200 personas.
A finales del 2002 e inicios del 2003, "soldados ecuatorianos y trabajadores de la empresa ingresaron al territorio por la fuerza, abrieron trochas, introdujeron explosivos de gran peligrosidad y deforestaron áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad", explicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa en el proceso a los demandantes.
"Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía", indicó la organización.
José Gualinga, presidente del pueblo indígena, señaló que algunos de los explosivos colocados fueron detonados, pero hasta la fecha la mayoría se mantiene enterrada en una zona de 20 kilómetros cuadrados, lo que supone un riesgo para los habitantes del pueblo y la biodiversidad.
También afirmó que durante los trabajos de exploración petrolera, además de las agresiones, hubo detenciones contra los habitantes de Sarayaku, y que la empresa cerró pasos fluviales ancestrales que son las únicas vías de acceso al remoto pueblo.
Según Cejil, el Estado ecuatoriano tampoco ha cumplido con medidas de protección ordenadas por la Corte, para garantizar la vida e integridad física de los pobladores.
Las víctimas pedirán a la Corte que obligue a las autoridades ecuatorianas a reparar los daños causados a la comunidad, así como la garantía de que este tipo de violaciones no se repetirán en el futuro.
Gualinga dijo que el objetivo es demostrar ante la Corte que "el Estado atentó contra la vida del pueblo Sarayaku, la biodiversidad y la naturaleza".
Mientras que Cejil dijo que espera "que la eventual sentencia del tribunal hemisférico siente una valiosa jurisprudencia para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todo el continente".
San José, Costa Rica - AFP y EFE
En la audiencia de dos días, la Corte escuchará los testimonios de líderes de la comunidad Sarayaku, representantes del Gobierno y de expertos como el relator de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, y el antropólogo Rodrigo Villagra.
La demanda se refiere a la concesión que el régimen ecuatoriano otorgó a la empresa petrolera argentina CGC en 1996 para explorar y explotar petróleo en territorios ancestrales del pueblo Kichwa Sarayaku, en la provincia de Pastaza. El contrato fue cancelado en el 2010 tras años de oposición del pueblo Sarayaku, donde habitan unas 1.200 personas.
A finales del 2002 e inicios del 2003, "soldados ecuatorianos y trabajadores de la empresa ingresaron al territorio por la fuerza, abrieron trochas, introdujeron explosivos de gran peligrosidad y deforestaron áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad", explicó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa en el proceso a los demandantes.
"Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía", indicó la organización.
José Gualinga, presidente del pueblo indígena, señaló que algunos de los explosivos colocados fueron detonados, pero hasta la fecha la mayoría se mantiene enterrada en una zona de 20 kilómetros cuadrados, lo que supone un riesgo para los habitantes del pueblo y la biodiversidad.
También afirmó que durante los trabajos de exploración petrolera, además de las agresiones, hubo detenciones contra los habitantes de Sarayaku, y que la empresa cerró pasos fluviales ancestrales que son las únicas vías de acceso al remoto pueblo.
Según Cejil, el Estado ecuatoriano tampoco ha cumplido con medidas de protección ordenadas por la Corte, para garantizar la vida e integridad física de los pobladores.
Las víctimas pedirán a la Corte que obligue a las autoridades ecuatorianas a reparar los daños causados a la comunidad, así como la garantía de que este tipo de violaciones no se repetirán en el futuro.
Gualinga dijo que el objetivo es demostrar ante la Corte que "el Estado atentó contra la vida del pueblo Sarayaku, la biodiversidad y la naturaleza".
Mientras que Cejil dijo que espera "que la eventual sentencia del tribunal hemisférico siente una valiosa jurisprudencia para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en todo el continente".
San José, Costa Rica - AFP y EFE
