Recursos de apelación y de nulidad presentarán los abogados defensores del exeditor de Opinión de este Diario, sus directivos y la Compañía Anónima EL UNIVERSO para dejar sin efecto la sentencia que emitió ayer el juez temporal 15º de Garantías Penales, Juan Paredes, dentro de la querella por injurias que interpuso en su contra el presidente Rafael Correa.
Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez fueron condenados a tres años de prisión y a pagar una indemnización de $ 30 millones en total; y la empresa, otros $ 10 millones más.
El Código de Procedimiento Penal concede un plazo de tres días laborales para presentar sus objeciones jurídicas.
El abogado de Palacio, León Roldós, calificó a la sentencia como “viciada de nulidad jurídica y de ética”.
“Un proceso en el que se sustancia la audiencia en un día y a los quince minutos del día siguiente ya está el fallo, demuestra que no hubo ningún análisis, sobre todo porque el juez recién se había reincorporado al proceso”, dijo Roldós.
El jurista indicó que el proceso tiene varias causas de nulidad: primero, se insiste en juzgar a una persona jurídica que no es un sujeto penal que puede cometer el delito de injurias y se lo sentencia por “cuenta separada”; segundo, procesalmente, la jueza Mónica Encalada –que tomó el proceso tras la recusación de Sucre Garcés– no tenía competencia para actuar; y tercero, las violaciones constitucionales al no permitir la defensa de los acusados.
El recurso de apelación, en cambio, buscará insistir en que la infracción imputada (la injuria calumniosa) no existe.
Palacio señaló que esa sentencia era previsible, considerando que la justicia fue “secuestrada” por las Fuerzas Armadas. “De jueces que dictan sentencia por partes, con soldados a cada lado sosteniendo un fusil, con lanzagranadas y bombas lacrimógenas, ¿qué podíamos esperar?”, reclamó.
Sin embargo, se mostró optimista: “La pelea continúa, no nos sentimos derrotados”. Y pidió a la ciudadanía que se movilice en defensa de la vigencia de las libertades en el país.
Para Mónica Vargas, defensora de los Pérez, el juez Paredes solo tomó en cuenta los argumentos de la parte acusadora.
Xavier Zavala, abogado de la Compañía Anónima EL UNIVERSO, coincidió con Roldós en las causales de nulidad del proceso legal, especialmente el “absurdo” de procesar penalmente a una persona jurídica.
“El hecho de que se haya condenado a la compañía a pagar una indemnización de $ 10 millones significa que tácitamente se la considera culpable de haber cometido un delito porque, según el artículo 52 del Código Penal, la solidaridad para pagar daños y perjuicios surge para los condenados... Se viola el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal que exige una sentencia condenatoria contra el obligado a pagar una indemnización producto de un delito. Entonces, estamos ante el “absurdo” de que una persona jurídica ha sido sentenciada por haber cometido un delito y se la obliga a indemnizar”.
La sentencia emitida por el juez Paredes generó rechazo en los gremios periodísticos nacionales e internacionales.
Así, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dijo que se trata de “un hecho insólito por las dimensiones de la sentencia y por las condiciones en que se produce. Desde el principio hemos señalado que el juicio planteado por el presidente contra EL UNIVERSO no tiene ni pies ni cabeza, porque el diario y sus directivos no podían responsabilizarse ulteriormente por lo escrito por Emilio Palacio”.
Agregó: “Al parecer el honor del presidente, según el juez Paredes, vale $ 40 millones y la prisión por tres años de cuatro personas, mientras que el SOAT paga $ 5 mil por la vida de un ecuatoriano que muere en un accidente. Esas son las proporciones que se manejan en el país”.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, calificó de “grave zarpazo a los más esenciales principios de la libertad de información” el fallo judicial que estableció tres años de prisión y multas millonarias contra directivos del medio.
“Esto nos confirma una vez más que el Gobierno continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por la vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos”, indicó.
Mientras que la ONG Fundamedios expresó su profunda preocupación porque la citada sentencia sienta un “precedente nefasto” contra la libertad de expresión, derecho fundamental de los seres humanos.
“La sentencia se ha dictado en el marco de un proceso irregular que confunde acciones civiles y penales, asigna responsabilidades a un medio por las opiniones firmadas por un articulista y fija montos desproporcionados respecto a la honra de una autoridad pública”, refirió su comunicado.
Eric Samson, representante de Reporteros Sin Fronteras, expresó que, en América Latina, la tendencia es ir hacia la despenalización de los delitos de prensa, “pero esta sentencia y los procesos contra otros periodistas resultan preocupantes. Si bien creo que muchos artículos de Palacio son condenables, preocupa que se dicte pena de prisión contra los directivos de EL UNIVERSO. Esta decisión va a generar una fuerte autocensura en los medios”.
Pedido de reconciliación: Desde el sector productivo
Pronunciamiento
En nombre del sector productivo y tras hacer las consultas a sus miembros que tuvieron respaldo unánime, el presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial (CEE), Blasco Peñaherrera Solah, pidió ayer al presidente Rafael Correa “que acepte la propuesta de Diario EL UNIVERSO y termine de una vez por todas con el desgastante proceso judicial que tanto daño hace al país”, que busque también la reconciliación nacional “en la que el diálogo reemplace a la intransigencia, la generosidad al orgullo, la unidad nacional a la fratricida división entre ecuatorianos”.
Ante ‘violencia política’
Le solicitó al mandatario que sea el principal guardián de la libertad y que devuelva la tranquilidad al Ecuador, “que no solo por la violencia en las calles, sino por la violencia política vive dramáticamente atemorizada”.
Riesgo para la opinión
Para Peñaherrera, el juicio contra el Diario podría amedrentar a los directivos de otros medios de comunicación que ya no permitirán que las opiniones de sus editorialistas sean publicadas libremente. “Esto es malo para la libertad de expresión y para la relación entre ciudadanos y poder constituido”, dijo.
Reacciones: Los defensores
León Roldós
ABOGADO DE EMILIO PALACIO
“Se violaron normas constitucionales porque no se permitió a Palacio que se defienda”.
Xavier Zavala
ABOGADO DE C.A. EL UNIVERSO
“Es un absurdo que una persona jurídica haya sido condenada por cometer un delito a indemnizar”.
Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez fueron condenados a tres años de prisión y a pagar una indemnización de $ 30 millones en total; y la empresa, otros $ 10 millones más.
El Código de Procedimiento Penal concede un plazo de tres días laborales para presentar sus objeciones jurídicas.
El abogado de Palacio, León Roldós, calificó a la sentencia como “viciada de nulidad jurídica y de ética”.
“Un proceso en el que se sustancia la audiencia en un día y a los quince minutos del día siguiente ya está el fallo, demuestra que no hubo ningún análisis, sobre todo porque el juez recién se había reincorporado al proceso”, dijo Roldós.
El jurista indicó que el proceso tiene varias causas de nulidad: primero, se insiste en juzgar a una persona jurídica que no es un sujeto penal que puede cometer el delito de injurias y se lo sentencia por “cuenta separada”; segundo, procesalmente, la jueza Mónica Encalada –que tomó el proceso tras la recusación de Sucre Garcés– no tenía competencia para actuar; y tercero, las violaciones constitucionales al no permitir la defensa de los acusados.
El recurso de apelación, en cambio, buscará insistir en que la infracción imputada (la injuria calumniosa) no existe.
Palacio señaló que esa sentencia era previsible, considerando que la justicia fue “secuestrada” por las Fuerzas Armadas. “De jueces que dictan sentencia por partes, con soldados a cada lado sosteniendo un fusil, con lanzagranadas y bombas lacrimógenas, ¿qué podíamos esperar?”, reclamó.
Sin embargo, se mostró optimista: “La pelea continúa, no nos sentimos derrotados”. Y pidió a la ciudadanía que se movilice en defensa de la vigencia de las libertades en el país.
Para Mónica Vargas, defensora de los Pérez, el juez Paredes solo tomó en cuenta los argumentos de la parte acusadora.
Xavier Zavala, abogado de la Compañía Anónima EL UNIVERSO, coincidió con Roldós en las causales de nulidad del proceso legal, especialmente el “absurdo” de procesar penalmente a una persona jurídica.
“El hecho de que se haya condenado a la compañía a pagar una indemnización de $ 10 millones significa que tácitamente se la considera culpable de haber cometido un delito porque, según el artículo 52 del Código Penal, la solidaridad para pagar daños y perjuicios surge para los condenados... Se viola el artículo 41 del Código de Procedimiento Penal que exige una sentencia condenatoria contra el obligado a pagar una indemnización producto de un delito. Entonces, estamos ante el “absurdo” de que una persona jurídica ha sido sentenciada por haber cometido un delito y se la obliga a indemnizar”.
La sentencia emitida por el juez Paredes generó rechazo en los gremios periodísticos nacionales e internacionales.
Así, el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dijo que se trata de “un hecho insólito por las dimensiones de la sentencia y por las condiciones en que se produce. Desde el principio hemos señalado que el juicio planteado por el presidente contra EL UNIVERSO no tiene ni pies ni cabeza, porque el diario y sus directivos no podían responsabilizarse ulteriormente por lo escrito por Emilio Palacio”.
Agregó: “Al parecer el honor del presidente, según el juez Paredes, vale $ 40 millones y la prisión por tres años de cuatro personas, mientras que el SOAT paga $ 5 mil por la vida de un ecuatoriano que muere en un accidente. Esas son las proporciones que se manejan en el país”.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, calificó de “grave zarpazo a los más esenciales principios de la libertad de información” el fallo judicial que estableció tres años de prisión y multas millonarias contra directivos del medio.
“Esto nos confirma una vez más que el Gobierno continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente y establecer, por la vía judicial, el patrimonio de la verdad que deben consumir todos los ecuatorianos”, indicó.
Mientras que la ONG Fundamedios expresó su profunda preocupación porque la citada sentencia sienta un “precedente nefasto” contra la libertad de expresión, derecho fundamental de los seres humanos.
“La sentencia se ha dictado en el marco de un proceso irregular que confunde acciones civiles y penales, asigna responsabilidades a un medio por las opiniones firmadas por un articulista y fija montos desproporcionados respecto a la honra de una autoridad pública”, refirió su comunicado.
Eric Samson, representante de Reporteros Sin Fronteras, expresó que, en América Latina, la tendencia es ir hacia la despenalización de los delitos de prensa, “pero esta sentencia y los procesos contra otros periodistas resultan preocupantes. Si bien creo que muchos artículos de Palacio son condenables, preocupa que se dicte pena de prisión contra los directivos de EL UNIVERSO. Esta decisión va a generar una fuerte autocensura en los medios”.
Pedido de reconciliación: Desde el sector productivo
Pronunciamiento
En nombre del sector productivo y tras hacer las consultas a sus miembros que tuvieron respaldo unánime, el presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial (CEE), Blasco Peñaherrera Solah, pidió ayer al presidente Rafael Correa “que acepte la propuesta de Diario EL UNIVERSO y termine de una vez por todas con el desgastante proceso judicial que tanto daño hace al país”, que busque también la reconciliación nacional “en la que el diálogo reemplace a la intransigencia, la generosidad al orgullo, la unidad nacional a la fratricida división entre ecuatorianos”.
Ante ‘violencia política’
Le solicitó al mandatario que sea el principal guardián de la libertad y que devuelva la tranquilidad al Ecuador, “que no solo por la violencia en las calles, sino por la violencia política vive dramáticamente atemorizada”.
Riesgo para la opinión
Para Peñaherrera, el juicio contra el Diario podría amedrentar a los directivos de otros medios de comunicación que ya no permitirán que las opiniones de sus editorialistas sean publicadas libremente. “Esto es malo para la libertad de expresión y para la relación entre ciudadanos y poder constituido”, dijo.
Reacciones: Los defensores
León Roldós
ABOGADO DE EMILIO PALACIO
“Se violaron normas constitucionales porque no se permitió a Palacio que se defienda”.
Xavier Zavala
ABOGADO DE C.A. EL UNIVERSO
“Es un absurdo que una persona jurídica haya sido condenada por cometer un delito a indemnizar”.