Mientras el gobierno de Estados Unidos planificaba la salida de sus militares de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta, el gobierno de Rafael Correa aceptó la posibilidad de mantener la cooperación contra el narcotráfico a través de un acuerdo llamado Gas and go, por el cual se permite a sus naves recargar combustible en aeropuertos.
Uno similar al que tiene con Panamá para abastecer a la Guardia Costera.
Ambas naciones suscribieron, en 1999, un convenio –por diez años– que permitía a Estados Unidos instalar un Puesto de Control de Avanzada (Forward Operation Location o FOL, en inglés) para realizar control aéreo antinarcótico.
Un año antes de su vencimiento, argumentando la defensa de la soberanía, la Cancillería ecuatoriana notificó al Departamento de Estado que este no se renovaría.
Las primeras conversaciones para concretar el convenio Gas and go ocurrieron los últimos días de la gestión de la exembajadora de EE.UU., Linda Jewell. Pero fue en un almuerzo, el 26 de enero del 2009, que su sucesora, Heather Hodges, planteó el asunto al presidente Correa, según revelan cables de Wikileaks a los que tuvo acceso este Diario.
El cable Nº 188984, clasificado como confidencial, indica que Hodges le comentó a un “cálido y amistoso Correa” que a su país le interesaba suscribir tal acuerdo. Según el texto, este respondió afirmativamente: “Lo que sea necesario para combatir el narcotráfico”.
En su reporte, la embajadora mostró su satisfacción por la apertura del presidente: “En todo caso aunque sea contamos con una ligera luz verde sobre una cooperación post FOL”.
A la Embajada le sorprendió, no obstante, que Correa hiciera público ese eventual convenio, en el enlace sabatino del 7 de febrero siguiente.
En esa intervención, Correa se mostró enojado por la carta enviada a la Policía por el funcionario de la misión diplomática, Armando Astorga, en la que anunciaba el retiro del apoyo logístico en las operaciones anticontrabando.
“Señora embajadora, acepto estos planes para que la Guardia Costera aterrice a suelo ecuatoriano una vez que la Base en Manta salga con una condición: nosotros tendremos que revisar a los pilotos que lleguen volando esas naves para que así ningún criminal ingrese”, dijo Correa –citado en el cable–, que luego expulsó a Astorga.
Los cables de Wikileaks detallan las permanentes reuniones que tuvo Hodges con funcionarios de la Cancillería y de los ministerios de Defensa y Seguridad Interna y Externa para insistir en el acuerdo, sin que estos le hayan respondido.
Así, el 4 de marzo del 2009, la diplomática conversó con Jorge Orbe, director de Relaciones Bilaterales de la Cancillería, a quien le comentó los pocos avances para definir el futuro de la cooperación en la lucha antinarcóticos una vez que el FOL cierre, lo cual estaba previsto para septiembre.
En esa cita, el funcionario dijo que existía el deseo de concretar un encuentro entre Rafael Correa y Barack Obama.
La embajadora no descartó tal cita, pero la condicionó al progreso de la negociación.
A pesar de las evasivas ecuatorianas, el 4 de mayo siguiente, la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, remitió a la misión en Quito una nota diplomática para que la use en los diálogos bilaterales.
El cable Nº 206230 detalla algunos aspectos del acuerdo Gas and go. Así, por ejemplo, Ecuador permitiría a las naves aterrizar y permanecer en sus aeropuertos internacionales; y el personal de EE.UU. gozaría de libertad de movimiento dentro de las terminales y de la inmunidad que tienen los funcionarios de la Embajada.
Según el documento, la Cancillería ecuatoriana respondió que consideraba ‘aceptable’ la nota y que esta constituía un acuerdo entre los gobiernos.
El 8 de julio, en una reunión con el canciller Fander Falconí; el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, y otros funcionarios, Hodges les consultó sobre los avances del tema.
El cable N° 215977 indica que ‘sorpresivamente’ parecía que los presentes no estaban familiarizados con la figura.
De los presentes, el más ‘escéptico’ era Carvajal, quien preguntó si el acuerdo implicaba que oficiales de inteligencia de EE.UU. participarían en los vuelos y si estos serían sobre territorio ecuatoriano.
La embajadora respondió que la tripulación no sería, por lo general, de ese tipo y que el área que se cubriría sería el lado este del Pacífico.
Falconí confirmó a este Diario que el gobierno de EE.UU. pidió al ecuatoriano suscribir el acuerdo. “Incluso pudo enviar la nota diplomática, sin duda, pero eso no quiere decir que hubo negociación”, indica.
Tales conversaciones, agrega Falconí, estuvieron a cargo de los ministros de Seguridad Interna y Externa y de Defensa.
A la par, EE.UU. concretó un convenio para el uso de bases militares colombianas, lo cual preocupó a varios países de la región, incluyendo Ecuador.
Entonces, aprovechando la visita del subsecretario para el área Andina, Brasil y el Cono Sur, Christopher McMullen, invitado a la ceremonia de posesión del segundo mandato de Correa, Carvajal se citó con él.
Uno de los despachos de Wikileaks indica que McMullen le garantizó al ministro que el convenio con Colombia no representaría una amenaza.
Y agregó que el acceso a esas bases no reemplazaría las capacidades perdidas por el cierre del FOL en Manta. En ese contexto, McMullen dijo que EE.UU. esperaba que el gobierno ecuatoriano accediera a firmar el acuerdo Gas and go, que permitiría a su país realizar vuelos antinarcóticos desde el aeropuerto de Guayaquil.
El último cable que da cuenta de las conversaciones se emitió el 15 de octubre de ese año.
En este se narra una reunión entre Hodges y Orbe, quien no le dio detalles del avance del convenio alegando que ya estaba en manos de Carvajal.
Ella insinuó que los progresos en esa negociación podrían impulsar la renovación de las preferencias arancelarias (Atpdea, en inglés). Esto molestó a Orbe, quien acotó que “la intención de Ecuador era bajar el énfasis que el tema antinarcóticos tiene en la relación bilateral y que el Gobierno no aceptaría chantajes con el Atpdea”.
Principales puntos: Del acuerdo propuesto
Ecuador permitiría que aviones del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., y otras dependencias de ese país, aterricen y permanezcan en aeropuertos internacionales para abastecerse de combustible, provisiones, asistencia médica y reparaciones en apoyo a la detección de drogas.
El personal de EE.UU. en Ecuador disfrutaría de libertad de movimiento dentro de los aeropuertos. Ecuador debería, asimismo, dar al personal de EE.UU. los mismos privilegios e inmunidad de los que está proveído el staff de la Embajada en Quito.
La Embajada de EE.UU. debería proveer a la Cancillería notificaciones no menores a:
a.- 30 días previos a cualquier operación propuesta si Estados Unidos anticipa que esta excederá las 72 horas.
b.- 8 horas previas a cualquier operación si se anticipa que esta no pasará las 72 horas.
c.- 2 horas previas a cualquier operación si estas son para reabastecimiento de combustible y la tripulación solo pase la noche en Ecuador.
Las aeronaves de EE.UU. deberían ser permitidas de realizar estas operaciones entre seis y catorce días al mes.
Lea mañana
El acuerdo de defensa con Colombia provocó nuevas tensiones con EE.UU. (El Universo)