Ayer fueron notificados oficialmente por la Fiscalía sobre el inicio de la indagación, el excomandante de Policía Jaime Hurtado y cuatro oficiales más mencionados en un cable de WikiLeaks, en el que se denuncian supuestos actos de corrupción.
Fuentes que pidieron la reserva del caso informaron que los oficiales mayor Bolívar Villota, acusado de red de corrupción en la Subjefatura de Tránsito de Sangolquí en 2008; mayor Pedro Llerena, encargado de manejar los pases en la Policía, y coronel Milton Raúl Andrade y mayor Manuel Fernando Basantes, responsables del manejo migratorio en Guayaquil, fueron notificados en sus domicilios. Se les indicó que deben dar sus versiones en la Fiscalía de Pichincha el 11.
Extraoficialmente se supo que la Fiscalía pedirá a entidades de control, como la Superintendencia de Bancos y la de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro de la Propiedad y la Contraloría, información relacionada con el excomandante Hurtado y el resto de oficiales involucrados en el cable dirigido al Departamento de Estado.
Ayer el ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado, reconoció que compró una hacienda de 22 hectáreas en la provincia de Cotopaxi, pero negó que haya coaccionado a su anterior propietario a vendérsela, como se reveló en los cables de WikiLeaks.
'Corrupción afecta principios claves que promociona EEUU'
La estabilidad democrática del país también mereció mención en el cable 216141, del 10 de julio de 2009, que tiene la categoría de "Secreto" y en el que se exponen los problemas al interior de la Policía y las denuncias contra el entonces comandante Jaime Hurtado Vaca sobre supuesto cobro de sobornos, extorsión y coyoterismo, entre otros delitos.
El documento señala que solicitar sobornos e intervenir en procesos públicos tiene serios efectos en los principios estadounidenses sobre la estabilidad democrática de las instituciones y naciones, la seguridad de ese país, la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo, así como en la ayuda que brindan los Estados Unidos y las actividades económicas (y de inversión) que se pudieran hacer.
En el documento se dice que una de las máximas prioridades de la Embajada es el fortalecimiento de la estabilidad democrática y de las instituciones y que la justicia y la ley son fundamentales en la democracia, y estas dependen de la existencia de una fuerza policial honesta y creíble. "Donde hay policías que violan la ley con impunidad, la fe en el gobierno y la democracia se evapora", se lee.
El documento agrega que la confianza en la democracia y sus instituciones es muy baja en el Ecuador. Dice que esto se debe, en parte, a actos corruptos como los descritos, ya que estos refuerzan la percepción popular de que las instituciones y el gobierno son irremediablemente corruptos y que la justicia se basa en el poder económico y político.
Fuentes que pidieron la reserva del caso informaron que los oficiales mayor Bolívar Villota, acusado de red de corrupción en la Subjefatura de Tránsito de Sangolquí en 2008; mayor Pedro Llerena, encargado de manejar los pases en la Policía, y coronel Milton Raúl Andrade y mayor Manuel Fernando Basantes, responsables del manejo migratorio en Guayaquil, fueron notificados en sus domicilios. Se les indicó que deben dar sus versiones en la Fiscalía de Pichincha el 11.
Extraoficialmente se supo que la Fiscalía pedirá a entidades de control, como la Superintendencia de Bancos y la de Compañías, el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro de la Propiedad y la Contraloría, información relacionada con el excomandante Hurtado y el resto de oficiales involucrados en el cable dirigido al Departamento de Estado.
Ayer el ex comandante de la Policía, Jaime Hurtado, reconoció que compró una hacienda de 22 hectáreas en la provincia de Cotopaxi, pero negó que haya coaccionado a su anterior propietario a vendérsela, como se reveló en los cables de WikiLeaks.
'Corrupción afecta principios claves que promociona EEUU'
La estabilidad democrática del país también mereció mención en el cable 216141, del 10 de julio de 2009, que tiene la categoría de "Secreto" y en el que se exponen los problemas al interior de la Policía y las denuncias contra el entonces comandante Jaime Hurtado Vaca sobre supuesto cobro de sobornos, extorsión y coyoterismo, entre otros delitos.
El documento señala que solicitar sobornos e intervenir en procesos públicos tiene serios efectos en los principios estadounidenses sobre la estabilidad democrática de las instituciones y naciones, la seguridad de ese país, la lucha contra el crimen transnacional y el terrorismo, así como en la ayuda que brindan los Estados Unidos y las actividades económicas (y de inversión) que se pudieran hacer.
En el documento se dice que una de las máximas prioridades de la Embajada es el fortalecimiento de la estabilidad democrática y de las instituciones y que la justicia y la ley son fundamentales en la democracia, y estas dependen de la existencia de una fuerza policial honesta y creíble. "Donde hay policías que violan la ley con impunidad, la fe en el gobierno y la democracia se evapora", se lee.
El documento agrega que la confianza en la democracia y sus instituciones es muy baja en el Ecuador. Dice que esto se debe, en parte, a actos corruptos como los descritos, ya que estos refuerzan la percepción popular de que las instituciones y el gobierno son irremediablemente corruptos y que la justicia se basa en el poder económico y político.
