Quito, 07 dic (Andes).- La Procuraduría General del Estado del Ecuador afirmó en un documento que “… como lo ha sostenido a lo largo de todo el proceso judicial conocido como ‘caso Aguinda’ primero, y luego como ‘juicio de Lago Agrio’, el Estado ecuatoriano, al no ser parte procesal, no puede emitir criterios jurídicos sobre el tema y por lo tanto no intervenir en el mismo”.
Según reza la Constitución del Ecuador en su artículo 237, le corresponde a la Procuraduría General, entre otras funciones, la representación judicial del Estado, lo cual implica que sus actuaciones se circunscriben únicamente a los procesos en los que estén involucradas instituciones del sector público.
Asimismo, las autoridades de la Procuraduría afirmaron que no toman una posición sobre el fondo de este juicio, así como tampoco sobre los méritos de las acciones iniciadas por los demandantes y la empresa petrolera Chevron.
La publicación reitera su “respeto a la independencia del sistema de administración de justicia en Ecuador y sus decisiones”.
La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ratificó en su totalidad la sentencia que condena a la transnacional petrolera Chevron a pagar a las comunidades indígenas demandantes una indemnización de USD 9 510 millones para remediación ambiental, como producto de las operaciones que realizó la compañía en la Amazonia ecuatoriana por más de 30 años.
Esa cifra, sin embargo, difiere de los USD 8 646 millones que consta en un documento entregado por las comunidades afectadas, durante una conferencia de prensa la semana pasada.
