Mordaza a radio y TV

La polémica generada por las encuestas telefónicas que realizan los canales de televisión provoca con una nueva norma. Al menos eso es lo que pretende el proyecto de Ley de Socialización de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
El inciso nueve del artículo nueve del documento dice que habrá restricciones a la propaganda y publicidad “…cuando el costo por minuto no esté indicado al menos al cincuenta por ciento de la proporción visual del número telefónico anunciado, y a la misma intensidad de audio, cuando sea anunciado verbalmente”.
Un ex gerente general de una de las dos cadenas cuestionadas por el Régimen comentó que aunque no se elimina el mecanismo “sí se busca molestar”.
Presencia estatal El proyecto pide que las emisoras de radio y televisión otorguen al Estado espacios gratuitos por 15 minutos diarios; con un tope de 70 minutos semanales. El Gobierno podrá “determinar los horarios y la temporalidad de estos espacios”, señala el texto.
¿Por qué se pretende hacer esto en época de campaña? Raúl Izurieta, abogado vinculado a la radiodifusión, señaló que no se puede elaborar una nueva Ley de manera independiente a la actual Ley de Radio y Televisión.
“No tiene razón de ser que el Gobierno intervenga en el sector privado. Es un proyecto mal logrado y es una forma grotesca contra la radiodifusión”.
Además, aclaró que el Estado, a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) recibe ocho millones de dólares por pagos de alquiler de frecuencias. El presupuesto para gastos, de ese organismo, sería de sólo 1,5 millones de dólares.
¿Sociedad civil?La propuesta también impulsa la creación de comités de usuarios. Éstos tendrán derecho a reclamar que se promuevan y defiendan sus derechos. Los canales tienen la obligación de responder en un plazo de 15 días estos reclamos.
Otra de las propuestas es que estos comités participen en “el proceso de formulación, ejecución y evaluación de programas para la formación y orientación dirigidos a la educación crítica para los medios”.
En otras palabras, serán responsables de la programación de los canales de televisión y de las radios.
Según Fernando Bucheli, ex presidente del Conartel, la propuesta mezcla dos elementos distintos: la responsabilidad de la comunicación en radio y televisión y los requerimientos técnicos que deben cumplir los concesionarios.
“No es lo mismo una concesión de un teléfono celular, que una concesión de un medio. Este último es todo un sistema de comunicación y un servicio a la comunidad. Los medios son de beneficio a la comunidad”, precisó Bucheli.
Más burocracia Además se creará un Directorio de Responsabilidad Social, responsable de los contenidos. Estará integrado por representantes de los ministerios de Comunicación, Telecomunicaciones, Educación, Instituto Nacional de la Mujer, entre otras entidades de protección de derechos de la niñez, organizaciones no gubernamentales y comités de usuarios. Sin embargo, no podrán ser miembros quienes tengan parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con otro miembro de estos organismos.
Además, quienes mantengan contratos y suministros de bienes o servicios directos, a través de terceras personas directa o indirectamente con el Estado.
La mordaza incluye prisión
Toda persona podrá ejercer la acción de reclamo para ejercer el derecho a la réplica y rectificación o para asegurar la rectificación, señala el proyecto de Ley de Socialización de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La mordaza agrega que las personas podrán reclamar cuando consideren que la difusión de imágenes o audio afecte su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
La emisora debe rectificar en un plazo de 48 horas. Caso contrario, el responsable será castigado con seis a 18 días de arresto. (LA HORA)

Compromisos con la banca empezaron por el Central

La caída de depósitos en el sistema financiero encendió las alertas en los bancos, que buscan, por cualquier vía, asegurarse recursos líquidos para su operación.
Y el Banco Central del Ecuador (BCE) fue el que reaccionó con mayor rapidez para cumplir con los acuerdos a los que llegaron los banqueros con el Gobierno, los primeros después de más de dos años de conversaciones fallidas.
Empezó con un incremento de las tasas de interés para los créditos de consumo: la tasa de estos préstamos oscila entre el 16,30% y 21,24% dependiendo del monto solicitado.
Según el ministro de Política Económica, Diego Borja, este tipo de préstamos sirve para financiar -en su mayor parte- la compra de bienes importados, por lo que subir la tasa “también tiene como fin ayudar a equilibrar la balanza de pagos”.
Para los banqueros, subir las tasas de interés -ellos pidieron revisar el porcentaje fijado para todos los segmentos- es una forma de compensar el incremento de sus costos operativos.
La segunda tarea que tiene el Directorio del Central esta semana, según ofreció el Ministro, es la revisión del encaje bancario. Y es que, hasta enero de 2009, los bancos tenían 633 millones de dólares ‘inmóviles’ en las cuentas del BCE como “depósitos para encaje”.
Desde el 11 de enero de 2001, no se ha revisado el depósitos de “al menos el 4%” que los bancos tienen que pagar sobre el total de los depósitos captados por el sistema.
Los otros compromisos le tomarán algo más de tiempo, como la inversión de los recursos de la reserva monetaria y del IESS en la banca.
Solo que los bancos también tienen que cumplir con varios requisitos. El primero, la repatriación de los depósitos que tienen en el exterior. El presidente de los banqueros, Fernando Pozo, dice que ya regresaron $ 600 millones-.
El segundo, mantener las mismas condiciones de acceso a crédito en plazo y tasas, sobre todo en la entrega de créditos hipotecarios.
El presidente de la República ordenó al BCE “determinar el requerimiento y la composición de las reservas de liquidez que deberán constituir las instituciones del sistema financiero nacional”.
Según el presidente del Central, Carlos Vallejo, este “no es un sistema de regulación y menos de imposición de regreso de capitales, solo de requisitos, para conocer las reservas de liquidez”. (Reuters)
En servicios no hay rebajas Uno de los temas en el cual no hubo acuerdo entre la banca y las autoridades fue en el de los costos de los servicios que prestan las entidades del sistema financiero.
Mientras los banqueros insisten en mantener las tarifas para todos los servicios -alegando un incremento de sus costos operativos-, el régimen persiste en que las prestaciones que son parte del giro del negocio no deben tener costo. La Superintendencia de Bancos es la encargada de establecer cuáles servicios serán gratuitos. El plazo para este trabajo vence el próximo el 31 de marzo.
Aunque, paralelamente, en manos del presidente de la República está un proyecto de Ley modificatoria del Código Penal para tipificar como usura el cobro por servicios en un monto superior a las tarifas máximas aprobadas. (EXPRESO)

El ‘mercantilismo educativo’ será denunciado en Unesco

Incluso cuando estaba ya por comenzar el acto formal de clausura de la reunión de expertos y directivos de redes universitarias en Puerto Ayora, aún se discutía el párrafo de la Declaración de Galápagos que se iba a referir a la educación superior privada en los países latinoamericanos.
Ya desde las primeras sesiones del Encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), se habían expuesto datos y argumentos opuestos sobre el rol de las universidades e institutos privados en la región.
Helgio Trindade, director de la Junta de Educación Superior de Brasil y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, había cuestionado que en su país, el 75% de la oferta universitaria corresponde a las instituciones particulares. Sin embargo de lo cual, la investigación científica y producción de nuevos conocimientos y tecnología, se centra en las universidades e institutos públicos.
Más aún, Miguel Rojas Mix, académico chileno, catedrático de La Sorbona francesa y director de investigación en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, afirmó que la creación de tasas y aranceles en entidades estatales de su país, significaba la privatización de la educación superior y con ello el fin de la universidad pública.
Sebastián Cevallos, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), había señalado también que los elevados cobros en algunas universidades privadas del país, no se correspondían con la misión social que decían desarrollar.
No en vano, hubo la propuesta de que el documento que se iba a elaborar -y que debía reflejar la postura de América Latina con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior que ha convocado la Unesco en París-, incluyera una condena o rechazo a la mercantilización de la educación superior y a la privatización de la universidad pública.
Pero en la cita de Galápagos participaron también rectores de universidades particulares -así como directivos de redes que engloban a entidades públicas y privadas, como el propio Conesup-, quienes en cambio exponían argumentos a favor de esas instituciones.
Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas, de Quito; y Miguel Romero, de la Universidad Técnica Particular de Loja, defendían el rol de las entidades privadas al suplir las falencias del Estado, especialmente en cobertura e incursión en los nuevos campos del conocimiento y la tecnología.
Sobre los cuestionamientos, indicaron que era cuestión de aplicar un adecuado control.Aún así, en la sesión plenaria final, el texto propuesto volvió a suscitar diferencias. Por ello, se acordó que Trindade y Romero redactaran en conjunto el párrafo respectivo, que conciliara ambas posiciones.
La vicerrectora de la Universidad Católica de Guayaquil, Elizabeth Larrea, quien hacía las veces de secretaria en la plenaria, introdujo los cambios y los sometió a la aprobación.
Al final, el párrafo quedó así: “Reconocemos la importancia de la educación particular de calidad y con responsabilidad social. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente mercantilización de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, porque la educación es un bien público social y un derecho humano, aunque sea administrada por otros actores de la sociedad diferentes al Estado”. Una vez aprobado todo el texto, se dio inició al acto de clausura.
U. de Guayaquil se excusó.
Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Asamblea Universitaria del Ecuador, se excusó a última hora de asistir a la reunión de directivos y expertos universitarios efectuada entre el sábado y martes pasado en Puerto Ayora, provincia de Galápagos.
Así lo informó el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), organizador del evento y de cuyo directorio forma parte Cedeño. El rector porteño indicó que debía atender asuntos pendientes, relacionados con el cambio del manejo de los recursos económicos de la institución.
El Conesup invitó a la reunión a un grupo de representantes de universidades, por regiones y gremios. Debido a la ausencia de Cedeño, de Guayaquil solo estuvo Elizabeth Larrea, vicerrectora académica de la Universidad Católica (EXPRESO)

Código de la Función Judicial irá al Registro Oficial

Quito, miércoles, 04 de marzo de 2009. La Comisión Legislativa debatió el veto parcial del Ejecutivo sobre el Código Orgánico de la Función Judicial y así decidió allanarse a 62 observaciones que hizo el presidente Rafael Correa. Esta moción fue aceptada por 48 comisionados.

Sobre las observaciones, la presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, María Paula Romo, comentó que estos planteamientos del Jefe de Estado, contribuyen a mejorar o realizar ajustes en la redacción del proyecto, por lo que se debía aceptar la mayoría de objeciones.

Otras de los cambios remitidos por Rafael Correa no fueron acatados. Entre ellos están: la facultad del Consejo de la Judicatura para revisar decisiones tomadas en derecho; la potestad de los conjueces de calificar la admisibilidad de forma y de fondo de los recursos en las salas especializadas; además de que el Consejo de la Judicatura esté en capacidad de dictar reglamentos. Estas entre otras observaciones, no fueron cambiadas.

Mientras tanto, algunas de las consideraciones que sí fueron aceptadas pos los comisionados fueron: la existencia de dos salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Tributario en la Corte Nacional de Justicia; la conformación de ocho salas especializadas; la posibilidad del Fiscal y del Defensor Público para determinar el número de fiscales y defensores que necesitan.

Luego de que se realizaron estos cambios que fueron aceptados por los asambleístas presentes en el pleno, el Código Orgánico de la Función Judicial pasará en las próximas horas al Registro Oficial para su publicación.

Presidente Correa no podrá aparecer en las cadenas contratadas

Quito, miércoles, 04 de marzo de 2009. Omar Simon, titular del Consejo Nacional Electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que sancionaría varios actos de campaña considerados “ilegales”. La presencia de varios candidatos en inauguraciones de obras, sus espacios políticos contratados en televisión, y vallas publicitarias pagadas, antes de que inicie la campaña, son varios de los aspectos que el CNE intentará sancionar.

Respecto a las cadenas contratadas por el Gobierno, los vocales del CNE decidieron que en estas no podrá aparecer la imagen, voz ni declaraciones del presidente, Rafael Correa.

No obstante, tal decisión no incluye a las cadenas radiales presidenciales de los sábados, ni las sanciones que se aplicarían en caso de incumplimiento.
Otro de los ejemplos fue expuesto por Marcia Caicedo, quien afirmó haber visto un espacio político contratado en donde aparecía el candidato a la Asamblea Galo Lara.

Omar Simon, presidente del CNE, propuso que en casos como el de Lara, la sanción sea un descuento del monto ya gastado, de los fondos de las franjas electorales asignadas para la promoción de su partido.

El Régimen de Transición de la Constitución prohíbe la contratación privada de publicidad durante el proceso electoral. Así, la promoción está supeditada a las franjas electorales financiadas por el Estado.

Fausto Camacho por su parte también pidió que se redacten sanciones para quienes han contratado vallas publicitarias. Algunos de los ejemplos que Camacho citó fueron los de Antonio Ricaurte (Municipalista) y Augusto Barrera (PAIS), candidatos a la Alcaldía de Quito.

La propuesta es el retiro de las vallas y la deducción de su costo del gasto de campaña.

Complementariamente se fijarán normas sobre utilización de espacios. De esta forma, las gigantografías en domicilios no deberán medir más de un metro de alto por dos de ancho.

También queda por definir parámetros de publicidad para quienes se reelijan. Asimismo, dijo que sancionaría varios actos de campaña considerados “ilegales”. La presencia de varios candidatos en inauguraciones de obras.

Ex ministro Larrea declaró en fiscalía sobre caso Chauvín

Quito, miércoles, 04 de marzo de 2009. Gustavo Larrea, ex ministro de Seguridad Interna y Extern del Ecuador
Ex ministro Larrea declaró en fiscalía sobre caso Chauvín
El ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, llegó a las 10h00 hasta la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración en la indagación previa que investiga a Ignacio Chauvín por un presunto delito contra la seguridad del Estado.

La orden fue dictada por el fallecido fiscal Wirmar Gonzabay, el 19 de febrero.

Larrea fue aplaudido por unos 10 simpatizantes cuando este arribó a la Fiscalía. Con bandera del Movimiento País en mano banderas y carteles con leyendas que decían: "Por la paz y la soberanía... reconocimiento y solidaridad con Gustavo Larrea", los simpatizantes mostraron el apoyo al ex funcionario de gobierno.

Larrea no asistió solo a rendir sus declaraciones lo acompañaron su suegra, la señora Raquel Tomaselli, luego llegaron las cuñadas y la hija menor del ex Ministro.

"Sabemos que él va a salir bien de esto. Él tiene nuestro respaldo. Siempre ha sido un apoyo para nosotros, en especial para mí", dijo Tomaselli.

El agente fiscal de Sucumbíos que lleva el caso ahora es Carlos Jiménez, quien se hizo cargo de la indagación tras la muerte del fiscal Wirmar Gonzabay.

Ponce ve acertado el llamado de atención de Uribe a Juan Manuel

Ponce ve acertado el llamado de atención de Uribe a Juan Manuel Quito, miércoles, 04 de marzo de 2009. Para el ministro de Defensa Javier Ponce es “positiva” la llamada de atención del presidente colombiano Álvaro Uribe, a su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, por sus declaraciones en las que justificó la violación de la soberanía ecuatoriana durante el ataque del ejército colombiano al campamento clandestino de las Farc en Angostura el año pasado, como un acto de legitima defensa.

"Me parece un signo positivo la actitud del presidente Uribe de desautorizar esa barbaridad que dijo Santos. Me parece un buen síntoma, un síntoma positivo", enfatizó el secretario de Defensa de Ecuador.

El ministro Ponce dijo que si se combina la declaración del ministro Santos, que justifica la intervención extraterritorial, con la afirmación de que hay dos altos dirigentes de la guerrilla ‘cafetera’ en Ecuador, hechas a una radio colombiana, eso es grave y se preguntó ¿qué es lo que puede provocar?".

En ese sentido el funcionario justificó el pedido del Gobierno ecuatoriano para que a través de la OEA, Colombia aporte con "información precisa" sobre la ubicación de los dos rebeldes de las FARC que, según medios colombianos, estarían refugiados en Ecuador.

“En más de una ocasión a través de la OEA nos han dado información sobre supuestos lugares donde estarían instalados los campamentos guerrilleros pero no hemos encontrado nada en ninguno de los sitios que nos han señalado”, indicó Ponce en el noticiero La Palabra de Sonorama.

Según el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, el ataque militar colombiano al campamento de las FARC en Ecuador del 1 de marzo pasado fue "un acto de legítima defensa". Esta declaración provocó malestar tanto en Ecuador como en Venezuela ante lo que el Presidente Álvaro Uribe, le llamó la atención a su ministro y le indicó que hay que tener "sumo cuidado en las declaraciones que comprometan las políticas internacionales".