Han pasado 23 días desde que el gremio colombiano no consiente el ingreso a ese país de tractocamiones ecuatorianos que transportan líquidos, refrigerados y automotores, considerados carga especial. Ni se alcanzaron consensos en la reunión sostenida la semana anterior entre los dirigentes de los dos gremios y el delegado de la Comunidad Andina (CAN), Gerardo Baldeón,.
Guillermo Pozo, presidente de la Asociación de Camioneros del Carchi, informó que se reunieron en Quito con representantes de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Productividad y la Cancillería para definir la agenda que abordarán en las próximas horas los secretarios de Estado en Bogotá con sus homólogos colombianos para buscar una salida.
Según Pozo, la posición ecuatoriana será que las denominadas cargas especiales continúen fluyendo entre origen y destino, es decir, en forma directa, y que se hiciera efectivo en dos años el paso directo de cargas secas (textiles, plásticos, agroquímicos, calzado y papel, entre otros).
Oswaldo Jurado, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, señaló que el problema está ahora en manos de los ministros y viceministros, que deberán buscar acuerdos con sus similares colombianos. El directivo manifestó que los efectos económicos comienzan a sentirse en la clase del transporte.
Luis Vizcaíno, de Sí Logística, empresa que transporta automotores ensamblados en plataformas ecuatorianas, recordó que las pérdidas diarias se aproximan a los $500 mil, es decir suman los $11,5 millones los 23 días de desobediencia civil.
Fabián Figueroa, motorista del Carchi, reclamó a la dirigencia local una reunión en el Sindicato de Choferes con la participación de autoridades y fuerzas vivas con el propósito de demandar una pronta solución.
En cambio que Luis Vizcaíno, de Sí Logística, exhortó a los colombianos a deponer la medida. Aseguró que al final forzarán a los exportadores e importadores a transportar las cargas por vía marítima, afectando la economía de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales.
Mientras en Colombia insisten con no permitir el ingreso directo de cargas especiales procedentes del Ecuador.
Guillermo Pozo, presidente de la Asociación de Camioneros del Carchi, informó que se reunieron en Quito con representantes de los ministerios de Transporte y Obras Públicas y de Productividad y la Cancillería para definir la agenda que abordarán en las próximas horas los secretarios de Estado en Bogotá con sus homólogos colombianos para buscar una salida.
Según Pozo, la posición ecuatoriana será que las denominadas cargas especiales continúen fluyendo entre origen y destino, es decir, en forma directa, y que se hiciera efectivo en dos años el paso directo de cargas secas (textiles, plásticos, agroquímicos, calzado y papel, entre otros).
Oswaldo Jurado, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, señaló que el problema está ahora en manos de los ministros y viceministros, que deberán buscar acuerdos con sus similares colombianos. El directivo manifestó que los efectos económicos comienzan a sentirse en la clase del transporte.
Luis Vizcaíno, de Sí Logística, empresa que transporta automotores ensamblados en plataformas ecuatorianas, recordó que las pérdidas diarias se aproximan a los $500 mil, es decir suman los $11,5 millones los 23 días de desobediencia civil.
Fabián Figueroa, motorista del Carchi, reclamó a la dirigencia local una reunión en el Sindicato de Choferes con la participación de autoridades y fuerzas vivas con el propósito de demandar una pronta solución.
En cambio que Luis Vizcaíno, de Sí Logística, exhortó a los colombianos a deponer la medida. Aseguró que al final forzarán a los exportadores e importadores a transportar las cargas por vía marítima, afectando la economía de las ciudades fronterizas de Tulcán e Ipiales.
Mientras en Colombia insisten con no permitir el ingreso directo de cargas especiales procedentes del Ecuador.
