Según objetantes y veedores de concursos de selección, el recurso es inútil puesto que los candidatos impugnados llegan a los cargos
Cuatro de las cinco autoridades de control designadas hasta el momento a través de la presentación de ternas por parte del Ejecutivo o mediante concursos de méritos y oposición recibieron impugnaciones de la ciudadanía, pese a lo cual están en ejercicio de sus funciones. Estos resultados son cuestionados por los objetantes de las candidaturas y los veedores de los procesos.
El asambleísta de Sociedad Patriótica Tomás Zevallos presentó una impugnación contra Diego García con más de 3 000 fojas relacionadas a una presunta mala representación jurídica del funcionario como abogado del Estado en el caso Chevron-Texaco. El recurso fue negado.
"Para mí, las impugnaciones son letra muerta, porque todo se maneja desde Carondelet, con Alexis Mera (secretario jurídico de la Presidencia) a la cabeza", dijo Zevallos e insistió en que los concursos son "una pantalla".
García recibió en total ocho impugnaciones, de las cuales solo cuatro fueron admitidas y luego desechadas (ver gráfico).
Esteban Médicis, veedor de los concursos de procurador y del defensor del Pueblo, aseguró que está decepcionado de los procesos porque los más impugnados son precisamente quienes llegan al poder. "Es como si el Gobierno premiara a quien ha hecho cosas incorrectas, como si le diera una medalla de oro al otorgarle un cargo público", dijo.
Otro caso similar ocurrió con Suad Manssur, designada superintendente de Compañías. Recibió tres impugnaciones, de las cuales solo pasó una, la que fue también descartada. Durante la audiencia de su impugnación, a Manssur la acompañó Mera.
La presencia del secretario jurídico fue cuestionada por Karina Guerrero, veedora del concurso de fiscal, quien estuvo también pendiente de los demás procesos de selección.
"Que un funcionario de Gobierno la acompañe en su defensa dejó mucho que desear, me parece poco inteligente que se haya hecho eso", dijo Guerrero.
Ángel Gabriel Salvador, veedor del proceso, fue quien impugnó a Manssur, cuestionando su probidad y dijo que resultó "inútil".
Salvador comentó que, ahora, tiene la documentación necesaria para impugnar a Domingo Paredes, postulante en el concurso para designar vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero no define aún si presentará el recurso porque "si está predestinado por el Gobierno (que Paredes llegue al CNE) , va a ser una pérdida de tiempo".
Para el veedor, la participación ciudadana se convirtió en "un mito que no sirve para nada".
En el caso del superintendente de Bancos, Pedro Solines, se presentó una impugnación que no se aceptó, mientras que el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, no recibió impugnaciones.
En los cuatro casos, el análisis del cumplimiento de requisitos de las ternas y la sustanciación de las impugnaciones fue responsabilidad del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en el que se impuso la mayoría de miembros afines al Gobierno.
Aunque la selección de Galo Chiriboga como fiscal general fue a través de un concurso público de méritos y oposición, estuvo a cargo de una Comisión Ciudadana de Selección (CCS). El proceso recibió cuatro impugnaciones presentadas por la ciudadanía, pero una pasó y también fue archivada.
Fernando Villavicencio, impugnante de Chiriboga, dijo que, en su recurso, no sirvió ninguna prueba y calificó a las impugnaciones como "una tomadura de pelo".
La veedora Karina Guerrero dijo que, en el CPCCS, se debe reconsiderar el criterio para desestimar las impugnaciones, porque, si no, el recurso queda "meramente en un trámite burocrático".
A pesar de los reclamos de los impugnantes, Mónica Banegas, consejera del CPCCS, aseguró que el recurso es una herramienta muy importante dentro del proceso; sin embargo, sí considera que sería conveniente en concursos venideros que las impugnaciones sean al inicio de los procesos para evitar suspicacias.
Sobre la aprobación y archivo de las impugnaciones, Banegas aseguró que la sustentación debe ser bien planteada y no debe guiarse por animadversiones, sino por la demostración de actos de corrupción de los postulantes para ser aceptadas.
En los concursos de selección de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y defensor del Pueblo del Ecuador (DPE), la etapa de recepción de impugnaciones a los aspirantes concluye en los próximos días.
Para el CNE, el plazo culmina a la medianoche del 27 de octubre, mientras que en el concurso del DPE, la recepción está abierta hasta el lunes 31 de octubre. Al momento , no hay postulantes objetados en ninguno de los procesos.
Karina Guerrero, coordinadora de la veeduría del concurso de fiscal, aseguró que, de no haber cambios en el Consejo de Participación, la ciudadanía va a dejar de creer en la efectividad del recurso de impugnación, y la participación ciudadana consagrada en la Constitución queda como "una gran literatura y una muy buena intención". Con el ejemplo del caso de Manssur, la veedora dijo que, aunque no se puede asegurar nada, lastimosamente esas acciones hacen pensar que las cosas se mueven para agradar a un Gobierno y no realmente para cumplir una norma, lo que aleja a la ciudadanía del proceso.
Con un comunicado, la corporación Participación Ciudadana (PC) expresó su preocupación por la manifiesta afinidad de algunos postulantes de los concursos con el actual Régimen, reflejada en sus vínculos laborales y militancia política. PC explicó que, si bien la cercanía no inhabilita la participación de los concursantes, sí debilita el espíritu con el que se creó el mecanismo de selección mediante concurso.
PC considera conveniente que se impulse una reforma constitucional sobre la conformación de las comisiones seleccionadoras y se revisen las prohibiciones de participar, haciéndose extensivas a militantes políticos y quienes haya ejercido funciones públicas recientemente.
