El Gobierno importó harina de trigo dentro del programa de subsidio para el sector panificador que aplicó años atrás para evitar el incremento en el precio del pan.
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El Gobierno importó harina de trigo dentro del programa de subsidio para el sector panificador que aplicó años atrás para evitar el incremento en el precio del pan.
La Fiscalía pediría a los jueces iniciar un proceso penal en contra de 27 funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que incluye al exministro de Agricultura y expresidente de esa entidad bancaria, Ramón Espinel, por la importación irregular de harina con gorgojo, en cuya negociación el Estado perdió $ 2,1 millones.
La indagación se sustenta en un informe de la Contraloría, que determinó un perjuicio al Estado por $ 2’195.411,47 en la adquisición a la empresa argentina Carguill de 60 mil toneladas métricas de harina de trigo (39 mil y 21 mil toneladas en dos contratos, en abril del 2008 y febrero del 2009), parte de ellas contaminada con gorgojo.
En el proceso de compra, determinado por la Contraloría como irregular, se implicó con responsabilidad penal a 27 funcionarios del BNF, a quienes se los señala, entre varias anomalías, por no cumplir con la Ley de Contratación Pública.
Entre ellos Espinel, quien a través de resoluciones (febrero del 2010) aceptó terminar el primer contrato de importación con Carguill e indemnizó (abril del 2010) con más de $ 2,1 millones a esa empresa.
El informe, que determina indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de malversación de fondos públicos (peculado) en contra de los funcionarios implicados en la negociación, fue emitido por la Contraloría en abril pasado.
El documento auditó los dos procesos de adquisición de harina a la empresa Carguill. El de 39 mil toneladas métricas y el segundo de 21 mil entre enero del 2007 y abril del 2010.
De acuerdo con informe de la Contraloría del Estado, el perjuicio de $ 2’195.411,47 se registró por el pago sin sustento de $ 2’031.215 a la compañía Carguill por concepto de indemnización, así como por las pérdidas de $ 95.531,43 que ocasionó los gastos de almacenamiento e incineración de la harina contaminada y de $ 67.664,98 que fue el costo de 128 toneladas de harina contaminada que no fue destruida.
Los servidores del BNF que actuaron en esos procesos, según la Contraloría, no cumplieron con sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades, pues recibieron harina contaminada y no ejecutaron las garantías, debido a que no exigieron su entrega, conforme lo dispone la ley.
Ello impidió al BNF recuperar las pérdidas y contrariamente, sin fundamento alguno, se entregó a Carguill la indemnización, luego de firmar un acuerdo de mediación en la Cámara de Comercio de Quito y sin la participación de la Procuraduría.
Según el informe, la importación de las 39 mil toneladas métricas de harina, registrada entre marzo del 2007 y julio del 2008 a un costo de $ 528,22 por tonelada, por un total de $ 20,6 millones, se hizo sin selección de proveedores y sin sujetarse a los respectivos procedimientos legales.
Las importaciones se realizaron utilizando los decretos ejecutivos de Emergencia 604, del 6 de septiembre del 2007; 659, (3 de octubre del 2007) y 867 (6 de enero del 2008), que permitían la contratación directa.
Adicionalmente, el contrato debía tener una duración de seis meses, contados a partir del despacho del primer cargamento de harina (6.500 toneladas mensuales previsto para febrero del 2008); no obstante, duró catorce meses.
Pese a ello, no se adoptaron medidas de sanción a la empresa y más bien se contrató la adquisición de otras 21 mil toneladas métricas de harina (contrato firmado el 10 de junio del 2009), por $ 9,5 millones De ese embarque, 1.868 toneladas llegaron contaminadas con gorgojo, lo que generó pérdidas para el Estado.
Cifras
60 mil
Toneladas de harina. Esas importaciones costaron al fisco $ 30,1 millones.
$ 528,22
Precio unitario. Costo de cada tonelada de la harina importada.
Responsabilidad penal
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El Gobierno importó harina de trigo dentro del programa de subsidio para el sector panificador que aplicó años atrás para evitar el incremento en el precio del pan.
La Fiscalía pediría a los jueces iniciar un proceso penal en contra de 27 funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que incluye al exministro de Agricultura y expresidente de esa entidad bancaria, Ramón Espinel, por la importación irregular de harina con gorgojo, en cuya negociación el Estado perdió $ 2,1 millones.
La indagación se sustenta en un informe de la Contraloría, que determinó un perjuicio al Estado por $ 2’195.411,47 en la adquisición a la empresa argentina Carguill de 60 mil toneladas métricas de harina de trigo (39 mil y 21 mil toneladas en dos contratos, en abril del 2008 y febrero del 2009), parte de ellas contaminada con gorgojo.
En el proceso de compra, determinado por la Contraloría como irregular, se implicó con responsabilidad penal a 27 funcionarios del BNF, a quienes se los señala, entre varias anomalías, por no cumplir con la Ley de Contratación Pública.
Entre ellos Espinel, quien a través de resoluciones (febrero del 2010) aceptó terminar el primer contrato de importación con Carguill e indemnizó (abril del 2010) con más de $ 2,1 millones a esa empresa.
El informe, que determina indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de malversación de fondos públicos (peculado) en contra de los funcionarios implicados en la negociación, fue emitido por la Contraloría en abril pasado.
El documento auditó los dos procesos de adquisición de harina a la empresa Carguill. El de 39 mil toneladas métricas y el segundo de 21 mil entre enero del 2007 y abril del 2010.
De acuerdo con informe de la Contraloría del Estado, el perjuicio de $ 2’195.411,47 se registró por el pago sin sustento de $ 2’031.215 a la compañía Carguill por concepto de indemnización, así como por las pérdidas de $ 95.531,43 que ocasionó los gastos de almacenamiento e incineración de la harina contaminada y de $ 67.664,98 que fue el costo de 128 toneladas de harina contaminada que no fue destruida.
Los servidores del BNF que actuaron en esos procesos, según la Contraloría, no cumplieron con sus atribuciones, obligaciones y responsabilidades, pues recibieron harina contaminada y no ejecutaron las garantías, debido a que no exigieron su entrega, conforme lo dispone la ley.
Ello impidió al BNF recuperar las pérdidas y contrariamente, sin fundamento alguno, se entregó a Carguill la indemnización, luego de firmar un acuerdo de mediación en la Cámara de Comercio de Quito y sin la participación de la Procuraduría.
Según el informe, la importación de las 39 mil toneladas métricas de harina, registrada entre marzo del 2007 y julio del 2008 a un costo de $ 528,22 por tonelada, por un total de $ 20,6 millones, se hizo sin selección de proveedores y sin sujetarse a los respectivos procedimientos legales.
Las importaciones se realizaron utilizando los decretos ejecutivos de Emergencia 604, del 6 de septiembre del 2007; 659, (3 de octubre del 2007) y 867 (6 de enero del 2008), que permitían la contratación directa.
Adicionalmente, el contrato debía tener una duración de seis meses, contados a partir del despacho del primer cargamento de harina (6.500 toneladas mensuales previsto para febrero del 2008); no obstante, duró catorce meses.
Pese a ello, no se adoptaron medidas de sanción a la empresa y más bien se contrató la adquisición de otras 21 mil toneladas métricas de harina (contrato firmado el 10 de junio del 2009), por $ 9,5 millones De ese embarque, 1.868 toneladas llegaron contaminadas con gorgojo, lo que generó pérdidas para el Estado.
Cifras
60 mil
Toneladas de harina. Esas importaciones costaron al fisco $ 30,1 millones.
$ 528,22
Precio unitario. Costo de cada tonelada de la harina importada.
Responsabilidad penal
