El tema volvió a la palestra, tras la exhibición del documental titulado “Con mi Corazón en Yambo” producido y realizado por la hermana menor de los jóvenes, María Fernanda Restrepo, a cuya presentación acudió el presidente, Rafael Correa.
En el documental se revela nuevos datos del caso que conmocionó al Ecuador y que según, el Primer Mandatario, aún no está cerrado, incluso en la última sabatina dispuso al Ministerio del interior reabrir el tema y ofreció 250 mil dólares de recompensa para quienes ofrezcan información sobre la ubicación de los cuerpos de los hermanos Restrepo.
Con esa orden, ayer esa Cartera de Estado preparaba el acuerdo ministerial respectivo a fin de canalizar la disposición presidencial que según, se anticipó consistirá en la conformación de una nueva comisión para investigar el tema y el mecanismo de pago de la recompensa.
No obstante, tanto María Fernanda como Monge, coincidieron, en que si existe la voluntad política del Gobierno para llegar a la verdad, debe disponerse que los oficiales antes referidos rindan testimonio dentro de la indagación que mantiene abierta la Fiscalía, en base al informe de la Comisión de la Verdad.
Miguel Ángel Chiriboga, actualmente comandante del Distrito de El Oro y Edmundo Efraín Mera Hernández, ex jefe de Antinarcóticos del Guayas, ambos en servicio activo, son los oficiales que llevaron -siete meses después de la desaparición de los jóvenes- el zapato del mayor (Santiago) a la madre de estos para demostrar que fue un accidente.
Pagaron para no ser juzgados
Para María Fernanda Restrepo, los uniformados no fueron condenados, e incluso uno de ellos pagó una importante suma de dinero para quedar libre y no ser juzgado.
Por ello el Ministerio del Interior debería obligarlos a declarar, sostuvo la dirigente de derechos humanos, Elsie Monge, quien fue parte de la Comisión de la Verdad, pues “los altos mandos deben saber qué hicieron con esos cuerpos y sigue el encubrimiento porque ese tipo de crímenes atroces no se hacen por iniciativa de un (policía) clase”, puntualizó.
Agregaron que, a pesar de haber transcurrido 23 años y varias fases investigativas sobre estos asesinatos, aún quedan cabos sueltos y verdades que debe conocer el país, de ahí que afirmaron que es una obligación de este y otros gobiernos llegar a la verdad y sobre todo conocer donde están los cuerpos.
En tanto, el fiscal, Jorge Cano, quien hace una semana asumió el caso, dijo que en los próximos días emitirá una resolución ordenando varias diligencias, pero anticipó que la recompensa ofrecida podría ayudar a la investigación.
