Mediante Decreto Ejecutivo el Ministerio del Deporte asume la administración de las instalaciones deportivas y demás infraestructura recreacional y de uso social que mantienen las entidades públicas en todo el país.
La firma del Decreto se efectuará en el Auditorio del Ministerio del Litoral, ubicado en la ciudad de Guayaquil, y en el mismo participará el Presidente de la República, Rafael Correa, así como Doris Solís, ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, y Sandra Vela, ministra del Deporte, entre otras autoridades.
Este acto administrativo se cumple una vez que en el Gabinete itinerante realizado en Yantzatza, el 28 de febrero de 2009, el Presidente de la República solicitó al Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural “determinar todos los centros sociales y de recreación de lujo que se crearon para la burocracia dorada”.
Acatando esta solicitud presidencial, el Ministerio Coordinador de Patrimonio efectuó un censo entre las entidades del sector público para determinar la existencia y la real pertenencia de múltiples instalaciones recreacionales, deportivas o de uso social que eran usufructuadas de forma exclusiva por los empleados de dichas instituciones.
Para cumplir con esta investigación, el Ministerio Coordinador de Patrimonio cursó un formulario a 44 entidades públicas, de las cuales 41 aceptaron responder el cuestionario. De éstas, 11 respondieron afirmativamente y señalando el tipo de infraestructura que poseían, a cuántos funcionarios servían y cuáles eran los costos de administración.
Gracias a ese trabajo, y excluyendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, se determinó la existencia de 22 instalaciones recreacionales pertenecientes a entidades como el Banco Central, Petroecuador, Corporación Financiera Nacional, Corporación Aduanera del Ecuador, entre otras.
Entre los servicios que prestan están el de piscinas, canchas de diversas disciplinas deportivas, áreas recreacionales y de uso social, entre otros.
Según la investigación efectuada, el uso promedio mensual de esta infraestructura es de 24.000 personas por mes, cuando su capacidad real de atención es de más de 73.000 usuarios.
Es decir, hay una capacidad subutilizada de 49.000 personas por la política restrictiva y excluyente que solo permitía el uso y disfrute de estas instalaciones a los empleados o familiares directos de los funcionarios de dichas entidades, a pesar de que gran parte de la infraestructura y de los servicios que prestan son subvencionadas con dineros públicos, es decir, con recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.
Para acabar con esa subutilización y mejorar su aprovechamiento para beneficio general de la ciudadanía, el presidente Rafael Correa firmará el Decreto Ejecutivo que traspasa la administración de estas instalaciones y de los empleados que se encargan del mantenimiento de las mismas al Ministerio del Deporte.
A su vez, esta entidad ejecutará planes y proyectos de desarrollo recreacional y deportivo para el aprovechamiento de todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones, y en cumplimiento con los preceptos constitucionales que hablan del disfrute pleno de los espacios públicos como un derecho ligado a la consecución de una sociedad del buen vivir o “sumak kawsay”.
La firma del Decreto se efectuará en el Auditorio del Ministerio del Litoral, ubicado en la ciudad de Guayaquil, y en el mismo participará el Presidente de la República, Rafael Correa, así como Doris Solís, ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural, y Sandra Vela, ministra del Deporte, entre otras autoridades.
Este acto administrativo se cumple una vez que en el Gabinete itinerante realizado en Yantzatza, el 28 de febrero de 2009, el Presidente de la República solicitó al Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural “determinar todos los centros sociales y de recreación de lujo que se crearon para la burocracia dorada”.
Acatando esta solicitud presidencial, el Ministerio Coordinador de Patrimonio efectuó un censo entre las entidades del sector público para determinar la existencia y la real pertenencia de múltiples instalaciones recreacionales, deportivas o de uso social que eran usufructuadas de forma exclusiva por los empleados de dichas instituciones.
Para cumplir con esta investigación, el Ministerio Coordinador de Patrimonio cursó un formulario a 44 entidades públicas, de las cuales 41 aceptaron responder el cuestionario. De éstas, 11 respondieron afirmativamente y señalando el tipo de infraestructura que poseían, a cuántos funcionarios servían y cuáles eran los costos de administración.
Gracias a ese trabajo, y excluyendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, se determinó la existencia de 22 instalaciones recreacionales pertenecientes a entidades como el Banco Central, Petroecuador, Corporación Financiera Nacional, Corporación Aduanera del Ecuador, entre otras.
Entre los servicios que prestan están el de piscinas, canchas de diversas disciplinas deportivas, áreas recreacionales y de uso social, entre otros.
Según la investigación efectuada, el uso promedio mensual de esta infraestructura es de 24.000 personas por mes, cuando su capacidad real de atención es de más de 73.000 usuarios.
Es decir, hay una capacidad subutilizada de 49.000 personas por la política restrictiva y excluyente que solo permitía el uso y disfrute de estas instalaciones a los empleados o familiares directos de los funcionarios de dichas entidades, a pesar de que gran parte de la infraestructura y de los servicios que prestan son subvencionadas con dineros públicos, es decir, con recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.
Para acabar con esa subutilización y mejorar su aprovechamiento para beneficio general de la ciudadanía, el presidente Rafael Correa firmará el Decreto Ejecutivo que traspasa la administración de estas instalaciones y de los empleados que se encargan del mantenimiento de las mismas al Ministerio del Deporte.
A su vez, esta entidad ejecutará planes y proyectos de desarrollo recreacional y deportivo para el aprovechamiento de todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricciones, y en cumplimiento con los preceptos constitucionales que hablan del disfrute pleno de los espacios públicos como un derecho ligado a la consecución de una sociedad del buen vivir o “sumak kawsay”.
