Incluso cuando estaba ya por comenzar el acto formal de clausura de la reunión de expertos y directivos de redes universitarias en Puerto Ayora, aún se discutía el párrafo de la Declaración de Galápagos que se iba a referir a la educación superior privada en los países latinoamericanos.
Ya desde las primeras sesiones del Encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), se habían expuesto datos y argumentos opuestos sobre el rol de las universidades e institutos privados en la región.
Helgio Trindade, director de la Junta de Educación Superior de Brasil y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, había cuestionado que en su país, el 75% de la oferta universitaria corresponde a las instituciones particulares. Sin embargo de lo cual, la investigación científica y producción de nuevos conocimientos y tecnología, se centra en las universidades e institutos públicos.
Más aún, Miguel Rojas Mix, académico chileno, catedrático de La Sorbona francesa y director de investigación en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, afirmó que la creación de tasas y aranceles en entidades estatales de su país, significaba la privatización de la educación superior y con ello el fin de la universidad pública.
Sebastián Cevallos, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), había señalado también que los elevados cobros en algunas universidades privadas del país, no se correspondían con la misión social que decían desarrollar.
No en vano, hubo la propuesta de que el documento que se iba a elaborar -y que debía reflejar la postura de América Latina con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior que ha convocado la Unesco en París-, incluyera una condena o rechazo a la mercantilización de la educación superior y a la privatización de la universidad pública.
Pero en la cita de Galápagos participaron también rectores de universidades particulares -así como directivos de redes que engloban a entidades públicas y privadas, como el propio Conesup-, quienes en cambio exponían argumentos a favor de esas instituciones.
Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas, de Quito; y Miguel Romero, de la Universidad Técnica Particular de Loja, defendían el rol de las entidades privadas al suplir las falencias del Estado, especialmente en cobertura e incursión en los nuevos campos del conocimiento y la tecnología.
Sobre los cuestionamientos, indicaron que era cuestión de aplicar un adecuado control.Aún así, en la sesión plenaria final, el texto propuesto volvió a suscitar diferencias. Por ello, se acordó que Trindade y Romero redactaran en conjunto el párrafo respectivo, que conciliara ambas posiciones.
La vicerrectora de la Universidad Católica de Guayaquil, Elizabeth Larrea, quien hacía las veces de secretaria en la plenaria, introdujo los cambios y los sometió a la aprobación.
Al final, el párrafo quedó así: “Reconocemos la importancia de la educación particular de calidad y con responsabilidad social. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente mercantilización de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, porque la educación es un bien público social y un derecho humano, aunque sea administrada por otros actores de la sociedad diferentes al Estado”. Una vez aprobado todo el texto, se dio inició al acto de clausura.
U. de Guayaquil se excusó.
Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Asamblea Universitaria del Ecuador, se excusó a última hora de asistir a la reunión de directivos y expertos universitarios efectuada entre el sábado y martes pasado en Puerto Ayora, provincia de Galápagos.
Así lo informó el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), organizador del evento y de cuyo directorio forma parte Cedeño. El rector porteño indicó que debía atender asuntos pendientes, relacionados con el cambio del manejo de los recursos económicos de la institución.
El Conesup invitó a la reunión a un grupo de representantes de universidades, por regiones y gremios. Debido a la ausencia de Cedeño, de Guayaquil solo estuvo Elizabeth Larrea, vicerrectora académica de la Universidad Católica (EXPRESO)
Ya desde las primeras sesiones del Encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), se habían expuesto datos y argumentos opuestos sobre el rol de las universidades e institutos privados en la región.
Helgio Trindade, director de la Junta de Educación Superior de Brasil y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, había cuestionado que en su país, el 75% de la oferta universitaria corresponde a las instituciones particulares. Sin embargo de lo cual, la investigación científica y producción de nuevos conocimientos y tecnología, se centra en las universidades e institutos públicos.
Más aún, Miguel Rojas Mix, académico chileno, catedrático de La Sorbona francesa y director de investigación en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, afirmó que la creación de tasas y aranceles en entidades estatales de su país, significaba la privatización de la educación superior y con ello el fin de la universidad pública.
Sebastián Cevallos, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), había señalado también que los elevados cobros en algunas universidades privadas del país, no se correspondían con la misión social que decían desarrollar.
No en vano, hubo la propuesta de que el documento que se iba a elaborar -y que debía reflejar la postura de América Latina con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior que ha convocado la Unesco en París-, incluyera una condena o rechazo a la mercantilización de la educación superior y a la privatización de la universidad pública.
Pero en la cita de Galápagos participaron también rectores de universidades particulares -así como directivos de redes que engloban a entidades públicas y privadas, como el propio Conesup-, quienes en cambio exponían argumentos a favor de esas instituciones.
Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas, de Quito; y Miguel Romero, de la Universidad Técnica Particular de Loja, defendían el rol de las entidades privadas al suplir las falencias del Estado, especialmente en cobertura e incursión en los nuevos campos del conocimiento y la tecnología.
Sobre los cuestionamientos, indicaron que era cuestión de aplicar un adecuado control.Aún así, en la sesión plenaria final, el texto propuesto volvió a suscitar diferencias. Por ello, se acordó que Trindade y Romero redactaran en conjunto el párrafo respectivo, que conciliara ambas posiciones.
La vicerrectora de la Universidad Católica de Guayaquil, Elizabeth Larrea, quien hacía las veces de secretaria en la plenaria, introdujo los cambios y los sometió a la aprobación.
Al final, el párrafo quedó así: “Reconocemos la importancia de la educación particular de calidad y con responsabilidad social. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente mercantilización de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, porque la educación es un bien público social y un derecho humano, aunque sea administrada por otros actores de la sociedad diferentes al Estado”. Una vez aprobado todo el texto, se dio inició al acto de clausura.
U. de Guayaquil se excusó.
Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil y presidente de la Asamblea Universitaria del Ecuador, se excusó a última hora de asistir a la reunión de directivos y expertos universitarios efectuada entre el sábado y martes pasado en Puerto Ayora, provincia de Galápagos.
Así lo informó el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), organizador del evento y de cuyo directorio forma parte Cedeño. El rector porteño indicó que debía atender asuntos pendientes, relacionados con el cambio del manejo de los recursos económicos de la institución.
El Conesup invitó a la reunión a un grupo de representantes de universidades, por regiones y gremios. Debido a la ausencia de Cedeño, de Guayaquil solo estuvo Elizabeth Larrea, vicerrectora académica de la Universidad Católica (EXPRESO)
