lunes, 11 de mayo de 2009

Asambleístas necesitan un edificio adicional


La avenida 6 de Diciembre (centro de Quito) separa al Palacio de Justicia del Legislativo.
Hacen falta oficinas para los 124 legisladores. La opción que más suena es adecuar el Palacio de Justicia

En agosto está previsto que se instale la Asamblea Nacional, son 124 asambleístas los que ocuparán las instalaciones del Palacio Legislativo, pero no hay espacio para tanta gente. El administrador del organismo, Francisco Torres, tiene en mente tres planes para solucionar la falta de espacio y tres meses para concretar cualquiera de ellos.

La primera opción y la que solucionaría la falta de espacio de manera definitiva es la compra del Palacio de Justicia de Quito (constituido por dos edificios), situado en el lado occidental del legislativo. El lugar, que ocupa una superficie de 10.000 metros cuadrados, permitiría readecuar oficinas lo suficientemente cómodas para los 15 asambleístas nacionales, 103 provinciales, 6 del exterior, más su personal.

Según explicó Torres, han recibido una respuesta favorable de los responsables de la Corte Provincial, a la que, a su vez, le gustaría construir su nueva sede en un terreno que tiene al norte de la ciudad y que estaría más cercano a la Corte Nacional de Justicia. Pero necesita de tiempo para poner en marcha la edificación y requiere de un lugar temporal donde funcionar.

Es allí donde surge el problema, puesto que la Corte le ha solicitado al Banco Central del Ecuador (BCE) que les permita usar provisionalmente el edificio principal de su complejo, ubicado a tres cuadras de sus instalaciones, pero la respuesta ha sido negativa.

El Banco Central del Ecuador tiene en aproximadamente 25.000 metros cuadrados el edificio principal, el edificio Centenario y el edificio Ortega. La proposición es que los 300 empleados de esta institución ocupen los dos pequeños y le den a la corte el grande. El argumento de los directivos del BCE es que hace poco esta institución, que también estaba dispersa en varios inmuebles, está consolidando su trabajo en un solo lugar y la sugerencia de la Corte echa abajo ese proceso, indicó Torres.

Pero la Corte está dispuesta a salir del sector, bastante complicado por el tráfico, y ha solicitado el pago de 3’751.000 dólares, dinero que sí podría pagar el Legislativo, puesto que hay un rubro presupuestado justo para afrontar el problema de la falta de espacio.