Quito,4 de marzo de 2009. El primer debate de las reformas a la Ley del IESS no estuvo en el primer punto del orden del día como se anunció. El ‘Congresillo’ comenzó la discusión de esta propuesta recién pasado el mediodía.
La presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, Betty Amores, abrió el análisis. Allí se detalló el contenido de la iniciativa oficial. Este documento consta de cuatro puntos: el pago mensual de los fondos de reserva, el traspaso de las hipotecas de los bancos privados al IESS, el pago de la mora patronal y el recorte de las pensiones para los jubilados que vuelvan a trabajar.
Este último punto ha sido el más polémico. Amores defendió el texto y aseguró que servirá para poner ‘equidad y justicia’ en las jubilaciones. Sin embargo, en el documento del Gobierno no aparece la equiparación. Esto, pese a que desde el propio Ejecutivo se ha revelado que existen pensiones militares de hasta USD 3 000, mientras que en el Seguro lo máximo que puede percibir una persona de la tercera edad es 900.
Ante esta inquietud, Amores dijo que durante las discusiones se podría incluir un artículo adicional, aunque no garantizó nada. El asambleísta Luis Hernández, también coronel del Ejército en servicio pasivo, calificó de injusta la propuesta. Por ello, indicó que mientras los civiles aportan el 20% al IESS, los uniformados pagan el 26% y “los sueldos de Fuerzas Armadas están justificados”.
En el documento que se debate desde ayer, no solo se habla del recorte de ingresos a los militares que se han jubilado y que vuelvan a trabajar, sino también a aquellos que se retiraron sin jubilarse. Esto ocurre principalmente con el personal de tropa. Con 30 años de servicio y un promedio de 50 años de edad, ellos salen de la institución uniformada porque su carrera termina al llegar a sargentos segundos o primeros y no tienen posibilidades de ascender.
Este recorte –explicó Hernández- afectará a más personas. El presidente de las asociaciones de generales retirados, Édison Ruáles, no acepta esa tesis. “No queremos botar a nadie de ningún puesto, solo pedimos al Presidente de la República que se respeten nuestros derechos”.
Mientras se discute este tema fuera del ‘Congresillo’, en el pleno de este organismo también empezó a debatirse otros como la mora patronal. Datos del IESS señalan que al menos 1 650 empresas tienen deudas por encima de USD 10 000. Mientras quienes deben por debajo de ese monto llegan a 40 000 en el país.
Lo novedoso en la propuesta del Ejecutivo es que esos empleadores tendrán la facultad de firmar convenios de purga de mora con el IESS. Una disposición de la Comisión de lo Laboral determina que estos acuerdos puedan finiquitarse hasta el 31 de diciembre próximo. Quienes no lo hagan hasta esa fecha se someterán a las acciones coactivas.
La idea de esta propuesta, según el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro Gonzáles, es preservar cerca de 20 000 puestos de trabajo que estarían en riesgo en caso de cerrarse estas compañías. Datos del organismo legislativo determinan que la mora patronal llega a USD 1 200 millones. Esta cifra se maneja desde la administración del entonces director del IESS, Héctor Égüez.
Sin embargo, González dijo que apenas son USD 120 millones. Por ello, el presidente de los jubilados, Édgar Sarabia, manifestó que el Gobierno quiere licuar todas las deudas. En discusión también está el pago mensualizado de los fondos de reserva y el traspaso de las hipotecas, que beneficiaría a unos 250 000 potenciales asegurados que tienen un crédito hipotecario con los bancos privados.
Al cierre de esta edición, estaba previsto que continúe la reunión del Pleno. Luego del debate, el documento vuelve a la Comisión de lo Laboral y la segunda discusión se desarrollaría en dos semanas.
La presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, Betty Amores, abrió el análisis. Allí se detalló el contenido de la iniciativa oficial. Este documento consta de cuatro puntos: el pago mensual de los fondos de reserva, el traspaso de las hipotecas de los bancos privados al IESS, el pago de la mora patronal y el recorte de las pensiones para los jubilados que vuelvan a trabajar.
Este último punto ha sido el más polémico. Amores defendió el texto y aseguró que servirá para poner ‘equidad y justicia’ en las jubilaciones. Sin embargo, en el documento del Gobierno no aparece la equiparación. Esto, pese a que desde el propio Ejecutivo se ha revelado que existen pensiones militares de hasta USD 3 000, mientras que en el Seguro lo máximo que puede percibir una persona de la tercera edad es 900.
Ante esta inquietud, Amores dijo que durante las discusiones se podría incluir un artículo adicional, aunque no garantizó nada. El asambleísta Luis Hernández, también coronel del Ejército en servicio pasivo, calificó de injusta la propuesta. Por ello, indicó que mientras los civiles aportan el 20% al IESS, los uniformados pagan el 26% y “los sueldos de Fuerzas Armadas están justificados”.
En el documento que se debate desde ayer, no solo se habla del recorte de ingresos a los militares que se han jubilado y que vuelvan a trabajar, sino también a aquellos que se retiraron sin jubilarse. Esto ocurre principalmente con el personal de tropa. Con 30 años de servicio y un promedio de 50 años de edad, ellos salen de la institución uniformada porque su carrera termina al llegar a sargentos segundos o primeros y no tienen posibilidades de ascender.
Este recorte –explicó Hernández- afectará a más personas. El presidente de las asociaciones de generales retirados, Édison Ruáles, no acepta esa tesis. “No queremos botar a nadie de ningún puesto, solo pedimos al Presidente de la República que se respeten nuestros derechos”.
Mientras se discute este tema fuera del ‘Congresillo’, en el pleno de este organismo también empezó a debatirse otros como la mora patronal. Datos del IESS señalan que al menos 1 650 empresas tienen deudas por encima de USD 10 000. Mientras quienes deben por debajo de ese monto llegan a 40 000 en el país.
Lo novedoso en la propuesta del Ejecutivo es que esos empleadores tendrán la facultad de firmar convenios de purga de mora con el IESS. Una disposición de la Comisión de lo Laboral determina que estos acuerdos puedan finiquitarse hasta el 31 de diciembre próximo. Quienes no lo hagan hasta esa fecha se someterán a las acciones coactivas.
La idea de esta propuesta, según el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro Gonzáles, es preservar cerca de 20 000 puestos de trabajo que estarían en riesgo en caso de cerrarse estas compañías. Datos del organismo legislativo determinan que la mora patronal llega a USD 1 200 millones. Esta cifra se maneja desde la administración del entonces director del IESS, Héctor Égüez.
Sin embargo, González dijo que apenas son USD 120 millones. Por ello, el presidente de los jubilados, Édgar Sarabia, manifestó que el Gobierno quiere licuar todas las deudas. En discusión también está el pago mensualizado de los fondos de reserva y el traspaso de las hipotecas, que beneficiaría a unos 250 000 potenciales asegurados que tienen un crédito hipotecario con los bancos privados.
Al cierre de esta edición, estaba previsto que continúe la reunión del Pleno. Luego del debate, el documento vuelve a la Comisión de lo Laboral y la segunda discusión se desarrollaría en dos semanas.
