El proceso de elaboración y aprobación del Código Orgánico de la Función Judicial, generó sus primeras ‘víctimas’ con la destitución de seis juristas del Colegio de Abogados de Pichincha, entre ellos el ministro de Justicia Gustavo Jalkh y la asambleísta María Paula Romo.
La lista de destituidos incluye al mismo vicepresidente de este gremio de profesionales, Santiago Andrade, como autor de la propuesta que incomoda a los abogados; Carmen Baño, asesora en el Congresillo y antes identificado como el Movimiento ‘Cero Corrupción’; Luis García y Gonzalo Silva, “por su actitud divisionista”.
DecisiónEn el Colegio de Abogados se mantuvo reserva sobre el tema, pese a que la resolución de destitución de seis de sus miembros, adoptada por la Asamblea ordinaria anual del gremio con una votación casi unánime, se produjo la semana pasada. Un juez que prefirió el anonimato y que es miembro del Colegio, dijo que dicha resolución fue ilegal e inconstitucional, porque no hubo el debido proceso y los sancionados nunca fueron notificados para que pudieran defenderse, no obstante esa fue la decisión de la Asamblea y hay que respetarla.
El mentalizador de esta resolución, William Sánchez, aparentemente vinculado con el Movimiento Popular Democrático, justificó la decisión del Colegio y dijo que el proyecto de Código viola principios legales y constitucionales, y además pretende someter a los abogados en libre ejercicio de la profesión al Consejo de la Judicatura, como si se tratase de servidores públicos, “lo cual es inaudito”.
La agremiación sigue siendo un requisitoEl 14 de mayo de 2008, en el Registro Oficial número 336 se publicó la resolución del Tribunal Constitucional por la cual se declaraba inconstitucional la agremiación obligatoria en varios colegios de profesionales, entre estos el de los abogados.
No obstante, la extinta Corte Suprema de Justicia aprobó una resolución, que está vigente, por la cual solo la inscripción en un colegio de abogados hecha a base de la matrícula, autoriza al ejercicio de la profesión en cualquier lugar de la República.
En ese entonces, se instruyó a todos los juzgados y tribunales del país para que exijan la presentación de un carné de afiliación a un Colegio de Abogados, para cualquier trámite judicial.
La lista de destituidos incluye al mismo vicepresidente de este gremio de profesionales, Santiago Andrade, como autor de la propuesta que incomoda a los abogados; Carmen Baño, asesora en el Congresillo y antes identificado como el Movimiento ‘Cero Corrupción’; Luis García y Gonzalo Silva, “por su actitud divisionista”.
DecisiónEn el Colegio de Abogados se mantuvo reserva sobre el tema, pese a que la resolución de destitución de seis de sus miembros, adoptada por la Asamblea ordinaria anual del gremio con una votación casi unánime, se produjo la semana pasada. Un juez que prefirió el anonimato y que es miembro del Colegio, dijo que dicha resolución fue ilegal e inconstitucional, porque no hubo el debido proceso y los sancionados nunca fueron notificados para que pudieran defenderse, no obstante esa fue la decisión de la Asamblea y hay que respetarla.
El mentalizador de esta resolución, William Sánchez, aparentemente vinculado con el Movimiento Popular Democrático, justificó la decisión del Colegio y dijo que el proyecto de Código viola principios legales y constitucionales, y además pretende someter a los abogados en libre ejercicio de la profesión al Consejo de la Judicatura, como si se tratase de servidores públicos, “lo cual es inaudito”.
La agremiación sigue siendo un requisitoEl 14 de mayo de 2008, en el Registro Oficial número 336 se publicó la resolución del Tribunal Constitucional por la cual se declaraba inconstitucional la agremiación obligatoria en varios colegios de profesionales, entre estos el de los abogados.
No obstante, la extinta Corte Suprema de Justicia aprobó una resolución, que está vigente, por la cual solo la inscripción en un colegio de abogados hecha a base de la matrícula, autoriza al ejercicio de la profesión en cualquier lugar de la República.
En ese entonces, se instruyó a todos los juzgados y tribunales del país para que exijan la presentación de un carné de afiliación a un Colegio de Abogados, para cualquier trámite judicial.
