Cerrado el segundo debate de la ley de recursos hídricos, lo que queda es esperar a que el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, presente el informe final (con las observaciones de los asambleístas y los consensos con el movimiento indígena). Él aseguró que de esta seman no pasa.
El texto es trabajado tanto por el grupo técnico que se creó para llegar a acuerdos en los nudos críticos que los indígenas rechazan de la ley (ver recuadro), así como por el equipo técnico de la presidencia de la comisión que debe revisar las observaciones del segundo debate.
Rectoría del agua no deja avanzar
Mientras se termina ese texto, las posiciones en la Asamblea cada vez se radicalizan más. Aunque el viernes, Fernando Cordero (PAIS), presidente de la Asamblea, habló de un acercamiento y conciliación en los desacuerdos con los indígenas, ayer Abril indicó que en lo que se refiere a la autoridad única del agua, hasta ese día no se llegaba a ningún avance.
Según Abril, “ellos (los técnicos indígenas) insisten en que la rectoría del agua la manejen los indígenas a través del Consejo Intercultural y Plurinacional”.
Posición que Abril dio a entender no se acogería en el informe final. La razón del presidente de la Comisión es que “la Ley fluya y se recoja lo que sea constructivo, no lo inconstitucional”, que según él sería aceptar que la rectoría la tenga el Consejo, pues “de acuerdo con la Constitución, la rectoría le corresponde al Jefe de Estado”, sostuvo.
Por su parte, Pedro de la Cruz, asambleísta (PAIS) y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), señaló que la solución podría ser encontrar un punto intermedio en ambas posiciones. “Que haya una participación activa, protagónica en las decisiones de las políticas públicas”.
Aunque Lourdes Tibán (PK) reconoció que en la Constitución se establece que el Estado tendrá la rectoría sobre los recursos estratégicos, cuestionó “en qué parte se prohíbe la participación ciudadana, contrario la Constitución dice que en todos los organismos de decisión pública o política estará la sociedad civil, es cuestión de organizar, el Consejo tiene que presidir”.
De la Cruz además dijo que esperan a que se acojan las propuestas y que con la revisión de los textos asumirán la votación a favor de la Ley. Votación que será posible 48 horas después de presentado el informe.
Además, de la Cruz aceptó que el ejecutivo podría vetar parcial o totalmente el proyecto de Ley a pesar de los cambios que se puedan alcanzar. Sin embargo, adelantó que pedirán una reunión de la comisión de algún nivel para avalar (con los presidentes de las organizaciones) los cambios hechos.
El grupo técnico encargado de los nudos críticos está conformado por asesores de las cuatros organizaciones indígenas nacionales (Fenocin, Ecuarunari, Conaie y Feine), de la presidencia de la Asamblea, de la Secretaría Nacional del Agua y de la presidencia de la comisión encargada).
Según Jaime Abril hay un avance entre el 60% y 70% en el trabajo del equipo de la presidencia de Soberanía Alimentaria.
El texto es trabajado tanto por el grupo técnico que se creó para llegar a acuerdos en los nudos críticos que los indígenas rechazan de la ley (ver recuadro), así como por el equipo técnico de la presidencia de la comisión que debe revisar las observaciones del segundo debate.
Rectoría del agua no deja avanzar
Mientras se termina ese texto, las posiciones en la Asamblea cada vez se radicalizan más. Aunque el viernes, Fernando Cordero (PAIS), presidente de la Asamblea, habló de un acercamiento y conciliación en los desacuerdos con los indígenas, ayer Abril indicó que en lo que se refiere a la autoridad única del agua, hasta ese día no se llegaba a ningún avance.
Según Abril, “ellos (los técnicos indígenas) insisten en que la rectoría del agua la manejen los indígenas a través del Consejo Intercultural y Plurinacional”.
Posición que Abril dio a entender no se acogería en el informe final. La razón del presidente de la Comisión es que “la Ley fluya y se recoja lo que sea constructivo, no lo inconstitucional”, que según él sería aceptar que la rectoría la tenga el Consejo, pues “de acuerdo con la Constitución, la rectoría le corresponde al Jefe de Estado”, sostuvo.
Por su parte, Pedro de la Cruz, asambleísta (PAIS) y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), señaló que la solución podría ser encontrar un punto intermedio en ambas posiciones. “Que haya una participación activa, protagónica en las decisiones de las políticas públicas”.
Aunque Lourdes Tibán (PK) reconoció que en la Constitución se establece que el Estado tendrá la rectoría sobre los recursos estratégicos, cuestionó “en qué parte se prohíbe la participación ciudadana, contrario la Constitución dice que en todos los organismos de decisión pública o política estará la sociedad civil, es cuestión de organizar, el Consejo tiene que presidir”.
De la Cruz además dijo que esperan a que se acojan las propuestas y que con la revisión de los textos asumirán la votación a favor de la Ley. Votación que será posible 48 horas después de presentado el informe.
Además, de la Cruz aceptó que el ejecutivo podría vetar parcial o totalmente el proyecto de Ley a pesar de los cambios que se puedan alcanzar. Sin embargo, adelantó que pedirán una reunión de la comisión de algún nivel para avalar (con los presidentes de las organizaciones) los cambios hechos.
El grupo técnico encargado de los nudos críticos está conformado por asesores de las cuatros organizaciones indígenas nacionales (Fenocin, Ecuarunari, Conaie y Feine), de la presidencia de la Asamblea, de la Secretaría Nacional del Agua y de la presidencia de la comisión encargada).
Según Jaime Abril hay un avance entre el 60% y 70% en el trabajo del equipo de la presidencia de Soberanía Alimentaria.
