La desaparición de culturas indígenas y de miles de especies amenazadas. Un costo ambiental y social de USD 1 250 millones. Esos son los drásticos efectos que se prevén para el Parque Nacional Yasuní, en caso de que se explote el crudo en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), en el corazón de esta reserva amazónica.
Esos son los cálculos que hace el catedrático Carlos Larrea, asesor de la propuesta modelo Yasuní ITT y que se incluye en el libro ‘Yasuní Oro Verde, la lucha de la Amazonia para mantener el petróleo bajo tierra’. Y es parte de la campaña que desde varios frentes se empuja para evitar la extracción del crudo en el Yasuní.
Esta publicación hace énfasis en que “desde que el presidente Rafael Correa presentó la propuesta ecuatoriana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2007, afronta el dilema de si explotar el petróleo a cambio de un alto costo cultural, social y ambiental o sacrificar ingresos importantes para el desarrollo”.
Según el canciller Fander Falconí, las proyecciones apuntan a una reserva de 846 millones de barriles de crudo pesado, reservas que se explotarían por alrededor de 13 años.
Larrea agrega que con su combustión se emitirán 375 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2). Si a esto se suma la deforestación, ascenderá a 547 millones.
A su vez, Esperanza Martínez, una de las impulsoras de la iniciativa desde la sociedad civil, argumenta en una publicación 100 razones para no explotar el petróleo en el ITT. Varias propuestas las sustenta en diversos artículos de la Constitución.
Por ejemplo, el art. 57 garantiza la protección del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane). “Afectarlos podría constituir un delito de genocidio”. Cuestiona que el petróleo no es ninguna garantía de progreso.
“Las ciudades petroleras presentan los peores indicadores”. Sucumbíos presenta el 84,2% de pobreza y solo el 14% de la población tiene acceso a agua entubada.
Martínez asegura que tampoco garantiza la oferta de plazas de empleo que -según quienes están a favor de la tesis petrolera- sería de 72 000 puestos. “Con el OCP se anunciaron 52 000. Al finalizar la obra se había contratado solo a 7 000 personas”.
Para el ingreso al bloque ITT, en el extremo nororiente del Yasuní, una de las opciones es la apertura de carreteras por plena selva. Al respecto, en ‘Yasuní Oro Verde’ se señala que por cada kilómetro se dañan alrededor de 50 000 hectáreas de bosque. Se suma el peligro para 630 especies de aves, 110 de anfibios, 165 de mamíferos...
Bajo este contexto, Fander Falconí ratificó el respaldo a la Iniciativa Yasuní ITT y amplió a seis meses el plazo para concretar el apoyo a la propuesta. Esta apunta a la venta de una especie de bonos de carbono, dirigida sobre todo a los países europeos y empieza a tener adeptos.
Alemania, por ejemplo, apoya con 300 000 euros al estudio de factibilidad. Este deberá estar listo a finales de febrero para ponerlo en consideración de los potenciales aportantes. La presión de la urbe sobre la selva. La panorámica muestra cómo la ciudad de Coca gana espacio.
Esos son los cálculos que hace el catedrático Carlos Larrea, asesor de la propuesta modelo Yasuní ITT y que se incluye en el libro ‘Yasuní Oro Verde, la lucha de la Amazonia para mantener el petróleo bajo tierra’. Y es parte de la campaña que desde varios frentes se empuja para evitar la extracción del crudo en el Yasuní.
Esta publicación hace énfasis en que “desde que el presidente Rafael Correa presentó la propuesta ecuatoriana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2007, afronta el dilema de si explotar el petróleo a cambio de un alto costo cultural, social y ambiental o sacrificar ingresos importantes para el desarrollo”.
Según el canciller Fander Falconí, las proyecciones apuntan a una reserva de 846 millones de barriles de crudo pesado, reservas que se explotarían por alrededor de 13 años.
Larrea agrega que con su combustión se emitirán 375 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2). Si a esto se suma la deforestación, ascenderá a 547 millones.
A su vez, Esperanza Martínez, una de las impulsoras de la iniciativa desde la sociedad civil, argumenta en una publicación 100 razones para no explotar el petróleo en el ITT. Varias propuestas las sustenta en diversos artículos de la Constitución.
Por ejemplo, el art. 57 garantiza la protección del territorio de los pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane). “Afectarlos podría constituir un delito de genocidio”. Cuestiona que el petróleo no es ninguna garantía de progreso.
“Las ciudades petroleras presentan los peores indicadores”. Sucumbíos presenta el 84,2% de pobreza y solo el 14% de la población tiene acceso a agua entubada.
Martínez asegura que tampoco garantiza la oferta de plazas de empleo que -según quienes están a favor de la tesis petrolera- sería de 72 000 puestos. “Con el OCP se anunciaron 52 000. Al finalizar la obra se había contratado solo a 7 000 personas”.
Para el ingreso al bloque ITT, en el extremo nororiente del Yasuní, una de las opciones es la apertura de carreteras por plena selva. Al respecto, en ‘Yasuní Oro Verde’ se señala que por cada kilómetro se dañan alrededor de 50 000 hectáreas de bosque. Se suma el peligro para 630 especies de aves, 110 de anfibios, 165 de mamíferos...
Bajo este contexto, Fander Falconí ratificó el respaldo a la Iniciativa Yasuní ITT y amplió a seis meses el plazo para concretar el apoyo a la propuesta. Esta apunta a la venta de una especie de bonos de carbono, dirigida sobre todo a los países europeos y empieza a tener adeptos.
Alemania, por ejemplo, apoya con 300 000 euros al estudio de factibilidad. Este deberá estar listo a finales de febrero para ponerlo en consideración de los potenciales aportantes. La presión de la urbe sobre la selva. La panorámica muestra cómo la ciudad de Coca gana espacio.
