Acciones legales y movilizaciones se intensificarán en los próximos días en respuesta a las decisiones asumidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del escándalo de las llamadas firmas falsas y que ha desembocado en una nueva revisión del 100% de las firmas entregadas por las organizaciones políticas para su inscripción para las elecciones de febrero de 2013.
Tras la última suspensión de ese proceso de revisión, decidida el lunes pasado, varios grupos se reunieron ese día y ratificaron sus críticas contra el procedimiento seguido por las autoridades del organismo electoral, sobre todo por la demora que se está registrando en la validación de esa información y, por ende, en la calificación de los movimientos y partidos políticos que han entregado sus firmas de adhesión o las afiliaciones, según el caso.
Dos son los frentes en los que se han concentrado esos grupos políticos para asegurar la participación y evitar posibles alteraciones en el proceso electoral.
Un primer frente es el jurídico, con el cual se identifica la totalidad de los grupos que han mantenido contactos desde que se inició el escándalo y en particular aquellas agrupaciones que ya habían recibido su acreditación, entre ellas, MPD, PRE, PSP, Pachakútik, Concertación Nacional y Creo.
Pachakútik y MPD esperan para la próxima semana una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre una petición de medidas cautelares, pues consideran que este nuevo proceso emprendido por el CNE se podría estar afectando varios derechos, como el de libre asociación y el de participación.
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