Diego Borja, presidente del Directorio del Banco Central, anunció que a partir de hoy se devolverán $6 717 175,34 recuperados por la entidad, dentro del proceso de pago a acreedores de la banca cerrada que impulsa el Gobierno nacional.
Asimismo Borja informó que el Banco Central del Ecuador, como entidad cesionaria, realizará el pago de las acreencias de acuerdo al orden de prelación establecido por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, considerando los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria previstos en el Artículo 35 de la Constitución de la República.
Mediante información cruzada con las bases del CONADIS se ha detectado que 24 794 personas forman parte de este tramo de pago de acreencias, por su condición de adultos mayores o discapacitados y son prioridad para el pago. Según el economista Diego Borja, esto demuestra la equidad con la que el Gobierno Nacional trata el tema.
La entrega corresponde al primer tramo del pago a acreedores que como entidad cesionaria administra el Banco Central, avanzando con orden, eficiencia, equidad y transparencia. En base a la información recibida de los liquidadores de las instituciones financieras en liquidación forzosa, 62 053 personas naturales o jurídicas recibirán el dinero que les corresponde, de conformidad con lo que dispone la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
La devolución de fondos es a nivel nacional, y se realizará a través de depósito en las cuentas personales habilitadas por los acreedores. El Banco Central publicará el lunes a partir de las 11 am la lista de las personas a las que se les transfirió el dinero. Se podrá ver que aproximadamente 17 000 acreencias fueron acreditadas en cuentas. El Banco Central mantendrá los fondos de quienes consten en la lista y no reciban su dinero porque no tienen cuenta; una vez que estos acreedores regularicen su información en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, se procederá inmediatamente a la transferencia.
La falta de datos tiene que ver con que 30% de liquidadores de las instituciones financieras cerradas, no remitieron la información suficientemente clara y veraz.
Más de 30 instituciones financieras fueron a parar en manos del Estado tras la crisis bancaria de 1998 y 1999, con un costo para el Estado de unos $8 000 millones.
