La parte acusadora "va a seguir litigando en todas las instancias posibles" y pedirá "a algunos organismos internacionales de justicia, que vigilen el debido proceso", insistió el letrado al recordar que la Defensoría del Pueblo de Ecuador ya se ha apuntado a vigilar la parte final del juicio.
Los demandantes, según cálculos periciales, exigen a Chevron-Texaco el pago de 27.000 millones de dólares, para reparar los vertidos tóxicos y los efectos en la salud de poblaciones que, dicen, dejó la petrolera durante su operación en la Amazonía ecuatoriana, entre 1972 y 1995.
En la última fase del juicio, cuya sentencia podría tardar varios meses, "deben estar presentes Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras, para que vigilen el debido proceso y para que esta empresa se someta a la justicia ecuatoriana", remarcó Fajardo.
El proceso, que se sigue en la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos, con sede en la ciudad de Nueva Loja, lleva más de una década y los demandantes prevén que la sentencia se dicte en este año.
"Aspiramos a que se dicte una sentencia en unos cinco meses, creemos que puede ser en este año, pero la Corte puede emitir su fallo cuando quiera", añadió el abogado de la acusación, que acusó a la petrolera estadounidense de tratar de dilatar el proceso.
Chevron-Texaco ha anunciado que podría acudir a cortes internacionales, debido a que considera que en el juicio en Ecuador ha sido perjudicada por una aparente "denegación de justicia" y un presunto "linchamiento judicial", amenaza que fue atribuida por Fajardo a un intento de aliviar el impacto de una posible condena ante los socios de la compañía.
"Eso no es real, ya que cualquier persona puede revisar el proceso judicial y se puede dar cuenta cómo Chevron ha abusado, enormemente, del derecho ante los tribunales ecuatorianos", apuntó.
"Ellos saben que van a perder, pero plantean ese tipo de recursos para dilatar el juicio y asfixiar al país", comentó.
Los demandantes, según cálculos periciales, exigen a Chevron-Texaco el pago de 27.000 millones de dólares, para reparar los vertidos tóxicos y los efectos en la salud de poblaciones que, dicen, dejó la petrolera durante su operación en la Amazonía ecuatoriana, entre 1972 y 1995.
En la última fase del juicio, cuya sentencia podría tardar varios meses, "deben estar presentes Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras, para que vigilen el debido proceso y para que esta empresa se someta a la justicia ecuatoriana", remarcó Fajardo.
El proceso, que se sigue en la Corte de Justicia de la provincia amazónica de Sucumbíos, con sede en la ciudad de Nueva Loja, lleva más de una década y los demandantes prevén que la sentencia se dicte en este año.
"Aspiramos a que se dicte una sentencia en unos cinco meses, creemos que puede ser en este año, pero la Corte puede emitir su fallo cuando quiera", añadió el abogado de la acusación, que acusó a la petrolera estadounidense de tratar de dilatar el proceso.
Chevron-Texaco ha anunciado que podría acudir a cortes internacionales, debido a que considera que en el juicio en Ecuador ha sido perjudicada por una aparente "denegación de justicia" y un presunto "linchamiento judicial", amenaza que fue atribuida por Fajardo a un intento de aliviar el impacto de una posible condena ante los socios de la compañía.
"Eso no es real, ya que cualquier persona puede revisar el proceso judicial y se puede dar cuenta cómo Chevron ha abusado, enormemente, del derecho ante los tribunales ecuatorianos", apuntó.
"Ellos saben que van a perder, pero plantean ese tipo de recursos para dilatar el juicio y asfixiar al país", comentó.
