El ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía, Manuel Silva, que fue dado de baja de la institución, responsabilizó hoy al Gobierno por su seguridad y la de su familia.
Silva, que ha denunciado posibles vínculos de ex colaboradores del Gobierno con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el narcotráfico, fue despedido por haber permanecido de forma ilegal más de once días fuera de su unidad.
El ex oficial, con cargo de mayor, era investigado por haber entregado información secreta de la UIES a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Quito, acusados por el Gobierno de pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Silva, en declaraciones a periodistas, reprochó la actitud del Consejo de Generales que lo sancionó con el despido de la institución y se preguntó por qué se le dio de baja ahora y no antes, cuando él lo había solicitado.
El ex agente dijo que su separación de la Policía se da pocos días después de haber acudido a la Fiscalía para rendir su testimonio sobre la entrega de información reservada a la Embajada de EE.UU. que, según él, fue ordenada por mandos superiores.
Silva ha justificado su ausencia en su unidad policial debido a las amenazas anónimas que, según dijo, había recibido y que presumía provenían de bandas de delincuentes a las que había combatido.
"Este momento responsabilizo al Gobierno nacional de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia", remarcó Silva, cuya actuación también ha causado polémica por haber entregado a medios de comunicación, mientras estuvo escondido, información sobre casos de narcotráfico que han salpicado a ex colaboradores del Gobierno.
De su lado, Ramiro Aguilar, su abogado, recordó que su cliente decidió salir de la clandestinidad, por las garantías que ofreció el Gobierno y la Policía para su seguridad.
Según Aguilar, el Ejecutivo ha perdido su palabra de darle garantías a su defendido y dijo que el tiempo en que se mantuvo escondido correspondía a una licencia de vacaciones que le había otorgado el mando de la Policía entre el 1 y 30 de marzo.
Además, Aguilar se preguntó por qué la comandancia de la Policía encargó a Silva una unidad relacionada con la protección de niños y adolescentes, si aparentemente se le consideraba un desertor.
Aguilar no descartó solicitar que se le otorgue a su defendido un recurso de protección especial
Silva, que ha denunciado posibles vínculos de ex colaboradores del Gobierno con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con el narcotráfico, fue despedido por haber permanecido de forma ilegal más de once días fuera de su unidad.
El ex oficial, con cargo de mayor, era investigado por haber entregado información secreta de la UIES a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Quito, acusados por el Gobierno de pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Silva, en declaraciones a periodistas, reprochó la actitud del Consejo de Generales que lo sancionó con el despido de la institución y se preguntó por qué se le dio de baja ahora y no antes, cuando él lo había solicitado.
El ex agente dijo que su separación de la Policía se da pocos días después de haber acudido a la Fiscalía para rendir su testimonio sobre la entrega de información reservada a la Embajada de EE.UU. que, según él, fue ordenada por mandos superiores.
Silva ha justificado su ausencia en su unidad policial debido a las amenazas anónimas que, según dijo, había recibido y que presumía provenían de bandas de delincuentes a las que había combatido.
"Este momento responsabilizo al Gobierno nacional de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia", remarcó Silva, cuya actuación también ha causado polémica por haber entregado a medios de comunicación, mientras estuvo escondido, información sobre casos de narcotráfico que han salpicado a ex colaboradores del Gobierno.
De su lado, Ramiro Aguilar, su abogado, recordó que su cliente decidió salir de la clandestinidad, por las garantías que ofreció el Gobierno y la Policía para su seguridad.
Según Aguilar, el Ejecutivo ha perdido su palabra de darle garantías a su defendido y dijo que el tiempo en que se mantuvo escondido correspondía a una licencia de vacaciones que le había otorgado el mando de la Policía entre el 1 y 30 de marzo.
Además, Aguilar se preguntó por qué la comandancia de la Policía encargó a Silva una unidad relacionada con la protección de niños y adolescentes, si aparentemente se le consideraba un desertor.
Aguilar no descartó solicitar que se le otorgue a su defendido un recurso de protección especial
