La mayoría era el sostén económico de su familia. Pero el 31 de diciembre del 2008 recibió una notificación. Los empleados de la Asamblea debían dejar sus cargos. La Asamblea había decidido cesar en funciones a 113 de sus trabajadores.
“Ahora ya somos 107. Seis volvieron a sus puestos por el palanqueo”, dice una de las ex servidoras que no quiere ser identificada. Y Pablo Pazmiño, representante de el grupo despedido, sostiene que “la partidocracia sigue allí”, pues muchos de los empleados que se quedaron pertenecen a los viejos partidos, “como el director financiero”, dice, ligado al PSC.
La oportunidad El Mandato 23, el cual regula el funcionamiento de la Comisión Legislativa, autoriza a los asambleístas a contratar como asesores o asistentes a quienes tenían nombramiento en la institución desde tiempo atrás. Exigen volver a sus puestos
Pero esa oportunidad se les negó, comenta Pazmiño. Cuenta que él tuvo diálogos con el legislador Norman Wray sobre la posibilidad de convertirse en Pro secretario de la mesa de Reforma del Estado, pero “un día antes de que le mande mi currículum me notificaron el despido”, dice. Eso, pese a que desempeñó dichas funciones en los últimos cinco años.
Pero más grave que aquello, según comenta Patricia Veintimilla, quien también fue cesada, es que nunca se hizo una evaluación para determinar quiénes se quedan o quiénes se van. Y entre lágrimas agrega que su dignidad fue atropellada porque –incluso- se les prohibió la entrada al edificio legislativo: “Ni siquiera podemos sacar nuestras cosas”.
Más gente Los ex funcionarios aseguran que las autoridades legislativas argumentaron su despido en que esto significaría un ahorro para el país. Sin embargo, indican que se ha incorporado a 120 nuevas personas –como asesores y asistentes- por contrato. Aunque cuatro de ellas habrían entrado con nombramiento al área de Informática. Se calcula que la Asamblea Nacional necesita unos 3 millones de dólares para el pago de indemnizaciones.
“Ahora ya somos 107. Seis volvieron a sus puestos por el palanqueo”, dice una de las ex servidoras que no quiere ser identificada. Y Pablo Pazmiño, representante de el grupo despedido, sostiene que “la partidocracia sigue allí”, pues muchos de los empleados que se quedaron pertenecen a los viejos partidos, “como el director financiero”, dice, ligado al PSC.
La oportunidad El Mandato 23, el cual regula el funcionamiento de la Comisión Legislativa, autoriza a los asambleístas a contratar como asesores o asistentes a quienes tenían nombramiento en la institución desde tiempo atrás. Exigen volver a sus puestos
Pero esa oportunidad se les negó, comenta Pazmiño. Cuenta que él tuvo diálogos con el legislador Norman Wray sobre la posibilidad de convertirse en Pro secretario de la mesa de Reforma del Estado, pero “un día antes de que le mande mi currículum me notificaron el despido”, dice. Eso, pese a que desempeñó dichas funciones en los últimos cinco años.
Pero más grave que aquello, según comenta Patricia Veintimilla, quien también fue cesada, es que nunca se hizo una evaluación para determinar quiénes se quedan o quiénes se van. Y entre lágrimas agrega que su dignidad fue atropellada porque –incluso- se les prohibió la entrada al edificio legislativo: “Ni siquiera podemos sacar nuestras cosas”.
Más gente Los ex funcionarios aseguran que las autoridades legislativas argumentaron su despido en que esto significaría un ahorro para el país. Sin embargo, indican que se ha incorporado a 120 nuevas personas –como asesores y asistentes- por contrato. Aunque cuatro de ellas habrían entrado con nombramiento al área de Informática. Se calcula que la Asamblea Nacional necesita unos 3 millones de dólares para el pago de indemnizaciones.
