miércoles, 4 de marzo de 2009

Pobladores de Penipe piden entrega de medicamentos para su ganado


Ambato, 4 de marzo de 2009. Luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia de Penipe decretó la alerta naranja en las parroquias Bilbao, Puela, El Altar y Palictahua, el Municipio y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas iniciaron los trabajos para dragar el río Puela.
La intención es construir un muro de roca y arena de 3,50 m de largo y 60 m de ancho para evitar que los lahares que bajan por los flancos del coloso ocasionen el desbordamiento del río. En la erupción del 2006, la crecida del río Puela mató a seis personas y destruyó 12 casas.
La obra estará lista el próximo 15 de marzo. El presupuesto asignado por el Ministerio es de USD 63 000.
En el centro poblado de Palictahua, el dirigente, Serafín Medina, espera que la construcción del muro termine pronto. “Hay que realizar obras de prevención para que no ocurran tragedias”.
Sin embargo, el campesino indica que pese a que el Ministerio inició los trabajos en el río Puela, es necesario que las autoridades gestionen la entrega de medicamentos y alimento para el ganado. “La lluvia de ceniza afectó a los cultivos y al pasto. No hay alimento para el ganado”.
El presidente del COE de Penipe, Manuel Carranza, sugiere que los campesinos trasladen sus animales a una hacienda ubicada en Machachi hasta que las explosiones del volcán disminuyan. Esta iniciativa tiene el apoyo del Ministerio de Agricultura. (El Comercio)

Las empresas en mora con el IESS podrán igualarse hasta diciembre

Quito,4 de marzo de 2009. El primer debate de las reformas a la Ley del IESS no estuvo en el primer punto del orden del día como se anunció. El ‘Congresillo’ comenzó la discusión de esta propuesta recién pasado el mediodía.
La presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, Betty Amores, abrió el análisis. Allí se detalló el contenido de la iniciativa oficial. Este documento consta de cuatro puntos: el pago mensual de los fondos de reserva, el traspaso de las hipotecas de los bancos privados al IESS, el pago de la mora patronal y el recorte de las pensiones para los jubilados que vuelvan a trabajar.
Este último punto ha sido el más polémico. Amores defendió el texto y aseguró que servirá para poner ‘equidad y justicia’ en las jubilaciones. Sin embargo, en el documento del Gobierno no aparece la equiparación. Esto, pese a que desde el propio Ejecutivo se ha revelado que existen pensiones militares de hasta USD 3 000, mientras que en el Seguro lo máximo que puede percibir una persona de la tercera edad es 900.
Ante esta inquietud, Amores dijo que durante las discusiones se podría incluir un artículo adicional, aunque no garantizó nada. El asambleísta Luis Hernández, también coronel del Ejército en servicio pasivo, calificó de injusta la propuesta. Por ello, indicó que mientras los civiles aportan el 20% al IESS, los uniformados pagan el 26% y “los sueldos de Fuerzas Armadas están justificados”.
En el documento que se debate desde ayer, no solo se habla del recorte de ingresos a los militares que se han jubilado y que vuelvan a trabajar, sino también a aquellos que se retiraron sin jubilarse. Esto ocurre principalmente con el personal de tropa. Con 30 años de servicio y un promedio de 50 años de edad, ellos salen de la institución uniformada porque su carrera termina al llegar a sargentos segundos o primeros y no tienen posibilidades de ascender.
Este recorte –explicó Hernández- afectará a más personas. El presidente de las asociaciones de generales retirados, Édison Ruáles, no acepta esa tesis. “No queremos botar a nadie de ningún puesto, solo pedimos al Presidente de la República que se respeten nuestros derechos”.
Mientras se discute este tema fuera del ‘Congresillo’, en el pleno de este organismo también empezó a debatirse otros como la mora patronal. Datos del IESS señalan que al menos 1 650 empresas tienen deudas por encima de USD 10 000. Mientras quienes deben por debajo de ese monto llegan a 40 000 en el país.
Lo novedoso en la propuesta del Ejecutivo es que esos empleadores tendrán la facultad de firmar convenios de purga de mora con el IESS. Una disposición de la Comisión de lo Laboral determina que estos acuerdos puedan finiquitarse hasta el 31 de diciembre próximo. Quienes no lo hagan hasta esa fecha se someterán a las acciones coactivas.
La idea de esta propuesta, según el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro Gonzáles, es preservar cerca de 20 000 puestos de trabajo que estarían en riesgo en caso de cerrarse estas compañías. Datos del organismo legislativo determinan que la mora patronal llega a USD 1 200 millones. Esta cifra se maneja desde la administración del entonces director del IESS, Héctor Égüez.
Sin embargo, González dijo que apenas son USD 120 millones. Por ello, el presidente de los jubilados, Édgar Sarabia, manifestó que el Gobierno quiere licuar todas las deudas. En discusión también está el pago mensualizado de los fondos de reserva y el traspaso de las hipotecas, que beneficiaría a unos 250 000 potenciales asegurados que tienen un crédito hipotecario con los bancos privados.
Al cierre de esta edición, estaba previsto que continúe la reunión del Pleno. Luego del debate, el documento vuelve a la Comisión de lo Laboral y la segunda discusión se desarrollaría en dos semanas.

Dos consorcios chinos pugnan por el Coca Codo-Sinclair

Quito, 4 de marzo de 2009. Cuatro empresas habían mostrado su interés por la licitación para la construcción de la hidroeléctrica, pero en la apertura de las propuestas solo se presentaron Sino-Ecuador y Sinohydro-Andes JV. Efervescente y con la frase "es la mayor fuerza energética que tanto ha esperado el país", el ministro de Coordinación de Áreas Estratégicas, Galo Borja, fue el testigo de honor de la apertura de las propuestas de la licitación para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Datos del proyectoEl Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair de 1 500 megavatios (MW) está ubicado en las provincias de Napo (Cantón El Chaco) y Sucumbíos (Cantón Gonzalo Pizarro).Las obras de captación están ubicadas aguas abajo de la confluencia de los Ríos Quijos y Salado. El proyecto tiene como accionistas a las empresas Termopichincha, con el 70%, y Energía Argentina (Enarsa) con el 30%.
El proyecto, que tiene un costo estimado de USD 2000 millones, inicialmente iba a ser financiado por el Gobierno ecuatoriano, pero, según Borja, la crisis obligó a que se cambiaran las bases de la licitación y se exigiera que los ofertantes financien la obra.
Antes de esta decisión, cuatro empresas habían mostrado su interés, pero en la apertura únicamente se presentaron dos consorcios, chinos ambos (Sino-Ecuador y Sinohydro-Andes JV). Una empresa italiana (Impregilo) y otra iraní (Farab) abortaron en su objetivo.
En la apertura de las propuestas, los dos consorcios orientales aseguraron que estarían en capacidad de financiar hasta el 85% de la construcción de esta central que aportará con 1 500 mW al sistema eléctrico nacional, "permitiendo ahorrar millones de dólares a los ecuatorianos", afirmó Borja. El ganador de la oferta se conocerá el próximo 16 de marzo.

Gobierno ecuatoriano inyectará a la banca privada 800 millones de dólares

Quito, de Marzo de 2009 EFE. El Gobierno de Ecuador inyectará a la banca privada alrededor de 800 millones de dólares a lo largo de 2009 para garantizar liquidez en el sector financiero, informó hoy el ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja.
Tras una reunión con el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE), Fernando Pozo, Borja explicó que el Gobierno y la ABPE "han implementado un calendario" para llevar a cabo los proyectos conjuntos que se acordaron el pasado 20 de febrero en una reunión encabezada por el presidente Rafael Correa.
Uno de los planes del Gobierno, según Borja, es la inyección de alrededor de 800 millones de dólares a la banca privada, con el objetivo, de "defender los ingresos de las familias ecuatorianas, defender el empleo, defender el crédito, los proyectos productivos y la economía".
Borja dijo que el mensaje de ambos actores económicos es que tienen un plan de trabajo conjunto que le da "tranquilidad al país".
"Vivimos una crisis mundial, que no la hemos provocado nosotros, y estamos haciendo todos los esfuerzos juntos para que esta crisis no golpee a los más vulnerables", añadió.
Según Borja, el Gobierno ha señalado que si "Ecuador requiere fortalecer su economía lo va a hacer a través de la inversión de la reserva de libre disponibilidad al sistema financiero, tanto público como privado".
En ese sentido, el ministro explicó que de lo que se trata es de determinar cómo canalizar el "dinero del Estado", y una serie de proyectos se harán a través del sistema financiero privado.
Por su parte, Pozo destacó que aunque no la ABPE no está de acuerdo "en todo" con el Gobierno, sí lo está en aspectos como el de "tratar de inyectarle recursos a la economía, utilizando los excedentes que tenga el sector público".
Ante ello, Borja replicó que el sector privado tiene que proponer al Gobierno instrumentos de inversión que se puedan canalizar hacia el crédito para las familias en su acceso a la vivienda y hacia sectores productivos.
Pozo anunció que la ABPE tiene la disposición de buscar líneas de financiamiento internacionales adicionales a las que ya busca el Gobierno.
Según Borja, se espera que para el 31 de marzo los proyectos conjuntos ya se hayan implementado de modo que en abril se comiencen a ver "los efectos positivos del fortalecimiento del sistema financiero, de la economía y de esta política del Gobierno".

Ecuador pide a Colombia información sobre ubicación de jefes de las FARC

Quito, 4 de Marzo de 2009. AFP.Ecuador solicitó el martes a través de la OEA que Colombia le proporcione información precisa sobre la ubicación de dos comandantes de la guerrilla de las FARC que supuestamente se esconden en territorio ecuatoriano, indicó la cancillería.
La cancillería señaló que Quito envió una "nota verbal" a la OEA, en la cual manifestó que "será especialmente apreciado que la secretaría general exprese al gobierno colombiano la necesidad de que se proporcione a Ecuador información precisa acerca de la ubicación de los referidos altos mandos de las FARC".
La cartera anotó en un comunicado que el gobierno ecuatoriano está preocupado por "aseveraciones" de la prensa de que dos miembros del Estado Mayor (segundo nivel) de las FARC estarían refugiados en el país, según un informe de Inteligencia de Colombia."La misión permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) confía en que la secretaría general realizará las pertinentes gestiones (ante Colombia) y se servirá transmitir al gobierno de Ecuador el resultado de las mismas de la manera más urgente", agregó.
De acuerdo con la versión de la radio privada RCN de Colombia, nueve comandantes de las FARC se esconden en Venezuela y otros dos en Ecuador, donde estarían Guillermo Torres (alias 'Julián Corrado') y Sixto Antonio Cabaña ('Domingo Biojó').
El lunes el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, afirmó que "nosotros no tenemos ninguna prueba fehaciente de que esa presencia se dé".
Quito rompió relaciones con Bogotá el 3 de marzo de 2008, a raíz de un ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano en el que murió el número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, y otras 24 personas.

Incrementan ayudas para afectados por derrame de crudo en Amazonía de Ecuador

Quito, 4 de Marzo de 2009 EFE. La empresa OCP Ecuador informó que hoy se incrementaron los envíos de agua potable a la ciudad de Coca, en la provincia amazónica de Francisco de Orellana, uno de los sectores afectados por el derrame petrolero que produjo la rotura de la tubería del Oleoducto de Crudo Pesado.
A través de un comunicado, la empresa, que gestiona y administra el Oleoducto, anunció también que para mañana espera enviar una unidad médica móvil de prevención con dos facultativos para atender a aquellas personas que lo necesiten.
El pasado 25 de febrero la tubería del Oleoducto de Crudo Pesado, a la altura de su kilómetro 128, debido a un movimiento telúrico sufrió una rotura que produjo un derrame de unos 14.000 barriles de crudo, según explicó en ese momento OCP.
La fuga de petróleo se produjo cerca del río Santa Rosa, en la zona limítrofe entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos y el crudo afectó al río, que en su cauce contaminó el agua del sector y de los ríos Napo y Coca, que atraviesan también la provincia Francisco de Orellana, y complicó el suministro de agua potable.La empresa explicó en días pasados que se afanaba en los trabajos de limpieza y remediación ambiental y que había colocado barreras para evitar la expansión del derrame.
Además, dos días después del accidente, OCP informó de que envió 10 camiones cisterna de agua potable, a los que hoy sumaron 37 más, para asegurar el acceso al agua de los habitantes de la zona.
Asimismo, informó de que el transporte de crudo había vuelto a funcionar.
Sin embargo, los representantes de las comunidades indígenas del sector afectado pidieron hoy que se declare el estado de emergencia en 47 poblados perjudicados por el derrame y exigieron al Gobierno "asistencia urgente" porque consideran que se trata de una "grave situación, frente a la vida", el agua y la agricultura.
En su comunicado, OCP se declara "consciente de su responsabilidad social y ambiental" y afirma que "está utilizando todos los recursos disponibles propios y contratados para garantizar una solución pronta y efectiva del evento".
Ecuador dispone de dos oleoductos que corren paralelos desde la Amazonía a la costa, uno de ellos de propiedad del Estado, el SOTE, y el otro de las compañías privadas, el OCP.
El petróleo es la principal fuente de financiación del Estado ecuatoriano, ya que los ingresos que genera su exportación aportan con un 35 por ciento al presupuesto fiscal.

Fiscal convoca a audiencia de formulación de cargos por concesión de nuevo aeropuerto de Quito

Quito, 4 de Marzo de 2009. Una vez conocido el informe sobre el examen especial que realizó la Contraloría General del Estado, a la concesión de construcción del nuevo Aeropuerto de Quito, el Fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, dispuso se llame a audiencia de formulación de cargos a varios funcionarios y ex funcionarios del Municipio de Quito.
Según información emitida por TC Televisión, se ha llamado para esta audiencia a las ex concejalas Wilma Andrade Muñoz, María Cárdenas Ribadeneira y Paulina Espinoza Andrade.
También fueron convocados Carlos Jaramillo Díaz, procurador síndico del Municipio, el vicealcalde Gonzalo Ortiz y el Alcalde encargado Andrés Vallejo Arcos.
Contraloría semanas atrás hizo público un informe en el que presenta varias objeciones al proceso de concesión para la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, donde se habla de un supuesto sobreprecio y la necesidad de una renegociación.
Por su parte las autoridades del Municipio de Quito han pedido la documentación de sustento para llegar a esas conclusiones, información que no ha sido concedida por tratarse de reservada.