Según la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la adjudicación de contratos para empresas estatales extranjeras será directa. Esto significaría que el Gobierno contrate sin concurso de licitación. Tema de conflicto para varios actores del sector pero que en la Asamblea Nacional no preocupa.
Las críticas apuntan a que la propuesta: ‘no es transparente, elimina la posibilidad de comparar mejores precios, no garantiza la ejecución de un proyecto y contradice a la Constitución del Estado’.
Sin embargo, el legislativo ya pasó el primer debate del proyecto de Ley, en el cual no se vislumbró ningún cambio al respecto.
Así, en primera instancia, este punto de la Ley quedaría en contradicción a la Ley jerárquicamente superior. Esto porque “uno de los principios de la Carta Magna es el de la transparencia, entonces obviamente las adjudicaciones sin licitaciones no implican nada de transparencia”, explica Luis Calero, analista petrolero.
Por su parte, René Ortiz, miembro del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (Fopec), expone que lo más grave de “un proceso de contratación a dedo, sin pasar por la calificación previa, es que no garantiza la ejecución de un proyecto y tampoco su continuidad”.
Situación en la que el Ecuador ya tiene experiencia. “Hay ejemplos. Haber entregado a dedo el proyecto de la Isla Puna a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) significó el abandono del campo, que la compañía se haya llevado la torre al campo Sacha. En definitiva no cumplió el contrato y no hay quién continúe con el proyecto”, ejemplificó Ortiz.
A esto se suma que sin licitaciones “no se permite comparar precios y por lo tanto, no se puede seleccionar lo que sea mejor para el país” agrega Calero.
Esto debido a que las compañías privadas quedarían fuera de la selección, por lo tanto, “el Gobierno no tendrá una lista de prelación, para escoger entre una que sí cumple y otra que no”, apunta Ortiz.
En ese sentido, el proyecto no “garantiza el éxito de los proyectos petroleros. Irán al fracaso”, sentencia Ortiz.
La intención de fondo, según el dirigente petrolero, Fernando Villavicencio, sería que “el Gobierno quiere entregar todos los campos a empresas chinas y venezolanas”. Justamente los países socios, que en el primer caso comparten la misma ideología del Gobierno de Rafael Correa y que en segundo caso, le han dado financiamiento al Ecuador.
Las críticas apuntan a que la propuesta: ‘no es transparente, elimina la posibilidad de comparar mejores precios, no garantiza la ejecución de un proyecto y contradice a la Constitución del Estado’.
Sin embargo, el legislativo ya pasó el primer debate del proyecto de Ley, en el cual no se vislumbró ningún cambio al respecto.
Así, en primera instancia, este punto de la Ley quedaría en contradicción a la Ley jerárquicamente superior. Esto porque “uno de los principios de la Carta Magna es el de la transparencia, entonces obviamente las adjudicaciones sin licitaciones no implican nada de transparencia”, explica Luis Calero, analista petrolero.
Por su parte, René Ortiz, miembro del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (Fopec), expone que lo más grave de “un proceso de contratación a dedo, sin pasar por la calificación previa, es que no garantiza la ejecución de un proyecto y tampoco su continuidad”.
Situación en la que el Ecuador ya tiene experiencia. “Hay ejemplos. Haber entregado a dedo el proyecto de la Isla Puna a Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) significó el abandono del campo, que la compañía se haya llevado la torre al campo Sacha. En definitiva no cumplió el contrato y no hay quién continúe con el proyecto”, ejemplificó Ortiz.
A esto se suma que sin licitaciones “no se permite comparar precios y por lo tanto, no se puede seleccionar lo que sea mejor para el país” agrega Calero.
Esto debido a que las compañías privadas quedarían fuera de la selección, por lo tanto, “el Gobierno no tendrá una lista de prelación, para escoger entre una que sí cumple y otra que no”, apunta Ortiz.
En ese sentido, el proyecto no “garantiza el éxito de los proyectos petroleros. Irán al fracaso”, sentencia Ortiz.
La intención de fondo, según el dirigente petrolero, Fernando Villavicencio, sería que “el Gobierno quiere entregar todos los campos a empresas chinas y venezolanas”. Justamente los países socios, que en el primer caso comparten la misma ideología del Gobierno de Rafael Correa y que en segundo caso, le han dado financiamiento al Ecuador.
