Los comisionados dicen que la aplicación de un 'modelo neoliberal' afectó en la garantía de los derechos políticos, culturales, etc.
Elsie Monge, presidenta de la Comisión de la Verdad, entregó ayer a la Asamblea el Proyecto de Ley para la Reparación de las Víctimas. Esto como complemento al informe sobre las violaciones de los derechos humanos desde 1984 hasta 2008.
El documento busca crear también un comité para la reparación a las víctimas, que plantea indemnizaciones, enjuiciamiento para los responsables de los crímenes, entre otras.
La noche del lunes, cuando recibió el documento, el presidente Correa dijo que el Gobierno "asume el deber de investigar y sancionar a los responsables". Agregó: "Los que torturaron y desaparecieron a hombres, mujeres y niños, los que intentaron con la muerte asesinar a la esperanza tienen que rendir cuentas de su infamia, tienen que ser juzgados y pagar por sus crímenes".
De acuerdo con el documento, se registraron 456 víctimas en 11 Gobiernos y seis tipos de delitos de lesa humanidad. El Gobierno con más acusaciones es el de León Febres Cordero (65 casos en cuatro años), seguido por Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén, con 10 cada uno en el mismo lapso, y Rafael Correa con nueve en dos años (ver cuadro).
La investigación, que duró tres años, hace hincapié en el Gobierno de León Febres Cordero y la presencia de los grupos armados Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre (MPL).
"Durante el Gobierno de Febres Cordero, la organización AVC realizó varias acciones de propaganda armada (tomas de medios de comunicación, grafitis en las paredes, sustracción de la espada y de un busto de Alfaro, entre otras), y utilizó como método de financiamiento asaltos a bancos y empresas. Además, secuestró al banquero Nahim Isaías, quien fue asesinado junto con sus captores, en un operativo ordenado por Febres Cordero", se lee en el informe.
Además, reseña que el Régimen respondió a AVC "con una política de terrorismo de Estado que rebasó el marco legal y constitucional". Los investigadores, agrega el documento, consideran que el neoliberalismo tuvo en el país graves consecuencias sociales y políticas y "fue un factor permanente de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales". Y que "la lucha empleada por sectores populares" fueron catalogadas como amenazas a la seguridad del Estado o actos delincuenciales.
En el informe, no se abordó el caso de la detención de 23 personas en Dayuma, por protagonizar protestas contra Petroproducción, en 2007. Según Monge, los afectados no quisieron que se los tome en cuenta.
