Gloria Sabando defendió su gestión
Trabajadores petroleros piden intervención de la Asamblea
Pacari recibirá a Mera en lugar del presidente Correa
Ley de Educación Intercultural innova el bachillerato unificado
SRI y empresarios aclaran dudas sobre nueva norma
Dos secretarios niegan versión de asambleísta
La ciudad está lista para recibir lluvias
El juicio a Sabando generó poco interés en el pleno
Gremios porteños analizan posiciones sobre consulta
Corte Constitucional suspendería procesos de revocatoria
Reparación de refinería se hará sin un concurso
Empresarios ecuatorianos piden ante Congreso de los EEUU que se prorrogue Atpdea
Desde junio refinaban pasta de coca en Playas
Pástor fija plazo a PDVS para que mejore servicio
Bolivianos Mastican hojas de coca en embajada en Quito
jueves, 27 de enero de 2011
Gloria Sabando defendió su gestión
Por el lapso de dos horas, la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa, expuso ante el Pleno los argumentos de descargo frente a las cuatro acusaciones formuladas por el asambleísta Rolando Panchana, relacionadas con el incumplimiento de las funciones asignadas en la Constitución y la Ley, en el proceso de recuperación del déficit patrimonial de los bancos cerrados.
En el Pleno, la ex funcionaria defendió su gestión en la Superintendencia de Bancos y reiteró que no ha dejado de cumplir las responsabilidades contempladas en el artículo 233 de la Constitución, así como las disposiciones de los artículos 127, 165 y 180 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual considera que ha cumplido con el país y con su conciencia.
“Nunca ha prevalecido ningún otro interés que el bien público. En mis funciones como Superintendenta de Bancos y Seguros he defendido los intereses del Estado, prueba de ello es el haber fijado la deuda de Filanbanco en 661 millones, más los intereses respectivos”, dijo, al preguntarse si acaso esta decisión será la causa para la persecución en su contra.
Indicó que hasta el 3 de enero del 2011, último día de su gestión, se notificó a 173 ex directores y ex funcionarios de bancos para que respondan por un monto de dos mil 243 millones de dólares, que es el cálculo del déficit patrimonial de los 24 bancos. Todo el proceso estuvo alineado con los grandes objetivos nacionales y la ética pública que inspiró, de manera fundamentalmente, al proyecto político, agregó.
En este marco, subrayó que seguirá siendo la guardiana de que no quede en la impunidad el atraco bancario, tomando en cuenta que el proceso liquidatorio de los bancos cerrados y de cobro a sus ex accionistas es irreversible y está en marcha.
“No he causado ningún perjuicio al Estado ni a la sociedad ecuatoriana. Lo que no puede seguir ocurriendo es que por acción u omisión, los viejos intereses y la vieja política destruyan el patrimonio que representa para el país tener servidores públicos honrados y patriotas. Todo mi trabajo como autoridad de control ha sido legislado por la Junta Bancaria”, precisó.
Añadió que no se puede hablar de omisiones en el ejercicio de su cargo cuando se ha llevado adelante un proceso de cobro, que no ha concluido; que parte desde la responsabilidad de determinar el hueco patrimonial, el establecimiento de las responsabilidades; y, solo resta la emisión de los correspondientes títulos de crédito, agregó.
Sabando García justificó la notificación masiva a los ex administradores de la banca cerrada, porque no podía hacer ningún tipo de selección, pues lamentablemente en ese proceso hubo notificaciones a personas que habían fallecido, pero la responsabilidad de la actualización de la información respecto de la condición de los ex accionistas y demás actores de los bancos en liquidación no le correspondía a esa entidad.
Reiteró que no fue posible la aplicación de lo previsto en el Art. 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, porque dichos mecanismos estuvieron ligados a lo preceptuado en el Art. 126 y no para cualquier otra acción dolosa en que hubieren incurrido los ex accionistas, administradores y funcionarios de los bancos cerrados, de conformidad con los dictámenes vinculantes del entonces procurador del Estado, Ramón Jiménez Carbo. Solo en 2009, con un nuevo pronunciamiento del Procurador se destrabó este proceso y se pudo adoptar la resolución 1427 por la cual se establece el mecanismo para la aplicación de lo previsto en los artículos 127 y 165 de la Ley de Instituciones Financieras.
Aseguró que durante el proceso de liquidación de los bancos se recaudaron 90 millones de dólares, tras sostener que en ningún momento se ha pretendido dejar en la impunidad este doloroso problema del sector financiero. “He sido quien tomó todos los riesgos para llevar adelante acciones concretas para precautelar los intereses del Estado. No he causado ningún perjuicio a la sociedad ecuatoriana”, remarcó.
El Juicio continua hoy a partir de las 9h30, con la apertura del debate en la que los diferentes sectores políticos expondrán sus puntos de vista frente de los argumento de sabando y Panchana. Cerrado el debate, se tomará votación.
En el Pleno, la ex funcionaria defendió su gestión en la Superintendencia de Bancos y reiteró que no ha dejado de cumplir las responsabilidades contempladas en el artículo 233 de la Constitución, así como las disposiciones de los artículos 127, 165 y 180 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual considera que ha cumplido con el país y con su conciencia.
“Nunca ha prevalecido ningún otro interés que el bien público. En mis funciones como Superintendenta de Bancos y Seguros he defendido los intereses del Estado, prueba de ello es el haber fijado la deuda de Filanbanco en 661 millones, más los intereses respectivos”, dijo, al preguntarse si acaso esta decisión será la causa para la persecución en su contra.
Indicó que hasta el 3 de enero del 2011, último día de su gestión, se notificó a 173 ex directores y ex funcionarios de bancos para que respondan por un monto de dos mil 243 millones de dólares, que es el cálculo del déficit patrimonial de los 24 bancos. Todo el proceso estuvo alineado con los grandes objetivos nacionales y la ética pública que inspiró, de manera fundamentalmente, al proyecto político, agregó.
En este marco, subrayó que seguirá siendo la guardiana de que no quede en la impunidad el atraco bancario, tomando en cuenta que el proceso liquidatorio de los bancos cerrados y de cobro a sus ex accionistas es irreversible y está en marcha.
“No he causado ningún perjuicio al Estado ni a la sociedad ecuatoriana. Lo que no puede seguir ocurriendo es que por acción u omisión, los viejos intereses y la vieja política destruyan el patrimonio que representa para el país tener servidores públicos honrados y patriotas. Todo mi trabajo como autoridad de control ha sido legislado por la Junta Bancaria”, precisó.
Añadió que no se puede hablar de omisiones en el ejercicio de su cargo cuando se ha llevado adelante un proceso de cobro, que no ha concluido; que parte desde la responsabilidad de determinar el hueco patrimonial, el establecimiento de las responsabilidades; y, solo resta la emisión de los correspondientes títulos de crédito, agregó.
Sabando García justificó la notificación masiva a los ex administradores de la banca cerrada, porque no podía hacer ningún tipo de selección, pues lamentablemente en ese proceso hubo notificaciones a personas que habían fallecido, pero la responsabilidad de la actualización de la información respecto de la condición de los ex accionistas y demás actores de los bancos en liquidación no le correspondía a esa entidad.
Reiteró que no fue posible la aplicación de lo previsto en el Art. 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, porque dichos mecanismos estuvieron ligados a lo preceptuado en el Art. 126 y no para cualquier otra acción dolosa en que hubieren incurrido los ex accionistas, administradores y funcionarios de los bancos cerrados, de conformidad con los dictámenes vinculantes del entonces procurador del Estado, Ramón Jiménez Carbo. Solo en 2009, con un nuevo pronunciamiento del Procurador se destrabó este proceso y se pudo adoptar la resolución 1427 por la cual se establece el mecanismo para la aplicación de lo previsto en los artículos 127 y 165 de la Ley de Instituciones Financieras.
Aseguró que durante el proceso de liquidación de los bancos se recaudaron 90 millones de dólares, tras sostener que en ningún momento se ha pretendido dejar en la impunidad este doloroso problema del sector financiero. “He sido quien tomó todos los riesgos para llevar adelante acciones concretas para precautelar los intereses del Estado. No he causado ningún perjuicio a la sociedad ecuatoriana”, remarcó.
El Juicio continua hoy a partir de las 9h30, con la apertura del debate en la que los diferentes sectores políticos expondrán sus puntos de vista frente de los argumento de sabando y Panchana. Cerrado el debate, se tomará votación.
Bolivianos Mastican hojas de coca en embajada en Quito
Una treintena de personas mascaron coca hoy en un acto organizado por la embajada de Bolivia en Ecuador para respaldar la petición de La Paz de que la ONU despenalice el llamado "acullicu".
El Gobierno de Ecuador ha sido el que ha dado el respaldo público más rotundo a la propuesta de Bolivia, aunque paradójicamente el consumo de coca está prohibido en su territorio.
Las pequeñas hojas oblongas estaban distribuidas en una mesa en cuatro montones, para simbolizar el equilibrio entre varón y mujer, y, en general, entre los polos opuestos, uno de los principios de la espiritualidad indígena boliviana, explicó Juan Ibarne Garay, agregado de la embajada.
Tras unas palabras en quechua y aimara en honor de la Pachamama, la Madre Tierra, diplomáticos bolivianos, indígenas ecuatorianos y los propios periodistas procedieron a colocar las hojas en un costado de la boca y dejarlas remorjar allí.
Las hojas, consumidas desde hace cinco milenios por los habitantes de los Andes, producen un leve efecto adormecedor en el paladar y la lengua, como un anestésico.
Una ceremonia similar tuvo lugar hoy en la embajada de La Paz en Madrid, mientras que en la propia Bolivia centenas de personas se reunieron para el rito del "pijcheo" o masticado de coca en varias ciudades y frente a la sede diplomática de Estados Unidos.
Según el embajador de Bolivia en Quito, Juan Javier Zárate Rivas, esos actos son parte de una "cruzada" del Gobierno boliviano por revelar la "verdad" sobre la hoja de coca: "que no tiene efectos nocivos sobre el ser humano, ni siquiera la dependencia".
Ibarne Garay enfatizó sus efectos medicinales para contrarrestar la artritis, el reumatismo, los problemas estomacales, el cansancio y el mal de altura.
El domingo se cumple el plazo marcado por la ONU para que los países hagan comentarios a la propuesta boliviana de despenalizar el masticado.
Estados Unidos ha presentado una objeción oficial y, según Zárate Rivas, ese Gobierno está en conversaciones con algunos países europeos para que le respalden.
La embajada de Washington en La Paz indicó hoy que su postura "se basa en la importancia de mantener la integridad de la Convención de 1961", que prohibió el masticado y ha sido una herramienta "importante" en el combate al narcotráfico.
Dado que la despenalización requiere de unanimidad, la opinión de Estados Unidos basta para cerrar el camino a Bolivia, reconoció Zárate Rivas.
En cambio, La Paz ha recibido el respaldo explícito de Ecuador, que en una declaración el pasado lunes calificó la propuesta como "una reivindicación no solamente del pueblo boliviano, sino también de los pueblos de América Latina".
En Ecuador el masticado de coca es una práctica que casi ha desaparecido entre los indígenas, según Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina, que participó en el "acullicu" en la embajada.
"Nosotros queremos retomar eso y nos declaramos en resistencia", dijo Gualán, quien explicó que entre algunas comunidades amazónicas aún se usa la coca en ciertas ceremonias, pero no en la región andina.
La gran altitud de la cordillera en Ecuador hace que la planta no crezca bien en este país, según Gualán, al contrario que en Bolivia, Perú o Colombia.
En el acto en la embajada en Quito, los diplomáticos también hicieron degustar caramelos, té y licores hechos de coca, así como cremas.
La hoja consta de 14 alcaloides, uno de los cuales es la cocaína, que constituye el 1% de su contenido, según Manuel Monroy, otro diplomático boliviano.
Zárate Rivas señaló que diga lo que diga la ONU, en Bolivia se seguirá mascando coca "porque eso va más allá de una decisión de un gobierno o un grupo de personas", ya que se trata de una tradición
El Gobierno de Ecuador ha sido el que ha dado el respaldo público más rotundo a la propuesta de Bolivia, aunque paradójicamente el consumo de coca está prohibido en su territorio.
Las pequeñas hojas oblongas estaban distribuidas en una mesa en cuatro montones, para simbolizar el equilibrio entre varón y mujer, y, en general, entre los polos opuestos, uno de los principios de la espiritualidad indígena boliviana, explicó Juan Ibarne Garay, agregado de la embajada.
Tras unas palabras en quechua y aimara en honor de la Pachamama, la Madre Tierra, diplomáticos bolivianos, indígenas ecuatorianos y los propios periodistas procedieron a colocar las hojas en un costado de la boca y dejarlas remorjar allí.
Las hojas, consumidas desde hace cinco milenios por los habitantes de los Andes, producen un leve efecto adormecedor en el paladar y la lengua, como un anestésico.
Una ceremonia similar tuvo lugar hoy en la embajada de La Paz en Madrid, mientras que en la propia Bolivia centenas de personas se reunieron para el rito del "pijcheo" o masticado de coca en varias ciudades y frente a la sede diplomática de Estados Unidos.
Según el embajador de Bolivia en Quito, Juan Javier Zárate Rivas, esos actos son parte de una "cruzada" del Gobierno boliviano por revelar la "verdad" sobre la hoja de coca: "que no tiene efectos nocivos sobre el ser humano, ni siquiera la dependencia".
Ibarne Garay enfatizó sus efectos medicinales para contrarrestar la artritis, el reumatismo, los problemas estomacales, el cansancio y el mal de altura.
El domingo se cumple el plazo marcado por la ONU para que los países hagan comentarios a la propuesta boliviana de despenalizar el masticado.
Estados Unidos ha presentado una objeción oficial y, según Zárate Rivas, ese Gobierno está en conversaciones con algunos países europeos para que le respalden.
La embajada de Washington en La Paz indicó hoy que su postura "se basa en la importancia de mantener la integridad de la Convención de 1961", que prohibió el masticado y ha sido una herramienta "importante" en el combate al narcotráfico.
Dado que la despenalización requiere de unanimidad, la opinión de Estados Unidos basta para cerrar el camino a Bolivia, reconoció Zárate Rivas.
En cambio, La Paz ha recibido el respaldo explícito de Ecuador, que en una declaración el pasado lunes calificó la propuesta como "una reivindicación no solamente del pueblo boliviano, sino también de los pueblos de América Latina".
En Ecuador el masticado de coca es una práctica que casi ha desaparecido entre los indígenas, según Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina, que participó en el "acullicu" en la embajada.
"Nosotros queremos retomar eso y nos declaramos en resistencia", dijo Gualán, quien explicó que entre algunas comunidades amazónicas aún se usa la coca en ciertas ceremonias, pero no en la región andina.
La gran altitud de la cordillera en Ecuador hace que la planta no crezca bien en este país, según Gualán, al contrario que en Bolivia, Perú o Colombia.
En el acto en la embajada en Quito, los diplomáticos también hicieron degustar caramelos, té y licores hechos de coca, así como cremas.
La hoja consta de 14 alcaloides, uno de los cuales es la cocaína, que constituye el 1% de su contenido, según Manuel Monroy, otro diplomático boliviano.
Zárate Rivas señaló que diga lo que diga la ONU, en Bolivia se seguirá mascando coca "porque eso va más allá de una decisión de un gobierno o un grupo de personas", ya que se trata de una tradición
Trabajadores petroleros piden intervención de la Asamblea
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social recibió por segunda ocasión a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (FETRAPEC), quienes afirmaron que nunca se les dio el legítimo derecho a la defensa y que simplemente se ejecutó la separación aduciendo que hay conflicto de intereses en la actividad que cumplía Gaspetsa, por lo cual solicitan la intervención del organismo legislativo.
Julio Corrales, uno de los trabajadores cesados por el caso Gaspetsa, precisó que para el debido proceso no se aplicó el principio de jerarquía jurídica y supremacía constitucional pues, en forma genérica, se gestionó la cesación de todos los trabajadores, argumentando un supuesto conflicto de intereses que habría provocado el contrato suscrito entre Petrocomercial y Gaspetsa.
Indicó que el Ministerio de Relaciones Laborales el 17 de septiembre de 2010 a través de los inspectores del trabajo, inició las notificaciones de las solicitudes de visto bueno presentadas por el representante legal de EP Petroecuador en contra de 622 trabajadores, basado en el informe remitido por la Secretaría de Transparencia y Gestión del 14 de septiembre de 2010, es decir, después de tres días de presentado el informe.
La presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, tras informar que se ha hecho un seguimiento permanente del caso, reiteró su compromiso para que la Comisión 2, en el marco de su competencia, haga prevalecer la justicia por sobre todas las cosas, por lo que continuará con el pedido de información a los organismo competentes.
La Comisión esperará que se cumplan los plazos para la entrega de la información requerida a Petroecuador y a la Secretaría de Transparencia y no descarta invitar al Ministro de Relaciones Laborales para que se refiera el tema.
En otro orden, la Comisión 2 en el marco del análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Social, relativas al seguro de las amas de casas, recibió a Cecilia Jaramillo de la Confederación de Mujeres Ecuatorianas para el Cambio CONFEMEC, quien conjuntamente con un importante grupo de asociadas populares, dijo que estarán vigilantes para que se cristalicen las aspiraciones de las mujeres ecuatorianas que mantienen trabajo por cuenta propia.
Sugirió que en la normativa se proteja a todas las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar; a las jefas de familia y madres solteras con dificultades económicas para satisfacer las necesidades fundamentales de sus hijas e hijos y personas que están bajo su responsabilidad; a las beneficiarias del bono de desarrollo humano; a las trabajadoras por cuenta propia urbanas y rurales, beneficio que se suspenderá el momento en que adquieran relación de dependencia.
La comisión analizó la posibilidad de trabajar en una reforma integral a la Ley de Seguridad Social.
RSA/pv
Julio Corrales, uno de los trabajadores cesados por el caso Gaspetsa, precisó que para el debido proceso no se aplicó el principio de jerarquía jurídica y supremacía constitucional pues, en forma genérica, se gestionó la cesación de todos los trabajadores, argumentando un supuesto conflicto de intereses que habría provocado el contrato suscrito entre Petrocomercial y Gaspetsa.
Indicó que el Ministerio de Relaciones Laborales el 17 de septiembre de 2010 a través de los inspectores del trabajo, inició las notificaciones de las solicitudes de visto bueno presentadas por el representante legal de EP Petroecuador en contra de 622 trabajadores, basado en el informe remitido por la Secretaría de Transparencia y Gestión del 14 de septiembre de 2010, es decir, después de tres días de presentado el informe.
La presidenta del organismo legislativo, Nivea Vélez, tras informar que se ha hecho un seguimiento permanente del caso, reiteró su compromiso para que la Comisión 2, en el marco de su competencia, haga prevalecer la justicia por sobre todas las cosas, por lo que continuará con el pedido de información a los organismo competentes.
La Comisión esperará que se cumplan los plazos para la entrega de la información requerida a Petroecuador y a la Secretaría de Transparencia y no descarta invitar al Ministro de Relaciones Laborales para que se refiera el tema.
En otro orden, la Comisión 2 en el marco del análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Social, relativas al seguro de las amas de casas, recibió a Cecilia Jaramillo de la Confederación de Mujeres Ecuatorianas para el Cambio CONFEMEC, quien conjuntamente con un importante grupo de asociadas populares, dijo que estarán vigilantes para que se cristalicen las aspiraciones de las mujeres ecuatorianas que mantienen trabajo por cuenta propia.
Sugirió que en la normativa se proteja a todas las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar; a las jefas de familia y madres solteras con dificultades económicas para satisfacer las necesidades fundamentales de sus hijas e hijos y personas que están bajo su responsabilidad; a las beneficiarias del bono de desarrollo humano; a las trabajadoras por cuenta propia urbanas y rurales, beneficio que se suspenderá el momento en que adquieran relación de dependencia.
La comisión analizó la posibilidad de trabajar en una reforma integral a la Ley de Seguridad Social.
RSA/pv
Pacari recibirá a Mera en lugar del presidente Correa
La jueza de la Corte Constitucional (CC), Nina Pacari, encargada de la revisión y calificación de las 10 preguntas de la consulta popular, aseguró que recibirá al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en reemplazo del primer mandatario, Rafael Correa, sin ningún problema.
El primer Mandatario anticipó que no asistirá a defender las preguntas de la consulta popular a la CC, pues lo considera como una 'payasada'.
Pacari, por su parte, aseguró que se trata de un procedimiento constitucional y que ella no tiene inconveniente alguno en recibir al delegado de la presidencia.
Pese a las críticas del Ejecutivo, la jueza aseguró que de ninguna manera se va a dejar de continuar con el proceso.
La Corte Constitucional abrirá mañana jueves sus puertas a los ciudadanos que tengan objeciones o quieran dar sus puntos de vista sobre las preguntas de la consulta popular que impulsa el Gobierno.
Está previsto que los magistrados Roberto Bhrunis y Nina Pacari, encargados de analizar la legalidad del referendo, se reúnan durante toda la jornada con aquellas personas "naturales" o "jurídicas", que deseen mostrar sus puntos de vista.
A las 08:30 Bhrunis recibirá a los representantes de organizaciones pro taurinas y a favor de las peleas de gallo; asimismo varios sectores han expresado su interés en exponer el porqué de su oposición a la consulta que impulsa el Ejecutivo.
Desde las 9h00 de hoy se inicia una especia de tribuna abierta al interior de la Corte Constitucional, en la que diferentes sectores sociales, presentarán sus puntos de vista respecto de los temas de consulta propuestos por el ejecutivo. Cada sector tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para presentar reclamos y modificaciones a las preguntas que hacen referencia a las enmiendas a la Constitución.
El primer Mandatario anticipó que no asistirá a defender las preguntas de la consulta popular a la CC, pues lo considera como una 'payasada'.
Pacari, por su parte, aseguró que se trata de un procedimiento constitucional y que ella no tiene inconveniente alguno en recibir al delegado de la presidencia.
Pese a las críticas del Ejecutivo, la jueza aseguró que de ninguna manera se va a dejar de continuar con el proceso.
La Corte Constitucional abrirá mañana jueves sus puertas a los ciudadanos que tengan objeciones o quieran dar sus puntos de vista sobre las preguntas de la consulta popular que impulsa el Gobierno.
Está previsto que los magistrados Roberto Bhrunis y Nina Pacari, encargados de analizar la legalidad del referendo, se reúnan durante toda la jornada con aquellas personas "naturales" o "jurídicas", que deseen mostrar sus puntos de vista.
A las 08:30 Bhrunis recibirá a los representantes de organizaciones pro taurinas y a favor de las peleas de gallo; asimismo varios sectores han expresado su interés en exponer el porqué de su oposición a la consulta que impulsa el Ejecutivo.
Desde las 9h00 de hoy se inicia una especia de tribuna abierta al interior de la Corte Constitucional, en la que diferentes sectores sociales, presentarán sus puntos de vista respecto de los temas de consulta propuestos por el ejecutivo. Cada sector tendrá un tiempo máximo de 15 minutos para presentar reclamos y modificaciones a las preguntas que hacen referencia a las enmiendas a la Constitución.
Empresarios ecuatorianos piden ante Congreso de los EEUU que se prorrogue Atpdea
WASHINGTON. Un grupo de empresarios ecuatorianos instó hoy al Congreso de EEUU a que apruebe una prórroga de al menos 18 meses para las preferencias arancelarias andinas, por considerar que eso contribuirá a la recuperación económica de su país.
Seis empresarios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana realizan desde ayer una campaña de presión ante miembros de ambas cámaras del Congreso y representantes del Gobierno de los EEUU para lograr una extensión de las preferencias arancelarias andinas, que vencen el próximo 13 de febrero.
"Estamos pidiendo una prórroga de 18 meses a dos años de las preferencias arancelarias, calculando que su próximo vencimiento no caiga en el ciclo electoral" de EEUU, dijo hoy Cristian Espinosa, director ejecutivo de AmCham Quito.
"Hemos argumentado ante el Congreso que estas preferencias son importantes para nuestras exportaciones, son buenas para las relaciones comerciales, y a la larga se traducen en empleos en ambos paÍses", señaló Espinosa.
El empresario calificó de "positivas" las visitas que desde el martes realiza el grupo al Capitolio con asesores de comités clave para los asuntos comerciales y de líderes de ambas cámaras del Congreso.
"Vimos una respuesta positiva y buena voluntad para lograr la extensión, aunque haya dificultades para aprobarla. Pedimos que no nos sacrifiquen por problemas que no están relacionados con Ecuador", señaló Espinosa, al referirse a las trabas que han puesto algunos legisladores.
Espinosa destacó las dificultades actuales en torno a la extensión del Programa de Ajuste Comercial (TAA), un programa establecido en 1974 y renovado cada año para ayudar a los trabajadores estadounidenses desplazados por la competencia del comercio exterior.
El TAA también vence el 13 de febrero.
Además, está el problema relacionado con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), un programa federal que ofrece a centenares de productos de paÍses en vÍas de desarrollo acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Por presiones polÍticas, el Congreso no renovó el programa más allá del pasado 31 de diciembre.
El senador republicano de Alabama, Jeff Sessions, puso trabas a la extensión de SGP porque Exxel Outdoors, una empresa fabricante de sacos de dormir, que opera en su estado, afrontaba una férrea competencia de una empresa similar de Bangladesh.
El argumento de Sessions era que si el Congreso continuaba los beneficios a empresas como la de Bangladesh -sin modificar el SGP para limitar esas importaciones-, eso perjudicarÍa la creación de empleos en Estados Unidos.
Las preferencias arancelarias están incluidas dentro de la Ley de Promoción de Comercio y Erradicación de Drogas (Atpdea), con la que el Gobierno de los EEUU premia los esfuerzos de la lucha antinarcóticos de los paÍses andinos.
La medida permite la exportación libre de aranceles de centenares de productos andinos. En el caso de Ecuador, beneficia a unos 700 productos, en particular en los sectores de floricultura, textiles y confecciones.
Para el Gobierno de Ecuador, la Atpdea ha estimulado durante casi una década el crecimiento económico en ese y otros paÍses andinos a través de la creación de alternativas económicas, en el marco de la lucha contra las drogas.
La Atpdea beneficia en la actualidad a las exportaciones de Ecuador y Colombia. Bolivia quedó suspendida del programa porque Washington considera que no ha hecho lo suficiente en la lucha antidrogas, mientras que Perú ya puso en marcha un tratado comercial con Estados Unidos. (EFE)
Seis empresarios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana realizan desde ayer una campaña de presión ante miembros de ambas cámaras del Congreso y representantes del Gobierno de los EEUU para lograr una extensión de las preferencias arancelarias andinas, que vencen el próximo 13 de febrero.
"Estamos pidiendo una prórroga de 18 meses a dos años de las preferencias arancelarias, calculando que su próximo vencimiento no caiga en el ciclo electoral" de EEUU, dijo hoy Cristian Espinosa, director ejecutivo de AmCham Quito.
"Hemos argumentado ante el Congreso que estas preferencias son importantes para nuestras exportaciones, son buenas para las relaciones comerciales, y a la larga se traducen en empleos en ambos paÍses", señaló Espinosa.
El empresario calificó de "positivas" las visitas que desde el martes realiza el grupo al Capitolio con asesores de comités clave para los asuntos comerciales y de líderes de ambas cámaras del Congreso.
"Vimos una respuesta positiva y buena voluntad para lograr la extensión, aunque haya dificultades para aprobarla. Pedimos que no nos sacrifiquen por problemas que no están relacionados con Ecuador", señaló Espinosa, al referirse a las trabas que han puesto algunos legisladores.
Espinosa destacó las dificultades actuales en torno a la extensión del Programa de Ajuste Comercial (TAA), un programa establecido en 1974 y renovado cada año para ayudar a los trabajadores estadounidenses desplazados por la competencia del comercio exterior.
El TAA también vence el 13 de febrero.
Además, está el problema relacionado con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), un programa federal que ofrece a centenares de productos de paÍses en vÍas de desarrollo acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Por presiones polÍticas, el Congreso no renovó el programa más allá del pasado 31 de diciembre.
El senador republicano de Alabama, Jeff Sessions, puso trabas a la extensión de SGP porque Exxel Outdoors, una empresa fabricante de sacos de dormir, que opera en su estado, afrontaba una férrea competencia de una empresa similar de Bangladesh.
El argumento de Sessions era que si el Congreso continuaba los beneficios a empresas como la de Bangladesh -sin modificar el SGP para limitar esas importaciones-, eso perjudicarÍa la creación de empleos en Estados Unidos.
Las preferencias arancelarias están incluidas dentro de la Ley de Promoción de Comercio y Erradicación de Drogas (Atpdea), con la que el Gobierno de los EEUU premia los esfuerzos de la lucha antinarcóticos de los paÍses andinos.
La medida permite la exportación libre de aranceles de centenares de productos andinos. En el caso de Ecuador, beneficia a unos 700 productos, en particular en los sectores de floricultura, textiles y confecciones.
Para el Gobierno de Ecuador, la Atpdea ha estimulado durante casi una década el crecimiento económico en ese y otros paÍses andinos a través de la creación de alternativas económicas, en el marco de la lucha contra las drogas.
La Atpdea beneficia en la actualidad a las exportaciones de Ecuador y Colombia. Bolivia quedó suspendida del programa porque Washington considera que no ha hecho lo suficiente en la lucha antidrogas, mientras que Perú ya puso en marcha un tratado comercial con Estados Unidos. (EFE)
Ley de Educación Intercultural innova el bachillerato unificado
Uno de los avances del proyecto de Ley de Educación Intercultural constituye la innovación del nivel de educación bachillerato, que comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica y habilita el acceso a la educación superior.
El bachillerato general unificado, según la propuesta, brinda a las personas la formación general, desarrolla capacidades, competencias, conocimientos, habilidades y destrezas permanentes de aprendizaje; permite continuar con cualquier tipo de estudios superiores y provee orientación para el trabajo y el emprendimiento.
En este marco, el Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Estará articulado con el sistema de educación superior. Para los pueblos y nacionalidades ancestrales rige el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada.
La educación inicial, es desde el nacimiento hasta los cinco años de edad; se articula con la educación general básica y es corresponsabilidad de las familias, la comunidad y el Estado. La educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años es responsabilidad principal de la familia; la educación entre tres a cinco años es obligación del Estado; la Autoridad Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección integral de los niños y niñas.
La educación general básica, desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias en los niños, niñas y adolescentes de cinco años en adelante.
La educación artesanal es para personas con escolaridad inconclusa que no hayan culminado la educación básica; establece un currículo especial para acceder a la educación básica artesanal, completar su formación básica, culminar el bachillerato y obtener formación artesanal.
El bachillerato técnico ofrece contenidos de las áreas básicas del saber con especialización técnica, artesanal, artística o deportiva, de carácter pre-profesional, que les asegure incorporarse al trabajo de manera inmediata. En el caso de la formación artística, el currículo del bachillerato en artes se establecerá conforme a la naturaleza de cada una de sus disciplinas.
El bachillerato técnico productivo es complementario al bachillerato, es de carácter optativo y dura un año adicional al bachillerato general; desarrolla capacidades y competencias para ingresar al mercado laboral y el emprendimiento social o económico.
Las modalidades del Sistema Nacional de Educación son la presencial, de asistencia diaria al establecimiento educativo durante el año lectivo; semipresencial, no exige asistencia diaria al establecimiento, se basa en trabajo estudiantil independiente sujeto a acompañamiento; distancia, trabajo autónomo del estudiante y tutorías.
Educación virtual y educomunicación se realiza por medio de internet o los medios de comunicación, acompañada de una tutoría y/o seguimiento presencial limitado; la educación artística, comprende las áreas especializadas de las artes.
RSA/pv
El bachillerato general unificado, según la propuesta, brinda a las personas la formación general, desarrolla capacidades, competencias, conocimientos, habilidades y destrezas permanentes de aprendizaje; permite continuar con cualquier tipo de estudios superiores y provee orientación para el trabajo y el emprendimiento.
En este marco, el Sistema Nacional de Educación comprende los tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato. Estará articulado con el sistema de educación superior. Para los pueblos y nacionalidades ancestrales rige el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada.
La educación inicial, es desde el nacimiento hasta los cinco años de edad; se articula con la educación general básica y es corresponsabilidad de las familias, la comunidad y el Estado. La educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres años es responsabilidad principal de la familia; la educación entre tres a cinco años es obligación del Estado; la Autoridad Educativa Nacional promoverá la coordinación entre las instituciones públicas y privadas competentes en el desarrollo y protección integral de los niños y niñas.
La educación general básica, desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias en los niños, niñas y adolescentes de cinco años en adelante.
La educación artesanal es para personas con escolaridad inconclusa que no hayan culminado la educación básica; establece un currículo especial para acceder a la educación básica artesanal, completar su formación básica, culminar el bachillerato y obtener formación artesanal.
El bachillerato técnico ofrece contenidos de las áreas básicas del saber con especialización técnica, artesanal, artística o deportiva, de carácter pre-profesional, que les asegure incorporarse al trabajo de manera inmediata. En el caso de la formación artística, el currículo del bachillerato en artes se establecerá conforme a la naturaleza de cada una de sus disciplinas.
El bachillerato técnico productivo es complementario al bachillerato, es de carácter optativo y dura un año adicional al bachillerato general; desarrolla capacidades y competencias para ingresar al mercado laboral y el emprendimiento social o económico.
Las modalidades del Sistema Nacional de Educación son la presencial, de asistencia diaria al establecimiento educativo durante el año lectivo; semipresencial, no exige asistencia diaria al establecimiento, se basa en trabajo estudiantil independiente sujeto a acompañamiento; distancia, trabajo autónomo del estudiante y tutorías.
Educación virtual y educomunicación se realiza por medio de internet o los medios de comunicación, acompañada de una tutoría y/o seguimiento presencial limitado; la educación artística, comprende las áreas especializadas de las artes.
RSA/pv
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