El Telégrafo frenó ingreso a autora de artículo censurado

Mariuxi León, editora de Diversidad, ayer fue impedida de ingresar a la Redacción para cumplir con su turno de fin de semana y se le comunicó que “pase mañana (hoy) a recoger sus cosas”, según fuentes de ese diario.

A las 18:42 del sábado último, León escribió a sus amigos en la red social Facebook que había escrito un artículo en la columna titulada ‘Desde la mesa de Redacción’, para que se publicara ayer en las ediciones impresa y de internet. Allí también consta la foto del comentario que no se publicó en la edición impresa ni en la de internet.

“El diario se manda a imprimir y el gerente de Producción, Marvin Rotter, acaba de decirme: ‘¿Estás segura de lo que vas a publicar?, ¿estás segura de que lo quieres publicar así?’. Eso por la carta que debe salir publicada mañana (ayer). Dejo la foto”, escribió la editora.

En el comentario, León se refirió a las “situaciones oscuras” que ha conocido El Telégrafo; entre ellas menciona el despido de Montoya “por oponerse” a la creación de “un mal llamado diario popular” que auspicia el Gobierno.

También habla del “funcionario torpe y equivocado” que en febrero pasado “ordenó” censurar una información sobre las resoluciones tomadas por la junta de accionistas del diario, y comenta la renuncia de David Sosa, editor de la sección Séptimo Día, por estar “indignado y cansado” de lo que acontece en el matutino.

“El que habló fue silenciado y quien actuó a escondidas permanece seguro. Previamente a estas canalladas, 63 personas públicamente dijimos al Gobierno que se equivoca ‘porque pretender construir un nuevo medio sobre las aún inacabadas bases de un proyecto inédito de periodismo es echar tierra sobre él, es enterrarlo’. La tierra nos fue lanzada a la cara”, expresó León en su nota.

Más adelante señaló: “Sepan que aunque nos reconocemos en una lucha desigual, desde donde estemos le diremos al oído: el poder es finito. Y mientras se les extingue a quienes mal lo usan, este diario –nuevamente– se imprime...”.

Los contactos de la periodista en Facebook respaldaron su escrito y se refirieron a un “policía de contenidos” en El Telégrafo, (refiriéndose a Marvin Rotter), contra quien emitieron duros calificativos.

Además, expresaron su deseo de que no se repita la “censura” de la noticia de febrero pasado, que luego debió ser publicada. Días después de ese episodio, Jorge Glas, ministro de Telecomunicaciones, reiteró la independencia editorial del diario y garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores.

Los colegas de León también critican la actitud del jefe de Redacción, Daniel Solórzano, por no haber comentado en el diario sobre la salida de su amigo y ex jefe, Montoya; y llaman a mover este tipo de informaciones a través de otras redes sociales y blogs.

Según periodistas de El Telégrafo, la Redacción vive un ambiente tenso desde que salió Montoya y advierten la renuncia de editores; hablan incluso de teléfonos intervenidos.

La idea de dar a El Telégrafo un “giro comercial” también se comenta a nivel de redacción con un proyecto de que circulen dos secciones (actualmente son tres). Fuentes vinculadas con el matutino señalaron además que la rotativa está averiada y que al momento el diario se imprime en la empresa editora Granasa.

La censura de una noticia en el diario público El Telégrafo, sobre los temas tratados por su Junta de Accionistas en una sesión del 29 de enero pasado, atizó la pugna interna en ese medio, originada por la intención del régimen de crear un diario oficial de corte popular con recursos del matutino, y el rechazo de sus directivos a este proyecto

Denuncia
El entonces director de El Telégrafo, Rubén Montoya, denunció en un editorial que “se impidió la publicación” de la nota.

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Chávez y Correa se reúnen otra vez en Quito
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Chávez y Correa se reúnen otra vez en Quito

Ambos gobiernos han concentrado sus esfuerzos en el sector hidrocarburífero, donde las alianzas estratégicas han permitido la entrega directa de contratos, es decir, sin licitación.
Fruto de los ocho acuerdos suscritos en esta materia, Pdvsa y Petroecuador registran avances parciales en seis proyectos.

En primer lugar aparece el intercambio de crudo por derivados, seguido por la creación de la empresa mixta Río Napo para la explotación del campo Sacha y la creación de la empresa Refinería del Pacífico.

Adicionalmente, Pdvsa inició, sin éxito, la exploración de gas en la isla Puná, donde Petroecuador adquirió dos torres de perforación de su similar venezolana.
Finalmente, ambas firmas prevén lanzar hoy una línea de lubricantes con la marca Petrocomercial, pero producidas por Pdvsa.

El ex sindicalista, Fernando Villavicencio, cree que los beneficios de estas alianzas se han maquillado. Por ejemplo, Pdvsa castiga más el precio del crudo ecuatoriano, es decir, se pudiera obtener más si se vendiera en el mercado internacional.

Además, los costos de producción del campo Sacha continúan siendo altos y que no hay justificación técnica para haberlo entregado a Río Napo.

El ex vicepresidente de Petroproducción, Óscar Garzón, añade el fracaso de la exploración de Pdvsa en Puná y cuestiona el costo y la eficiencia de las torres de perforación adquiridas a Pdvsa.

En materia comercial, ambos gobiernos han promovido convenios para promocionar las exportaciones, aunque el avance es relativo. Pese a ello, las exportaciones no petroleras hacia Venezuela han crecido (ver gráficos), según cifras del Banco Central

Carlos Ribadeneira, presiente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Venezolana, cree que es urgente la firma de un acuerdo comercial de largo aliento con Venezuela para mejorar el intercambio. En esa línea, también es importante que se aplique un sistema de compensación de pagos simplificado, para que los exportadores reciban las divisas por la venta de sus productos.

Este sistema debía entrar en ejecución en agosto del año pasado, pero no sucedió. Este tema se puso en la agenda bilateral cuando se presentaron retrasos en el pago a exportadores ecuatorianos.

A pesar de que los presidentes de Ecuador y Venezuela han intentado dar muestras de mantener una relación estrecha y permanente, su política exterior es un punto de quiebre. Tres analistas y un embajador señalan a este Diario que la vinculación de Rafael Correa con Hugo Chávez tiene dos momentos.

El primero se inició en 2006, cuando Correa era candidato presidencial y su discurso de tarmina empataba plenamente con el de Chávez.

Los dos presidentes se reúnen hoy y firmarán acuerdos comerciales y de cooperación binacional, en minería, pesca y cacao.

Asamblea obliga a medios a rendir cuentas

La ley de Participación Ciudadana, incluido el veto del Ejecutivo que obliga a los medios de comunicación a presentar una rendición de cuentas anual, se encamina a su aprobación mediante el recurso legal conocido como Ministerio de la Ley.

Esto luego de que anoche, en una sorpresiva sesión convocada por el presidente de la Asamblea para reanudar la suspendida reunión del martes, la propuesta de insistir en el texto de la Ley aprobado por el Legislativo no obtuvo los votos de respaldo necesarios.

En una primera ronda, el allanamiento a partes del veto relacionadas con cambios formales obtuvo el apoyo de 91 legisladores. Sin embargo, cuando llegó el momento de aprobar o desaprobar los cambios propuestos por el ejecutivo a aspectos de fondo de la Ley, entre ellos el de la rendición de cuentas de los medios, las opiniones se dividieron: hubo 48 voluntades en contra del veto, 38 se manifestaron a favor y 10 asambleístas (de 96 presentes) se abstuvieron de emitir su criterio.

Ante ello, Fernando Cordero, titular del Legislativo, clausuró la sesión, permitiendo que corra el plazo que tiene el Segundo Poder del Estado para pronunciarse sobre el veto hasta el 3 de abril, y abriendo la posibilidad de la vigencia obligatoria del proyecto de ley en los 30 días posteriores.

A partir de allí, el Consejo de Participación Ciudadana deberá determinar el procedimiento de la rendición de cuentas y quien se responsabilizará de estos mecanismos.

Vicente Taiano, asambleísta del PRIAN, indicó que la forma de aprobación de la Ley de Participación es legal, pero añadió que con ella se evidencia una jugada del legislativo con sus propias reglas. "Al ingresar el veto por el Ministerio de la Ley, esto autentificará la conformación de los Comités de la Revolución Ciudadana (CDRs) y la mordaza para los medios", señaló.

El analista Gustavo Medina confirmó que el recurso utilizado por Alianza País para pasar el veto es legal pues está en la Ley Orgánica de la Asamblea. Pero alegó que esta no debería optar por tal recurso cuando tratan asuntos controversiales y de tanta de importancia como dicho paquete de leyes. "El no llegar a una resolución y optar por dejar que pase el tiempo es la forma que tiene la legislatura para lavarse las manos ante el veto del Ejecutivo", afirmó.

Por su parte, la asambleísta de AP María Paula Romo señaló que "el veto no obliga a los medios a rendir cuentas a ningún poder del Estado". Y aclaró su punto de vista de que dado que "los medios son empresas que prestan servicios públicos o de interés público, deben rendir cuentas a la ciudadanía. Esa es una diferencia importante", señaló la legisladora del bloque oficialista.

Cercanos a Patiño comandan el Quinto Poder

La socióloga guayaquileña Juana Miranda y el abogado manabita Fernando Cedeño, por unanimidad, fueron elegidos presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación

Aunque la sesión para elegir al presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) o Quinto Poder, fue convocada para las 12:00 de ayer, los siete consejeros principales llegaron una hora antes.

Un piquete de seguridad resguardó las oficinas del Quinto Poder, en el tercer piso del Banco Amazonas, en el norte de Quito. La sesión, que inició con puntualidad, fue dirigida por la consejera Patricia Ordeñana, quien después de leer el acta de posesión de los 14 integrantes del Quito Poder, dio paso a la elección de las autoridades.

La consejera azuaya Mónica Banegas postuló a la socióloga guayaquileña Juana Miranda, cuya candidatura fue auspiciada por la Cooperativa de Todas, una entidad creada en 2003 por el actual canciller Ricardo Patiño.

La moción fue acogida y, por unanimidad, Miranda fue nombrada presidenta y posesionada, en una improvisada ceremonia dirigida por Luis Pachala, el único representante indígena en el Consejo de Participación.

Miranda juró que trabajará con imparcialidad e independencia, pero Pachala también le recordó los preceptos indígenas: ama quilla, ama shua, ama llulla (no mentir, no robar y no ser ocioso).

Y fue el mismo Pachala quien nominó a Fernando Cedeño para vicepresidente del organismo, lo cual fue aprobado, también por unanimidad.

Cedeño también es cercano a Ricardo Patiño. Primero como tesorero de la campaña de Alianza País en 2008 y luego como secretario general del Ministerio de Economía, cuando el actual canciller dirigía esa cartera de Estado.

Después de ser posesionados, Miranda y Cedeño se negaron a dar declaraciones a la prensa, mientras Pachala y David Rosero (relacionado con el MPD) aseguraron que vigilarán el desempeño de las nuevas autoridades.

"Este poncho tiene fuerza y no miente. Si están jugando seré el primero en fiscalizarles, les advierto a todos y si estuvieron vinculados (con el canciller) tienen que cortar ese cordón umbilical, se acabó cualquier vinculación", dijo Pachala. Rosero fue más cauto y solo advirtió que el nuevo Consejo deberá actuar con independencia de los otros poderes del Estado. A partir de hoy, los miembros del Consejo tienen 30 días para aprobar tres reglamentos: dos para normar el funcionamiento interno de la entidad y uno para elegir a las autoridades de control, como Procurador, Conralor, Fiscal, superintendentes de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones y Defensor del Pueblo.

Correa emplaza a la Policía Nacional

Rafael Correa aspira a que la fuerza pública funcione de la mejor manera; no obstante, dice que la responsabilidad es compartida

Los problemas de inseguridad en el país convocaron ayer a una mesa de análisis en Palacio, en donde se establecieron algunas definiciones que podrían alterar el curso de ciertas acciones emprendidas durante estos tres años de Gobierno.

"Yo no voy a esperar mucho más, hemos esperado más de tres años. Se le ha dado todo el apoyo a la Policía, todo lo que nos han pedido, jamás he apoyado tanto a la Policía", remarcó el presidente Rafael Correa, antes de dar inicio a un taller de trabajo en el Palacio de Gobierno, en el cual se analizaron estrategias para combatir la inseguridad en el país.

Uno de los primeros en llegar a la cita fue el comandante de la Policía, Freddy Martínez, acompañado de la cúpula policial. Este lunes, Martínez puso su cargo a disposición de Correa.

Aunque se ha mencionado que la dimisión del oficial se debería a un pedido de disponibilidad, esta estaría atada a la permanencia de los altos niveles de inseguridad que se viven en diversos puntos del país, los cuales aparecen como uno de los puntos "flacos" del Régimen.

Asistieron el vicepresidente Lenín Moreno, los ministros de Gobierno, Gustavo Jalhk; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal; de Política, Doris Soliz, y de Defensa, Javier Ponce.

Aunque Correa mencionó que el problema de la seguridad no solo le corresponde a la Policía, sino al sistema judicial, insistió que "se necesita obviamente que la fuerza pública funcione de mejor manera".

Según Correa, no ha existido en el país una "explosión de violencia", pero admitió que no hubo en esta área un "quiebre", tal como sí ocurre en Educación, Salud, Crédito Agrícola. "Esperamos que podamos pulir en este taller la estrategia para hacer ese quiebre y enfrentar el problema", dijo.

Decomiso de armas. El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, defendió los procedimientos seguidos en el operativo que permitió decomisar armas y equipos de fabricación de armamento en la localidad de Chimbo (Bolívar), duramente cuestionado por varios afectados.

Según Carvajal, la operación se realizó con la presencia de varios fiscales y siguió las formalidades legales que el caso ameritaba. Pero, informó que se investigará si existiera algún exceso por la acción de uniformados.

Agip Oil, expulsado de Bloque 10

Seis comunidades de la parroquia Sarayacu (provincia de Pastaza) resolvieron no permitir el acceso al bloque 10 a la empresa Agip Oil Ecuador debido a inconvenientes ocurridos el miércoles 24 de Marzo, cuando los representantes de la empresa no asistieron a una reunión a la que fueron convocados.

Los dirigentes indigenas sostienen que han existido abusos por parte de la empresa, y que no permitiran ninguna actividad hasta que se pueda llegar a un arreglo definitivo.

Por otro lado, piden el fin de los atropellos y que se indemnice por los daños medioambientales causados en la región; además, que se efectivicen la firma de acuerdos directamente con las comunidades y no a través de intermediarios, para que el presupuesto llegue completo, y asi lograr el desarrollo de la zona.