Conaice no apoya movilizaciones

Aunque los indígenas de la Sierra y la Amazonia mantienen su postura de romper el diálogo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) insiste en buscar un acercamiento con el Gobierno.

Raúl Tapuyo, presidente de la organización, considera que “no es necesario romper completamente los nexos con el Régimen” , ese es el planteamiento que llevará a la Asamblea Nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que se realizará este fin de semana en Ambato.

En ese espacio, 400 delegados de los pueblos y nacionalidades indígenas agrupados en las filiales de Sierra (Ecuarunari), Costa (Conaice) y Amazonia (Confeniae) definirán la postura que mantendrán frente al Régimen.

Más cerca del Gobierno
“Lo que nosotros estamos buscando en la Asamblea General (de la Conaie) es mantener y fortalecer nuestra relación con el Gobierno”, aclaró Tapuyo, quien reconoce que la Conaice estará en desventaja en la Asamblea de la Conaie.

Esto porque líderes como Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, y Tito Puenchir, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) han expresado que ya no quieren reunirse con delegados del Gobierno.

Puenchir, incluso, mencionó la posibilidad de recoger firmas para pedir la revocatoria del mandato del Presidente de la República.

“Nosotros estaremos solos con nuestra convicción de estrechar los lazos con el Presidente (Rafael Correa) pero si la Conaie nos incita al levantamiento, lo haremos sólo si se llega a un consenso”, remarcó el presidente de la Conaice.

Diferencias y coincidencias
Tapuyo aseguró que los delegados de la Conaice agotarán todos los esfuerzos para que se mantenga el diálogo con el Gobierno.

“Ese es el mecanismo más idóneo. Nuestro pueblo no se unirá a ninguna marcha si se va a incurrir en la violencia. Nuestro pueblo marchará sólo si es el caso extremo de no concretarse el diálogo, ése será el punto final de las conversaciones”, indicó el dirigente.

El indigena de la Costa no es partidario de desgastar el recurso de las movilizaciones o el levantamiento indígena.

Al contrario, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, dijo que el 26 de febrero se podría decidir el levantamiento, porque el movimiento indígena no está peleando contra una persona “sino contra el modelo de neoliberalismo, el modelo económico que no favorece a los sectores excluidos”.

Pese a las diferencias en sus planteamientos, Tenesaca y Tapuyo coincidieron en asegurar que no habrá ningún acercamiento con grupos de derecha que buscan aprovechar la fuerza del movimiento indígena.

Posición del Gobierno
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, advirtió a la dirigencia de la Conaie sobre las pretensiones de la derecha política para usar la capacidad de movilización del movimiento indígena por cuanto “ellos no tienen ninguna más allá del límite de Guayaquil”.

La funcionaria cuestionó: ¿quiénes están interesados en que falle el diálogo? La respuesta es muy clara, dijo “en este pronunciamiento están personajes de ingrata recordación, como son Rafael Pandam, Antonio Vargas y Valerio Grefa que han servido a los gobiernos neoliberales y ahora hacen un llamado similar al que hace la derecha” de nuestro país para socavar este proceso de cambio.

En tanto, el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que el Gobierno no interferirá en las reuniones y manifestaciones del sector indígena, siempre que respeten las leyes.

“Están en su derecho, como todos los ecuatorianos, de manifestarse libremente. El Gobierno sigue abierto al diálogo con todos los sectores sociales y más aún con los hermanos indígenas”, dijo Moreno.

Pueblos de la Conaice

° Awas
° Chachis
° Eperas
° Tsáchilas
° Huancavilcas
° Manteños
° Punáes
° Kichwas residentes en la Costa.

"Para poder llegar a un acuerdo no queremos hablar con delegados del Gobierno, sino con el presidente (Rafael) Correa”.
Raúl Tapuyo
Presidente de la Conaice(La Hora)

Pesántez arremete contra dos Ministros

A la pugna política entre el fiscal general Washington Pesántez y la bancada legislativa de PAIS se suma un caso que incide en el cálculo de ambos lados: desde el 12 de marzo del año pasado la Fiscalía mantiene abierta una indagación en contra de Gustavo Jalkh, actual ministro de Gobierno, por el supuesto mal manejo de $ 1,7 millones en la implementación de un plan informático para la Función Judicial, cuando este fue director técnico de Projusticia.

La investigación también incluye al actual ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien se desempeñó antes como asesor jurídico de Projusticia, y al ex director ejecutivo de ese organismo, Víctor Mora.

Projusticia se creo mediante decreto en 1995 como una unidad adscrita a la Presidencia de la República, con el objeto de canalizar recursos internacionales para la reforma judicial. Dos años más tarde pasó a depender de la entonces Corte Suprema de Justicia y luego del Ministerio de Justicia.

El organismo implementó un programa informático en los juzgados corporativos de Quito, Guayaquil y Cuenca en 1997, con recursos de la cooperación internacional que, de acuerdo con la Fiscalía, tuvo un manejo irregular.

Según la indagación, Projusticia contrató a la empresa DPK, con sede en Estados Unidos, para la instalación de un sistema informático que costó 1,7 millones de dólares pero que nunca funcionó. En el expediente se menciona además a la empresa Xnear (de Chile) y a Lexis (de Ecuador).

La adquisición de infraestructura y el equipamiento de los juzgados se cumplió. Pero, según la Fiscalía, el desarrollo del sistema tuvo problemas, por inconsistencias en la estructura de la base de datos y de una unidad denominada Front End.

Según las investigaciones, durante un año y medio técnicos ecuatorianos advirtieron a Projusticia que el software tenía inconvenientes que provocaban la caída del sistema. Pero los informes no fueron tomados en cuenta.

Un informe del consultor de la Politécnica Nacional Enrique Mafla, contratado por Projusticia, dice que era necesario un nuevo sistema.

El Banco Mundial y Projusticia terminaron la relación contractual con las empresas Xnear y Lexis, aunque a esas alturas Projusticia ya había pagado todo el valor del contrato.

La indagación se filtra a la prensa en momentos en que un sector de la bancada de PAIS acusa al fiscal Pesántez de interferir en el caso de Natalia Emme, de designar a funcionarios y fiscales sin concurso y de abuso de poder, entre otros.

Jalkh y Pesántez mantuvieron diferencias en el 2009 por la aprobación del Código Judicial. En ese entonces, el Fiscal amenazó al Ministro con investigar su gestión al frente de Projusticia.

Asambleístas de País denuncian supuestas anomalías en Fiscalía

Los asambleístas de País analizan la documentación presentada por la Fiscalía sobre el trabajo efectuado, los viajes realizados, los viáticos cobrados, supuestos parentescos entre funcionarios, etc.

Estos datos fueron pedidos el 2 de febrero pasado, por 33 asambleístas del bloque gobiernista. Ellos consideran que en la Fiscalía “se han cometido actos de corrupción”. Por ello, iniciaron con la fiscalización previa a un posible juicio político.
Presuntos familiares
Según María Paula Romo, de País, la Fiscalía envió documentos a la Asamblea con datos de los concursos de oposición y méritos para llenar vacantes.
El fiscal Geovanny Freire es supuestamente hijo del fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, se dijo en la Asamblea.
Asimismo se sostuvo que Homero Zúñiga, de la Fiscalía, es supuestamente hermano de Daniela Zúñiga, coordinadora de Delitos Flagrantes.
Asambleístas de País dijeron que el fiscal de Cañar, Pedro Flores Pesántez, es el presunto hermano del asesor de la Fiscalía, Hernán Flores Pesántez.

El legislador Virgilio Hernández planteó un pliego de preguntas que todavía no ha sido respondido en su totalidad. No obstante, ayer se presentaron algunos de los documentos que fueron enviados por la Fiscalía.

Según la asambleísta María Paula Romo, se recibieron unas 2 500 páginas. En ellas hay datos de descuentos hechos a funcionarios de la Fiscalía en los últimos tres años, como aportes para la Asociación de empleados.

“De la suma total de descuentos, se desprende que la Asociación ha recibido cerca de USD 2 235 000 mensuales como aportes, es decir cerca de USD 27 millones anuales. Pero no dice para qué se ha utilizado ese dinero”, sostuvo Romo.

En la solicitud de información se pidió que se remitan todos los contratos suscritos con empresas encuestadoras. Según los asambleístas, para medir la popularidad de Pesántez. Sin embargo, él aclaró que los convenios suscritos fueron para medir la calidad del servicio que brindan los fiscales “y obtener información que permita implementar procesos de mejora”. Dijo que en 27 meses de gestión se han gastado USD 27 000 en las encuestas.

Además, la legisladora señaló que se comprobó que en la Fiscalía existe una “especie de redes y círculos de parentescos y amistades en la Fiscalía. No necesariamente con Pesántez”.

En las preguntas se cuestionaban los costos que significaron los eventos de rendición de cuentas. Pero Pesántez respondió que en su informe al país del primer año de labores se pagaron USD 3 500, y en el segundo evento, 2 800. Ambos se realizaron en la Capilla del Hombre.

Estas investigaciones se iniciaron luego del escándalo que surgió por la muerte de Natalia Emme. Ella fue atropellada por un vehículo de la Fiscalía, en el que viajaba la esposa de Pesántez.

Esto motivó que el Fiscal pida licencia por 15 días. Pero ayer anunció, en una carta, que extiende su permiso sin sueldo por una semana más, mientras concluye la indagación del caso Emme (1 de marzo). “Lapso en el que espero se cumplan todas las diligencias procesales y se evidencie mi intención de no intervenir en ellas”, dijo.

Las diligencias en el caso Emme seguirán este jueves; para las 08:45 está prevista la reconstrucción de los hechos.

El Gobierno pide dialogar con la Conaie

La reacción del Gobierno ante el anunció de un posible levantamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fue inmediata. Ayer, la secretaria de los Pueblos, Alexandra Ocles, convocó a una rueda de prensa urgente, hacia el mediodía, para pedir a la organización indígena más fuerte del país que fijara la fecha, hora y lugar para dialogar y evitar una movilización a nivel nacional.

Sin embargo, ese pedido aún no tiene respuesta. Marlon Santi, presidente de la Conaie, dijo que no se pronunciará hasta después de la asamblea general que los indígenas realizará en Ambato a partir de este jueves.

Ocles, aseguró que el proceso de diálogo con esta organización, que se inició en octubre pasado, tras la última jornada de protestas, ha sido productivo. Empero, reconoció que hay disensos que explicarían, en parte, las razones por las cuales la Conaie decidió abandonar en diciembre pasado las mesas.

Parte de esas diferencias son conformación y atribuciones que tendrá el Consejo Plurinacional del Agua. También hay complicaciones en las reformas a la Ley Minera planteadas el 5 de octubre pasado, por la comunidad shuar.

Como una estrategia para contrarrestar la movilización que alista la Conaie. “Esta semana se lanzará la convocatoria para que se presenten los proyectos de radios comunitarias”. Este proceso se iniciará mañana. Es decir, un día antes de la asamblea de la Conaie.

Ocles sostiene que no todas las bases amazónicas están de acuerdo con su dirigencia. “Nos han dicho que muchas nacionalidades no estuvieron”, dijo Soliz, tras insistir que parecería un pronunciamiento parcial.

Correa y Uribe normalizarán las relaciones

Playa el Carmen. A puerta cerrada, el presidente Rafael Correa y el colombiano Álvaro Uribe hablaron cara a cara. Ellos escogieron un salón del Hotel Grand Velas, para cumplir esa cita que estaba prevista dentro del plan de normalización de las relaciones bilaterales.

La reunión empezó a las 21:00 de ayer. Los mandatarios, según informó el periódico del Gobierno El Ciudadano, solo estuvieron acompañados por sus cancilleres: Ricardo Patiño (Ecuador) y Jaime Bermúdez (Colombia). Aunque en las fotografías también apareció el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.

El encuentro duró aproximadamente 50 minutos. A su salida, Correa sostuvo que fue ratificada la voluntad de los dos gobiernos para normalizar las relaciones bilaterales, que se rompieron el 1 de marzo de 2008. La madrugada de ese día, los militares colombianos atacaron una base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que estaba escondida en un caserío de Sucumbíos, en la frontera binacional.

Para cumplir con ese objetivo, en la reunión se trazó una hoja de ruta que incluye la participación activa del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos dos organismos regionales serán como un puente para que los pedidos ecuatorianos de información sobre el bombardeo en Angostura, sean respondidos en el menor tiempo posible, resumió El Ciudadano.

Correa explicó que “aunque no se han establecido ni fechas, ni plazos, el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, se ha comprometido nuevamente a entregar la información requerida por Ecuador en torno al operativo armado ejecutado hace casi dos años.

“Hay la voluntad de retomar las relaciones al más alto nivel, pero esto no se puede hacer sin beneficio de inventario”, sostuvo el Jefe de Estado ecuatoriano.

El encuentro con Uribe cerró un día agitado del Presidente ecuatoriano. Antes habló con el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera. Los detalles del diálogo no fueron dados a conocer. Mientras que en la mañana, conversó con los jefes de Estado que son miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).

Esta cita era parte de las reuniones previstas antes del inicio de la Cumbre del Grupo de Río y sirvió para que se afine una agenda que llevaría este grupo.

En la reunión, que duró cerca de 45 minutos, estuvieron los mandatarios de Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Además, participaron representantes de República Dominicana, Antigua y Barbuda y de San Vicente y Las Granadinas.

A. Latina busca crear otra OEA, pero sin EE.UU. ni Canadá

En la Cumbre del Grupo de Río, que se inició ayer, los presidentes de América Latina y el Caribe oficializaron la propuesta de una integración regional de la que quedarían excluidos Estados Unidos y Canadá.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, al inaugurar la cita invitó a dar el primer paso para la creación de la entidad –que aún no se decide si será organización, unión o comunidad–, que se aspira a que funcione desde el 2011.

La reunión de los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe, su primera cita luego del bombardeo de Angostura, se efectuó anoche de manera reservada y no se informaron detalles al respecto.

En una declaración, América Latina y el Caribe reconocerán la soberanía de Argentina sobre las Malvinas y respaldarán a esta nación en el conflicto con el Reino Unido.

Una fuerte discusión sostuvieron anoche en Cancún los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Venezuela, Hugo Chávez, durante una sesión privada de presidentes.

Los representantes de 32 países, entre ellos 25 presidentes o jefes de gobierno, prepararán a más de las resoluciones sobre Haití y las Malvinas, otra sobre el bloqueo de EE.UU. a Cuba.

También fue comentada la llegada en silla de ruedas del mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, tras su reciente operación de rodilla en Cuba, aunque para la foto oficial que se tomó unas horas después prefirió utilizar unas muletas que disimulaban su dolencia.

Al margen de la agenda oficial, algunos países, como Brasil, propondrán reincorporar a Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue expulsada a raíz del golpe de Estado del 2009, entre otros temas, según el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. El presidente hondureño, Porfirio Lobo, que asumió en enero pasado, no fue invitado.

Sobre el futuro mecanismo regional, el presidente Hugo Chávez dijo al llegar a Cancún, la noche del domingo, que se trata de una “propuesta para desprendernos definitivamente del coloniaje (en el) que EE.UU. puso al continente”.

Los presidentes discutían ayer, en dos sesiones plenarias, los términos del borrador de declaración, acordado casi en todos sus puntos el fin de semana por los cancilleres y que está previsto se firme hoy.

Pese a la coincidencia de los pronunciamientos sobre la necesidad de unir a la región, no está claro aún si el documento que se suscribe hoy crea formalmente el bloque que fusionaría al Grupo de Río con los países del Caribe. El bloque regional, que incluso abordaría temas tradicionalmente excluidos, como la defensa y seguridad regional, podría entrar en funcionamiento formalmente en julio del 2011.

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró en su discurso en la primera sesión plenaria de la Cumbre, que es “ridículo” y “cínico” plantear que su país realizará alguna “amenaza bélica” contra Reino Unido por las islas Malvinas.

Los presidentes efectuaron una reunión privada y, hasta el cierre de esta edición, no se informó detalles respecto a la anunciada cita entre Correa y el gobernante de Colombia, Álvaro Uribe. Los dos países mantienen rotas las relaciones desde el 2008, tras el ataque colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Correa dijo que la acción violó la soberanía de su país.

Ecuador pedirá a GAFI revisar informe sobre riesgo financiero del país

El Gobierno pedirá al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que revise y

rectifique su último informe, que aborda el riesgo financiero del país y que, según el

procurador del Estado, Diego García, ha causado malestar en el país e interpretaciones

imprecisas de los medios.

García señaló a periodistas que pedirá al GAFI " la revisión de este pronunciamiento" e

indicó que "Ecuador no ha sido declarado como un país que sea favorable al lavado de

activos o al financiamiento del terrorismo", como han advertido algunos medios de

información, al tiempo que aseguró que "no existe ninguna lista negra" del GAFI.

Según la prensa local, el grupo, que lucha contra el lavado de dinero y la financiación al

terrorismo, colocó el pasado jueves a Irán, Angola, Corea del Norte, Ecuador y a Etiopía

en una lista negra, al decir que representan riesgos para el sistema financiero internacional.

"Todos estos fueron calificativos que se originaron en noticias de las agencias de prensa

internacionales", añadió el procurador ecuatoriano, quien dijo que esas afirmaciones

pueden dañar la imagen del país y, además, no se sustenta en la realidad de Ecuador.

Al pronunciamiento de García se sumaron también los titulares de otros organismos de la

función judicial, que coincidieron en rechazar el informe del GAFI.

El GAFI señaló el pasado viernes en un comunicado que Ecuador muestra "deficiencias

estratégicas" y falta de compromiso político en la represión del lavado de dinero y de las

operaciones financieras de grupos terroristas.

Ese día, el grupo intergubernamental, creado en 1989, recomendó a Ecuador "establecer y

aplicar procedimientos adecuados para identificar y congelar los activos de los terroristas"

y "para la confiscación de fondos relacionados con el lavado de dinero".

En respuesta, mediante una resolución conjunta, la Corte Nacional de Justicia, la

Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, la

Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la de Compañías y la de

Telecomunicaciones rechazaron el informe.

En el documento, esas instituciones aseguran que Ecuador dispone de instituciones que

actúan "coordinada y sistemáticamente" por la transparencia y control de todas las

actividades de interés público consagradas en la Constitución del país.

"Ecuador no tolera ninguna de las formas de crimen organizado, narcotráfico, lavado de

activos, financiación al terrorismo, tanto en su legislación interna como en las acciones que

desarrolla para prevenir la comisión de los delitos antes mencionados", precisa el

documento.

Además, exhortaron a que el manejo de la información relacionada con el "injustificado

pronunciamiento del GAFI" refleje en forma rigurosa el alcance de las recomendaciones

de los organismos internacionales, con el objetivo de proteger los intereses del país.

De su lado, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE),

César Robalino, alertó de las consecuencias para el país por el informe del Grupo de

Acción Financiera Internacional.

"Es un asunto de mucha gravedad, por las implicaciones que esto tiene en el mundo",

afirmó Robalino tras advertir de que "la banca internacional puede restringir los servicios

de corresponsalías y eso no es bueno para Ecuador".

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por su parte, calificó el pasado sábado como

una "barbaridad" el informe del GAFI y dijo intuir que éste se dio por la relación que

Ecuador mantiene con Irán, lo que para él, molesta a grupos conservadores de países

poderosos.

"Vamos a llevar nuestra más enérgica protesta al Grupo de Río e iniciativas importantes"

como hacer un propio grupo de control de lucha contra el narcotráfico, lavado de activos

y financiación del terrorismo, "sin depender del tutelaje de potencias de fuera de la región",

indicó Correa.