Albornoz a Electricidad, un año después de la crisis

El secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, manifestó que las renuncias de Roldán y Ocles no afectarán el esquema existente para la oxigenación del equipo de ministros en el Gobierno

El Salón Amarillo del Palacio de Carondelet fue el escenario en donde, 15 minutos después de lo previsto, se posesionaron ayer tres nuevos funcionarios del Gabinete Ministerial.

Esteban Albornoz fue posesionado como nuevo ministro de Electricidad y Energía, mientras que Edwin Jarrín y María Luisa Moreno son los actuales titulares las secretarías de Transparencia de Gestión y de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, respectivamente.

Albornoz retoma el cargo luego de que la renuncia de Miguel Calahorrano fuera aceptada ayer por el Ejecutivo. Calahorrano puso a disposición su cargo, al igual que los demás ministros de Estado en diciembre de 2010. Según indicó el presidente Rafael Correa, el ex ministro representará al país en el exterior, pero no dio mayores datos.

El actual ministro Albornoz ya ocupó el puesto en 2009 durante cinco meses y salió del mismo a finales del año mencionado tras el anuncio de nuevos apagones por aquellos días.

De su parte, los dos nuevos secretarios también han formado parte del actual Gobierno. Edwin Jarrín, ahora en Transparencia, fue subsecretario del Ministerio del Interior y reemplaza a Juan Sebastián Roldán, quien renunció al cargo a la vez que se retiró de Alianza País, junto con Alexandra Ocles, ex secretaria de Pueblos y los miembros de Ruptura de los Veinticinco.

La secretaria María Luisa Moreno, quien fue gobernadora de Manabí hasta la semana anterior, manifestó que, dentro de su labor en el nuevo puesto al que ha sido asignada, buscará crear espacios de diálogo con la ciudadanía para la atención de todos sus requerimientos.

Sobre el trabajo de su antecesora, señaló: "No hay que desestimar su labor, vamos a tomar lo que se ha estado trabajando y todo lo bueno lo vamos a reforzar".

Para Jarrín, su labor iniciará identificando y entendiendo la mecánica de operación de la entidad. Su paso por el Ministerio del Interior le permitió un contacto con la Secretaría en temas de coordinación política y de seguridad interna y externa, por lo cual no está muy alejado de los proyectos.

"Vamos a ver en qué parte estamos de esos proyectos", dijo Jarrín. Además, aseguró que se trabajará en la parte de prevención, debido a la importancia de cambiar los patrones socio-culturales para dejar de ver a la corrupción como "algo normal".

Sistema de energía Lago de Chongón opera desde hoy

Con la entrada en operaciones del sistema de transmisión Lago de Chongón, Celec espera cubrir la demanda de electricidad de la nueva provincia costeña

El sistema de transmisión Lago de Chongón, ubicado en Santa Elena, y destinado a mejorar el suministro de energía en esta provincia y en Guayas, entra hoy en funcionamiento, después de que el Estado realizara una inversión aproximada de unos $22,4 millones.

Para el inicio de la actividad de la planta, unos 138 mil voltios se extendieron de las barras en el patio de la subestación Santa Elena. Este complejo opera desde 1986.

Por ello, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) espera que esta nueva generación térmica aporte con 90 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Adicionalmente, la empresa estatal encargada de expandir y operar el Sistema Eléctrico Nacional informó que para los trabajos de conexión será necesario desconectar la referida subestación, en el horario de 06:00 a 12:00 de hoy.

De esta manera, la empresa pública no podrá atender, por este lapso, la demanda de energía de la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) de Santa Elena

Censura previa vuelve a debate por la consulta

La propuesta de crear un Consejo de Regulación para controlar los contenidos vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la censura previa.

Para Vicente Ordóñez, presidente Nacional de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), el planteamiento que hace el presidente Rafael Correa en la consulta genera preocupación porque no se sabe cuáles serán las responsabilidades del organismo de control.

Agregó que si ese ente no tiene una real autonomía del Gobierno y de los sectores involucrados (medios y periodistas) se corre el riesgo de perder la libertad de expresión.

“La creación de un Consejo de Regulación constituiría una censura previa”, enfatizó Ordóñez, quien sostiene que esto contradice el artículo 18 de la Constitución, que señala que todos tenemos derecho a informar, producir, transmitir información sin censura previa.

En cuanto a la responsabilidad ulterior que también consta en la pregunta del plebiscito planteado por Correa, el directivo de la UNP asegura que siempre ha existido, pero aclaró que este es un principio que sólo los jueces pueden determinar y sancionar.

Análisis a fondo
Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, hay que tomar en cuenta que, tal como está planteado en la pregunta, el Consejo de Regulación no tendría ninguna limitación.

Este tema ya se discutió cuando los jefes de bloque de la Asamblea Nacional suscribieron un acuerdo ético político para tratar la ley de comunicación.

En la pregunta, sin embargo, se ignora ese trato y simplemente se dice que habrá un Consejo de Regulación y “esto abre la posibilidad para que el Gobierno designe a los representantes del Consejo”, dijo Ricaurte.

Un segundo punto de análisis, según el titular de Fundamedios, tiene que ver con la potestad de normar y controlar los contenidos que según la pregunta serían “violentos” o “discriminatorios”. Con esto se “introduce el elemento de la censura previa de los contenidos”, acotó Ricaurte.

Abrir este “espacio para que se puedan censurar contenidos previos” es, según Ricaurte atentatorio a la Constitución y los Tratados Internacionales firmados por el Ecuador en temas de Derechos Humanos.

Pregunta 4 de consulta popular

Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?

SRI devolverá, a partir de hoy, el IVA a turistas

A partir de hoy, los turistas extranjeros que lleguen a Ecuador podrán solicitar la devolución del 50% del monto que paguen por Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de bienes nacionales y alojamiento.

La iniciativa, promovida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio de Turismo, Ministerio de Industrias y la Secretaría Nacional de Aduanas busca incentivar el turismo y promocionar el país en el extranjero, a través de incentivos económicos.

El director del SRI, Carlos Marx Carrasco, explicó que la medida se aplica solo a turistas extranjeros que deberán llenar una solicitud de devolución del IVA adjuntando las facturas que superen los 50 dólares y depositarlas en las ánforas que estarán ubicadas, con ese propósito, en los aeropuertos de Quito y Guayaquil.

“Si la factura es de 150 dólares, $ 50 son la base y solo se tomará en cuenta el excedente, es decir, los $ 100, cuyo IVA es $ 12, y de ese monto se devuelven $ 6 (50%), porque el resto servirá para cubrir los servicios administrativos que demanda el sistema de devoluciones”, indicó Carrasco.

Aplican para la devolución del IVA solo las facturas por compras, de bienes nacionales y hospedaje, superiores a $ 50

El viceministro de Industrias y Productividad, Diego Vergara, sostuvo que la medida también beneficiará a los negocios locales, porque se fomenta el consumo de productos, como café, textiles, prendas de vestir, sombreros, chocolates, calzado, artículos de cuero, bisutería, joyas, artículos de madera, vidrio, licores, instrumentos musicales, entre otros.

La devolución del IVA se realizará 120 días después del retorno del turista, a través de un depósito del valor correspondiente en sus tarjetas de crédito, cuyo número quedará registrado en la solicitud entregada por el turista.

Para avalar el proceso, los funcionarios de la Aduana en los aeropuertos constatarán que el turista tenga el bien menciondo, para luego colocarle un sello, porque “la lógica es como no cobrar el IVA a la exportación”, manifestó Carrasco.

Hoteles y locales comerciales son parte importante del proceso.

Según el ministro de Turismo, Freddy Ehlers, durante el 2010 se registraron alrededor de 1.000 millones de ingresos al país y se calcula que un turista gasta, en promedio, cerca de 1.000 dólares durante su visita.

5’000.000 de dólares estima el SRI que devolverá por concepto de IVA a los turistas extranjeros

“Si un turista ha permanecido una semana y ha pagado más de 1.000 dólares, le van a devolver unos 60 dólares. Muchos países lo están haciendo y el Ecuador se pone a tono con el turismo mundial”, anotó el funcionario.

Por ese motivo, Carrasco informó que la meta es que a futuro todos los hoteles y locales comerciales que ofrecen productos hechos en el país se inscriban en el SRI, para facturar en línea y de ese modo dejar de lado el formulario y hacer las devoluciones de forma automática. Hasta el momento estarían inscritos al sistema 12 hoteles, pero es un proceso opcional.

Según estimaciones de Carrasco, el Estado dejaría de percibir 60 millones de dólares, en el caso de que los 1.000 millones de turistas hagan uso de este recurso, pero mientras se difunde el sistema, el funcionario considera que al cierre del 2011 las devoluciones bordearán los 5 millones de dólares.

Con ese tipo de incentivos, el Gobierno espera estimular el turismo, sector que en el último año registró un crecimiento del 8%.

Correa defiende la legalidad de consulta

La consulta popular fue el principal eje sobre el que giró la entrevista que concedió la noche del domingo el Presidente de la República, Rafael Correa.

El Primer Mandatario defendió la constitucionalidad del referéndum. Explicó que de ninguna manera la consulta pretende reformar la estructura de la Constitución.

Agregó que una situación de caos en la justicia del país ha impulsado las propuestas de las preguntas 4 y 5 del texto del referéndum.

En esas preguntas se plantea la reestructuración del Consejo de la Judicatura (CJ). Además, se crea una Comisión tripartita en lugar del actual CJ, que está integrado por nueve miembros.

El gobernante se mostró crítico frente al desempeño del organismo regulador de la Función Judicial y afirmó que se ha comprobado que la actual estructura no cumplió con las espectativas.

La propuesta incluye que el nuevo ente esté integrado por un representante del Ejecutivo, un delegado de la Asamblea Nacional y otro de la Función de Transparencia y Control Social.

Correa expuso los casos de México, España e Italia, donde el órgano regulador de la justicia tiene representantes de otros poderes del Estado.

Las declaraciones de actores políticos de la oposición no tienen fundamentos a juicio del Jefe de Estado.

Correa señaló que tiempo atrás la derecha era partidaria de que se llame a consulta popular. Sin embargo, una vez planteado el referéndum, las posiciones cambiaron y ahora son opuestos a que los electores se pronuncien en las urnas con respecto a las enmiendas a la Carta Política.

Constituciones como las de EE.UU. registraron al menos diez enmiendas al poco tiempo de ser aprobadas, recordó el Presidente, quien se basa en este ejemplo para defender la legitimidad del llamado a las urnas.

Otro de los temas que se tratarán en el plebiscito es la legitimidad de los juegos de azar.

Señaló que se han hecho campañas para vincular al Gobierno con los casinos. Sin embargo, el Jefe de Estado aclaró que las autoridades han sancionado con la clausura de este tipo de negocios, pero acotó que los jueces han extendido amparos que han permitido las reaperturas de los locales.

El Presidente denunció que hay un problema grave con el lavado de dinero en estos negocios. Además, que hay personas que se endeudan por pagar sus deudas de juego. Ante ello, justificó la inclusión de la pregunta que permitirá decidir a los electores si están de acuerdo en prohibir estos negocios.

Descentralización inicia con el tránsito y el riego

Los sistemas de riego, transporte y cooperación, serán las primeras competencias que serán transferidas del Estado central a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).

Esta fue una de las cuatro resoluciones que adoptó ayer el Consejo Nacional de Competencias (CNC), en su primera reunión de trabajo desarrollada en Quito, a la cual asistieron sus cuatro integrantes: René Ramírez, delegado del Presidente de la República; Gustavo Baroja, delegado del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope); Jorge Martínez, delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); y Hugo Quiroz, por el Consorcio de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (Conajupare).

Según la primera resolución, a más de declararse instalado el CNC y posesionados sus integrantes, el secretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), René Ramírez, en su calidad de delegado permanente del Primer Mandatario, fue designado presidente del organismo técnico que tiene como función principal organizar e implementar el proceso de descentralización en el país.

La aprobación del plan anual de trabajo, así como la base constitucional y legal del CNC, cuya misión es promover el proceso de transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, fue la segunda resolución.

Según Ramírez, dentro del plan anual se determinó que la transferencia de competencias y recursos se inicie por los sistemas estatales de riego, del Estado a los consejos provinciales, en una primera fase hasta el primer semestre de este año; mientras que el sistema de tránsito, planificación, regulación y control, sea transferido a los municipios durante el segundo semestre de este año.

Paralelamente se trabajará en los sistemas de fomento productivo; gestión de cooperación internacional; vialidad y asignaciones fiscales.

Para las transferencias se tendrá que hacer un análisis de la capacidad instalada de cada gobierno autónomo descentralizado y en un proceso ordenado, dijo Ramírez al señalar que eso implica que no se transferirán competencias en un solo momento a todas las jurisdicciones, sino en la medida del cumplimiento de los requisitos de cada una.

Como parte de la tercera resolución se determinó que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) elabore los instrumentos e insumos necesarios y realice las gestiones pertinentes ante los organismos correspondientes para la institucionalización administrativa del CNC. Se encargó además la Secretaría Ejecutiva de este organismo a Gustavo Bedón, subsecretario de Descentralización de la Senplades, hasta que el CNC cuente con estructura orgánica administrativa.

Gustavo Baroja destacó la importancia del CNC. “Estamos creando una alternativa de desarrollo que busca la conformación de un país justo, equitativo y solidario”.

En tanto Jorge Jurado sostuvo que con la instalación del CNC se marca el inicio de la construcción del nuevo modelo del país y de un Estado descentralizado. “Iniciamos con toda la predisposición para cumplir los objetivos”.

Para Hugo Quiroz se está viviendo un momento histórico, por la unidad de los tres niveles del Gobierno.

La última resolución del CNC fue solicitar al Procurador del Estado su pronunciamiento sobre el pedido del Alcalde de Quito de integrar el organismo, en su calidad de Distrito Metropolitano. El CNC se reunirá los últimos jueves de cada mes.

Tener cortes autónomas era eje de Plan de Gobierno de Correa

A lo largo del documento de 74 páginas que entregó en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), el movimiento PAIS planteaba, hace cuatro años, un Plan de Gobierno con cinco ejes para ejecutar la llamada Revolución Ciudadana.

El primero de esos cinco ejes era la “Revolución Constitucional y Democrática”, que pretendía concretar a través de una Asamblea Constituyente (que finalmente sí se realizó).

En la página 21 del Plan de Gobierno redactado por el equipo de ideólogos de PAIS, con el ahora presidente Rafael Correa a la cabeza, consta como una de las reformas políticas más urgentes la “independencia y corresponsabilidad entre las funciones del Estado”.

Para cada una de ellas se fijó una meta: “Por una Función Judicial autónoma, independiente y no manejada por los partidos políticos, menos aún por los grupos de poder económico... Por una Función Legislativa que recupere la capacidad de legislar, fiscalizar y representar los intereses populares distanciados del alcance de los grupos de poder y de la partidocracia vinculada al poder oligárquico. Por la creación de una instancia de justicia electoral y no de representación directa de los partidos como jueces y parte...”.

En la convención nacional de Alianza PAIS que se realizó en noviembre del año pasado, su dirigencia aprobó ampliar de cinco a siete los ejes de la Revolución Ciudadana.

Como novedad se introdujeron las “revoluciones” del sistema de justicia y ecológica.

En el apartado de la justicia, el documento amplía lo mencionado en el Plan original, pues se determina como objetivo una “reforma institucional íntegra de la justicia en el Ecuador que incluya la desmercantilización y despolitización de la Función Judicial; la profesionalización de jueces, juezas y funcionarios judiciales; la celeridad procesal; y un fácil acceso a la justicia”.

Para conseguirlo, según el texto, el movimiento PAIS apunta a lograr “separación entre derecho y política, con el objetivo de que el derecho no sea una herramienta de la política” y la “independencia política, autonomía administrativa, económica y financiera”.

El ex subsecretario de Pueblos, Orlando Pérez, quien coordinó los grupos que redactaron la nueva versión del Plan de Gobierno, explica que esta ampliación respondió a las demandas de la ciudadanía.

“La revolución en la justicia era la deuda pendiente. Ese tema no se dimensionó con su complejidad, pues en ese momento las prioridades políticas y económicas del país eran diferentes”, dice Pérez.

Recuerda que en la Constituyente –de la que fue su director de Comunicación– ya se planteó la necesidad de reorganizar la justicia pero, por ser un asunto políticamente delicado, no se concretó.

Dos de los ideólogos del documento original, los ex ministros Alberto Acosta y Gustavo Larrea, sostienen que, con su propuesta de referéndum para hacer enmiendas a la Constitución, el Presidente quiere “meterle mano a la justicia” y, por tanto, está incumpliendo su propuesta de campaña.

Acosta señala que, al proponer incluir delegados de las funciones Ejecutiva y Legislativa en el Consejo de la Judicatura (CJ), Correa afectará el principio básico de la independencia de poderes, que la mayoría de asambleístas de PAIS defendió en los debates de la Constituyente que él presidió.

Larrea afirma que esto constituye un “viraje” en la propuesta de Gobierno que llevó al poder a Correa en el 2006.

Sin embargo, la normativa jurídica no tiene una disposición expresa, que indique que dicho incumplimiento sea causal para destitución del cargo o revocatoria de mandato.

Aunque el vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Fausto Camacho, indica que puede usarse como motivación para solicitar una revocatoria.