Bloque País segue unidos por la consulta

Cinco asambleístas de Alianza PAIS (AP), que representan a la provincia del Guayas, apuraron la difusión de un mensaje de unidad, luego de que el grupo Ruptura de los 25 anunciara su separación del movimiento de Gobierno en rechazo a la consulta que impulsa el Ejecutivo.

Mientras en Quito los dirigentes de Ruptura concluían la rueda de prensa en la que justificaban su divorcio, en Guayaquil se instalaba otra con los legisladores Juan Carlos Cassinelli, Aminta Buenaño, Gastón Gagliardo, Viviana Bonilla y María Alejandra Vicuña.

La intervención la lideró Cassinelli, coordinador del bloque en la Asamblea, y quien remarcó que la bancada se mantenía unida en materia legislativa.

Señaló que la discrepancia y la “posición beligerante” de los de Ruptura, solo guarda relación con el plebiscito pero no con el trabajo en la Asamblea.

“Ellos apoyan totalmente el tema político en el interior de la Asamblea... En cuanto a los acuerdos legislativos seguimos estando unidos”.

Refirió que durante la sesión del pleno del pasado jueves, incluso Betty Amores –quien se desafilió de AP en rechazo a la consulta– dio su voto para censurar a la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando.

El presidente Rafael Correa minimizó el martes la salida de Amores y advirtió que surgirían nuevos resentidos. “Toda revolución tiene sus traidores, ya veremos quién es quién”.

Gagliardo compartió esa tesis y calificó a los de Ruptura como traidores ya que “cuando uno se mete a un proyecto, se mete apoyando con todo, no con medias tintas”.

Buenaño evitó los adjetivos, pero manifestó que la consulta servirá para medir quiénes realmente están con el proyecto y quiénes no. Bonilla defendió el carácter orgánico que tiene Alianza PAIS y explicó que esto significa que los temas se discuten dentro del grupo, y luego se decide basándose en lo que la mayoría apoyó.

Mientras que al canciller Ricardo Patiño le preocupa esa separación, aunque no cree que debilite al oficialismo. Dijo que confía en que no se produzcan más salidas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero (PAIS), leyó el documento en el que se ratificó que la consulta responde a los principios constitucionales y del proyecto político. No se refirió a la decisión del Ruptura, pero invitó a los “compañeros que en ejercicio de su autodeterminación se han pronunciado de manera diferente respecto a esta consulta a que continúen aportando a los objetivos del proyecto de la Revolución Ciudadana”.

Vacuna antinfluenza se ofrece para 8 de febrero

El martes 8 de febrero empezará la campaña de vacunación contra la influenza dirigida a niños entre 6 y 23 meses, anunció ayer Nancy Vásconez, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

Según la funcionaria, se empezará con esta población de infantes, porque se la considera de mayor riesgo. La dosis no tiene costo y se podrá acceder a ella en todos los centros y subcentros de salud del país.

La vacuna de la influenza se integró al esquema de vacunación desde el 2007.

Para esta campaña, el país importó 500 mil dosis, que empezaron a repartirse en esta semana a los bancos de vacunas.

El PAI anunció inicialmente, que la campaña se haría en la tercera semana de enero, pero postergó la fecha aduciendo retrasos en la importación.

Una vez que se cubra al menos el 50% de infantes de entre 6 y 23 años se seguirá, posiblemente en octubre, con niños de 2 a 4 años, pese a que parte de esta población se vacunó en el 2010, indicó Vásconez.

Sebastián Piñera y Rafael Correa viajarán a la Antártida el 4 de febrero

SANTIAGO DE CHILE. Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Ecuador, Rafael Correa, viajarán a la Antártida el próximo 4 de febrero, confirmó el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno.

"El presidente Correa va a llegar el día 3 y la visita a la Antártida será al día siguiente", dijo a medios locales el canciller, que confirmó que en su llegada el mandatario ecuatoriano se reunirá con su homólogo chileno en una localidad del sur de Chile, donde Sebastián Piñera pasa unas vacaciones.

Se trata de la localidad de Lago Ranco, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, en la región de Los Ríos.

El pasado noviembre, condiciones climáticas desfavorables frustraron un primer intento de ambos mandatarios de visitar al continente helado y debieron resignarse a sobrevolar la isla Rey George, en el archipiélago de las Shetland del Sur, sin que el avión militar que los transportaba pudiera aterrizar.

Piñera, según fuentes gubernamentales citadas por medios locales, interrumpirá sus vacaciones y viajará a Santiago el día 3 de febrero para recibir a su homólogo ecuatoriano y cumplir algunas actividades, entre ellas inaugurar una nueva extensión del Ferrocarril Metropolitano.

El mismo día ambos mandatarios se desplazarán al Lago Ranco, donde compartirán unas horas de distensión y esparcimiento, según las fuentes, que descartaron que vayan a tener una reunión de trabajo en ese lugar.

Correa pasará la noche en la casa que Piñera posee en ese lugar y a la mañana siguiente ambos se dirigirán a la ciudad de Valdivia, la capital regional, para abordar el avión que debe llevarlos a la Antártida. (EFE)

Correa alcanza aceptación del 70% en el país

El presidente de la República, Rafael Correa, tiene una aprobación consolidada de su gestión del 70%, según una encuesta efectuada por Opinión Pública del Ecuador, vinculada a la empresa Santiago Pérez (SP).

En el estudio, realizado el pasado 22 de enero, se establece que el 19% de los entrevistados califica de “muy bueno” el trabajo efectuado por el Jefe de Estado. Mientras que el 51% lo considera como “bueno”.

Según la encuesta, los entrevistados que residen en la Sierra urbana del país son los que mejor calificación le dan a la gestión de Rafael Correa. Un total consolidado del 74% lo aprueba, siendo la calificación de “bueno” la que más resultados tuvo con el 57%.

Por su parte, las poblaciones de la Costa urbana son las que arrojan resultados menos favorables para la administración de Correa con el 66% de aprobación consolidada.

Una suerte distinta corre el actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quien solo tiene el 44% de aprobación de los entrevistados por la firma Opinión Pública. Mientras que el 49% rechaza su gestión al mando del organismo legislativo.

Preocupación ciudadana
El estudio de Opinión Pública también abarcó las principales preocupaciones de la ciudadanía en la actualidad.

Un 28% contestó que los índices de delincuencia y de inseguridad son su mayor preocupación. Le siguen temas vinculados al desempleo (21%), altos precios de los víveres (12%), pobreza (11%) y servicios básicos (5%).

A pesar de estas circunstancias, un 43% de los consultados considera que las condiciones mejorarán en sus respectivas jurisdicciones en los próximos años.

Consulta tiene apoyo
El propio Santiago Pérez, director de SP, informó el pasado jueves que el 57% de las personas que participó en el estudio de Opinión Pública respalda el llamado a consulta popular propuesto por el Ejecutivo para realizar, entre otros puntos, reformas al sistema de justicia.

En la encuesta se informa que el 21% rechaza el plebiscito, mientras que un 13% aún no define su posición frente al referendo y también influye en su respuesta a qué pregunta se refiere.

“En definitiva, se tiene una proporción casi de 3 a 1 en cuanto al apoyo a la consulta popular”, indicó, al tiempo de asegurar que es necesario traducir adecuadamente el contenido del proyecto de consulta -como por ejemplo la caducidad de la prisión preventiva- de una manera más sencilla.

En el documento, además, se establece que el 62% de los encuestados a nivel nacional no cambiará su decisión hasta el día del sufragio.

No obstante, el propio Pérez dijo que existe un bajo conocimiento de la ciudadanía sobre los temas planteados, motivo por el cual no se está en condiciones de medir el grado de aceptación o rechazo a cada una de las preguntas.

Ante esta situación, el funcionario emplazó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que realice una explicación de lo que significa y las consecuencias de cada una de las preguntas que conforman el proyecto del Ejecutivo. Esto con el propósito de aportar en el discernimiento ante una probable campaña de tergiversación de los temas abordados en la consulta.

29 comparecencias de defensa y críticas a referéndum de Correa

La jueza constitucional Nina Pacari Vega escuchó por nueve horas 29 criterios a favor y en contra de las cinco enmiendas constitucionales que forman parte del proyecto de referéndum que plantea el gobierno de Rafael Correa.

A las audiencias públicas que convocó la magistrada, el primero en llegar fue el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien estuvo atento a las intervenciones. Él fue, en cambio, el último en exponer.

Sin embargo, en cada receso señalaba que el Gobierno no modificará las preguntas ni replanteará su propuesta.

La primera exposición fue a las 09:00, a cargo de Luis Villacís, dirigente del MPD. Él explicó que las preguntas 1 y 2 sobre la ampliación de la caducidad preventiva y la sustitución de las medidas cautelares “violan” derechos humanos, mientras que las preguntas 4 y 5, sobre la reestructuración de la Función Judicial, deben declararse inconstitucionales.

El segundo en el turno fue Blasco Peñaherrera Solah, presidente del Comité Empresarial, quien llegó atrasado. Este solo pudo dejarle por escrito sus observaciones.

Minutos después, el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, llegó hasta la sala de audiencias. Decidió sentarse junto al banquillo de los exponentes. Recogía notas y no despegaba su atención de cada argumento.

Esto sucedía en el cuarto piso del edificio de la Corte Constitucional (CC), donde Pacari y otros cuatro jueces constitucionales escuchaban en silencio a cada ponente, a quien le recordaban que tenía quince minutos para hablar.

Betty Amores, ex asambleísta de Alianza PAIS, fue la cuarta de las ponentes. Ella llegó a las 09:45 acompañada de dos asesores e inició su exposición cuestionando la legalidad de las enmiendas 4 y 5, a las que tildó de inconstitucionales.

El defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, mostró también su preocupación por las enmiendas 1 y 2.

“La caducidad de la prisión preventiva garantiza un derecho, como lo es la libertad. Esta protección no es para delincuentes, es para ciudadanos que están gozando de la presunción de inocencia”, dijo.

Y agregó que las cinco preguntas son “inductivas” al voto, por lo que pidió que se las modifique en su redacción.

Y siguieron otras voces, como la de Marcos Martínez, ex asambleísta constituyente, quien consideró que en su conjunto las enmiendas alteran la institucionalidad del Estado, al imponer el poder del Ejecutivo en otras funciones del Estado.

A las 13:00, la jueza Pacari dio paso a un receso y luego de 30 minutos se reinstaló con la comparecencia de Nelson Erazo, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.

La expectativa era la ponencia de César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quien no acudió pero envió a dos de sus representantes, los cuales cuestionaron el contenido de la pregunta 3 porque “viola el artículo 308 de la Constitución, que busca la democratización del crédito y acceso a servicios financieros”.

En la mañana, Pacari recibió a 16 exponentes. Pasado el mediodía escuchó a 13.

Al final de la tarde, el secretario jurídico de la Presidencia tomó la palabra. Argumentó que la Constitución de Montecristi no establece diferencias entre enmienda y reforma constitucional, por lo que “la discusión sobre si las preguntas de la consulta propuesta por el Ejecutivo deben ir o no a la Asamblea no tiene sentido”.

Mera defendió la “legalidad y legitimidad” de la consulta y dijo estar “perplejo” por los argumentos de los expositores que le habían antecedido.

Así, sobre la primera pregunta dijo: “He escuchado que la pregunta viola normas internacionales, pero con esto estamos ratificando que en este país la prisión preventiva no debe ser eterna, que debe establecerse un plazo razonable”.

Sobre las preguntas 4 y 5, que establece la reestructuración del CJ con delegados de las funciones del Estado, Mera dijo que se no altera la estructura institucional. “No se afecta al Consejo de Participación Ciudadana, porque será este organismo el que elija a los delegados de las funciones”.

Pacifpetrol asume en la Península campo antes concesionado a la Espol

QUITO. El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, anunció el lunes los acuerdos para áreas marginales.

La renegociación de los contratos petroleros marginales terminó el domingo con algunos cambios contractuales, como que la ecuatoriana Pacifpetrol asumirá la operación del campo Gustavo Galindo Velasco, en Ancón (en la península de Santa Elena), que estaba bajo responsabilidad de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

Inicialmente, el Gobierno estudió la posibilidad de entregar esa operación a la estatal turca Turkish Petroleum International, pero finalmente se decidió por la compañía contratada por la propia Espol.

Así lo confirmó el ministro de Recursos Naturales, Wilson Pástor, quien explicó que la Espol subcontrató a Petrobell, de capital ecuatoriano-brasileño, para explotar el área hace casi diez años.

El Estado, al tener a la Espol como concesionaria no requería acudir a un concurso público para designar a otro operador, justificó Pástor, por lo que optó negociar directamente con esta tanto su salida del campo como la subrogación del contrato a Petrobell.

“La Politécnica se dedicaba a recibir la plata, nada más; el Presidente (de la República) no quiere esto y entonces se habló con la ESPE (Politécnica del Ejército)”, dijo.

Francisco Chávez, gerente de la unidad de negocios de Ancón, que opera el área, aclaró que el nuevo contrato de prestación de servicios (reemplaza al marginal) se firmó con Pacifpetrol (del grupo Petrobell) el domingo pasado y su vigencia se iniciará el 22 de febrero. “Nosotros subrogamos ese contrato a Petrobell siempre y cuando la tarifa sea más baja de la actual y la Politécnica aceptó”. El Estado pagará a Pacifpetrol $ 58 por barril extraído, uno de los más altos renegociados con los marginales.

Con el anterior contrato el precio era de $ 71 por barril.

¿Por qué no se licitó el campo? Pástor asegura que consultó a Petroecuador la absorción del área, pero “nadie quiere ese campo porque tienen problemas comunitarios muy grandes, el pueblo de Ancón vive de ese contrato y es extremadamente complicado desde el punto de vista social”.

Chávez indicó que luego de la renegociación la petrolera no financiará programas educativos, culturales o científicos como establecía el anterior.

Del campo Gustavo Galindo se extrae un promedio de 1.316 barriles diarios de crudo, de una calidad de 35,7° API, una de las más altas del país.

Campo: Gustavo Galindo
Nuevo compromiso
Petrobell o Pacifpetrol se comprometieron a invertir $ 14,2 millones hasta mayo del 2016, fecha en que terminaba el contrato que antes mantenía la Espol.

Traspaso de activos
Las empresas involucradas en el campo prevén firmar un acta de entrega recepción de los bienes y activos. El proceso de reversión de activos aún está en proceso.

Una nueva misión gestionará por el Atpdea en EE.UU.

Una comitiva empresarial tiene previsto viajar el domingo a Estados Unidos para reforzar las gestiones de otra misión del sector privado, que esta semana mantuvo citas en Washington para gestionar a favor de la extensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea, por sus siglas en inglés).

El nuevo grupo lo integran miembros de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, liderado por su titular, Blasco Peñaherrera Solah.

Concluyeron ayer las reuniones que mantuvieron los delegados, de exportadores ecuatorianos con congresistas y senadores norteamericanos, para abogar por la ampliación del Atpdea, que terminan a mediados de febrero.

Los empresarios retornan con la sensación de que existe ‘predisposición’, para buscar un acuerdo en el Congreso americano, de una ampliación de por lo menos, 18 meses.

Cristian Espinosa, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, aseguró desde Washington, que durante los encuentros hubo “receptividad” para abordar el tema; sin embargo, el asunto debe pasar por el debate entre republicanos y demócratas.

A pesar del optimismo para una extensión, Espinosa percibe que esta podría ser la última prórroga del Atpdea, porque es probable que EE.UU. ratifique a Colombia el Tratado de Libre Comercio (TLC). Con ese acuerdo, el vecino ya no dependería del Atpdea para que sus productos entren exonerados de aranceles y Ecuador, sin un TLC, quedaría solo.

“De ahí en adelante la extensión de un esquema para un solo país, se ve poco probable. Se nos ha recordado, que el único país que tiene un esquema exclusivo de preferencias arancelarias es Haití; y, que las condiciones de ese país son particulares”, acotó Espinosa.