El informe del IASC de Washington, además de señalar los problemas en seguridad, trae a colación los temas que han quedado pendientes tras el bombardeo del campamento del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes
En menos de un mes, el Gobierno y el Estado ecuatoriano han debido afrontar dos informes que hablan sobre las vulnerabilidades que tiene el país frente al crimen organizado.
Se trata del estudio del International Assessment and Strategy Center (IASC), denominado Ecuador: drogas, bandidos y revolución ciudadana, y de la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de catalogar al país como jurisdicción con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de activos.
Ambas publicaciones mostrarían que la política de seguridad, tanto interna como externa, implementada por la Revolución Ciudadana tendría falencias.
De hecho, el primer estudio toma elementos de los hechos ocurridos a raíz del bombardeo de Angostura, el 1º. de marzo de 2008, en donde murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes. Mientras que el segundo trata de las relaciones financieras que se establecieron con Irán, a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones de Irán (EDBI), catalogado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un banco que "promociona o intenta proporcionar servicios financieros al Ministerio de Defensa y de Logística de las Fuerzas Armadas de Irán".
Pero, más allá del contenido en detalle del informe, están las dudas que continúan en relación a hechos que salieron a la luz pública desde hace dos años.
No está todavía claro el tema de las supuestas aportaciones de las FARC a la campaña presidencial del 2006 (por lo menos, no hay una investigación de esto). Hay únicamente versiones basadas en declaraciones de Fabricio Correa, las computadoras de Reyes y Édgar Tovar (jefe del Frente 48) y los supuestos manuscritos del mismo líder guerillero.
En defensa, están las versiones hechas por el presidente Correa, quien ha dicho que él no recibió ese dinero. Y que si alguien fue a nombre de él, que le pregunten qué pasó con esa contribución
Tampoco se han establecido responsabilidades finales sobre la entrega de información oportuna a las autoridades, sobre los campamentos en la frontera. Se intentó iniciar un juicio político a Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y Seguridad Interna y Externa. En él, se planteó la entrega de 108 coordenadas, entre otras cosas. El proceso no progresó y tampoco lo hicieron las investigaciones judiciales.
Los hermanos Ostaiza, involucrados en el caso Huracán, continúan detenidos, pero por el inicio de un proceso de lavado de activos. No así por el tráfico de drogas presumiblemente de las FARC, por los problemas surgidos en el proceso judicial. En este caso, está catalogado como encubridor el ex subsecretario de Asuntos Políticos, José Ignacio Chauvin, quien reveló la realización de una reunión de Larrea con Reyes. La cita fue supuestamente por el intercambio humanitario, pero todavía no se revela en dónde fue.
Los servicios de inteligencia fueron reestructurados hace un año, y si bien hay más captura de drogas, hay también más violencia interna. No solo por el incremento del sicariato (que no se mide como un delito por sí, sino dentro de asesinatos), sino por la presencia de laboratorios de droga, auge de la delincuencia, los asaltos, la extorsión. Esto obligó al Gobierno a declarar a fines de 2009 el estado de excepción en Quito, en Guayaquil y en Manta.
Agenda sensible entra a discusión
El restablecimiento de relaciones entre el Ecuador y Colombia tras el bombardeo de Angostura requerirá todavía de tiempo. Esto a pesar que, el lunes pasado, los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe se mostraron optimistas tras la reunión que mantuvieron en la Riviera Maya, y ratificaron su decisión de impulsar ese proceso.
En esta nueva etapa, se deberá abordar los temas sensibles para ambas partes: el proceso judicial que se abrió contra el ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manual Santos, y altos oficiales de la Policía y el Ejército por el caso de Angostura, en el cual murieron 26 personas. Entre ellas, está el ex número dos de las FARC, Raúl Reyes.
Este dio un giro el jueves 25, cuando el juez Francisco Revelo sobreseyó provisionalmente a los imputados.
Para el Ecuador es vital en cambio obtener la información sobre el contenido de las computadoras de Raúl Reyes y los detalles del operativo Fénix, realizado el 1.º de marzo de 2008.
Aunque la Interpol dijo que las computadoras no fueron manipuladas por las autoridades colombianas, el Gobierno del Ecuador descalificó su contenido Ahí, se hablaba sobre los supuestos aportes de las FARC a la campaña de Correa, y aparecen los nombres del Dr. Ayala, Jorge Brito y el comandante Nacho (que sería José Ignacio Chauvin).
Además, se menciona la reunión que habría mantenido Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y de Seguridad, con Reyes.
La comisión está prevista que se active tras una reunión que se realizará en Atlanta (Estados Unidos), con el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos.
En el plano militar se anuncio en cambio la profundización del intercambio de información entre los ejércitos para luchar contra el narcotráfico.
