domingo, 28 de junio de 2009

Jaime Ruiz propone veedurías para cumplimiento de rebaja de costos de servicios bancarios

Todavía existe una diferencia tan grande entre la tasa de interés que pagan las grandes empresas y corporaciones (9,33%) y micro-créditos (35%), advierte el presidente de la Comisión de lo Tributario

El asambleísta Jaime Ruiz, presidente de la Comisión Especializada de lo Tributario, Fiscal y Financiero, planteó la necesidad de integrar veedurías ciudadanas para controlar el fiel cumplimiento de lo resuelto por la Junta Bancaria que determinó que 11 transacciones básicas que realizan los usuarios no tendrán costo (tarifa cero) y la rebaja sustancial de las tarifas máximas de 29 servicios adicionales que otorga el sistema financiero ecuatoriano, que entrarán en vigencia el próximo 1 de julio.

La propuesta la realizó en el marco de la reunión mantenida con la Superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, quien informó de las resoluciones JB-2009-1315 y 1316, referente a las rebajas de los costos por los servicios bancarios.

La iniciativa esta dirigida a integrar asociaciones de usuarios en cada institución financiera, de donde se derivará la designación de un Defensor del Cliente, que viabilice el cumplimiento de las resoluciones que adopten los organismos de control, conforme lo estipulado en la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, aprobada por la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

El asambleísta ratificó su compromiso con todos los ciudadanos y ciudadanas, tendiente a fortalecer a las instituciones de control, como resultado de las iniciativas legislativas que promueven la participación ciudadana que por décadas han tenido un sistema financiero que ha encarecido el costo de los servicios, acumulando grandes utilidades en su beneficio, sin que haya existido una adecuada y justa valoración de los mismos.

Tasas de interés merecen revisión

El asambleísta Ruiz, subrayó que actualmente el sistema de tasas de interés del Ecuador se halla orientado a favorecer a los sectores productivos y sectores de menores ingresos.

Sin embargo, advirtió que no es posible que aún exista una diferencia tan grande entre la tasa de interés que pagan las grandes empresas y corporaciones, que no exceden del 9,33%, frente a la tasa de interés que se pagan por los micro-créditos que oscilan el 35% de interés anual, así como el spred (margen de intermediación bancaria) entre las tasas activas y pasivas.

Aquello significa que pese a los esfuerzos realizados el costo del dinero para los pobres, es cuatro veces más caro en relación con los sectores empresariales, dijo.

Así mismo sostuvo que la segmentación de las tasas de interés para los sectores productivos, de consumo y micro-crédito deben ser revisadas sobre la información que los bancos presenten al Banco Central del Ecuador y a la Superintendencia de Bancos.

Por último, sostuvo que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que entrará en operaciones en el mes de octubre, contribuirá a dinamizar el sistema financiero a través de una sana competencia que permitirá bajar las tasas de interés y un mayor equilibrio del mercado financiero.

Fernando Cordero ratifica su compromiso de promover el desarrollo del país

“La sola satisfacción del deber cumplido, debería ser para ciudadanos y ciudadanas, suficiente reconocimiento y retribución por sus acciones, porque el rol de las personas y las instituciones es contribuir desde su personal capacidad y sus propias acciones, a la construcción de una sociedad justa, equitativa, solidaria, en la que las personas podamos aspirar al buen vivir al que tenemos derecho”, manifestó el presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización.

Reiteró que es obligación de toda autoridad y de todo ciudadano promover el desarrollo comunitario sin esperar a cambio nada más que saber que la sociedad puede ser mejor, día a día, gracias al aporte personal de todos y cada uno de nosotros.

En lo personal, continuó, me han sorprendido y me han abrumado con este reconocimiento que lo recibo con humildad y lo comparto con esos millones de ecuatorianos que estando comprometidos con el cambio de nuestro país me han dado la oportunidad de poder contribuir como un minguero más, desde la cátedra, el ejercicio profesional, la Alcaldía de Cuenca, la diputación, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional a crear ese nuevo país de nuestros sueños compartidos.

Banqueros no repatria fondos por ‘mal clima’

Los bancos del país tienen en sus “bolsillos” $ 3.899 millones. Esa voluptuosa liquidez conocida como fondo disponible, cortada a abril de este año, sirve para que cada institución financiera pueda atender diariamente a los cientos de depositantes que recurren a retirar sus ahorros, pero las políticas gubernamentales para su manejo son un tema que preocupa a la banca local.

Esos recursos sirven, además, para afrontar situaciones complicadas como las corridas bancarias, el más peligroso de los escenarios posibles que surgen ante rumores o anunciadas crisis económicas en los mercados donde operan. Entre los fondos disponibles constan los depósitos en el exterior, que son defendidos como un “colchón” por parte de las entidades financieras.

Sea en el exterior o dentro del país, siempre hay factores que pueden desestabilizar una economía. Mantener unos buenos ratios de liquidez ayudarán al sistema financiero a operar con menores riesgos. Lo dice Jorge Calderón, director del Centro de investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

Pero las explicaciones no han sido suficientes para el Gobierno, que ha pedido que la banca repatrie los cerca de 3.000 millones de dólares que envió a otros territorios.

“Esos dineros están financiando la economía de otros países” ha dicho el presidente Rafael Correa y trató de desacelerar la tendencia, gravando con el 0,5% al monto de capital que migre del país.

Esos recursos, si estuvieran en el país, hubieran alentado a la economía nacional a través de créditos, pero la banca aduce que “no hay un clima adecuado”. Cinco elecciones seguidas también hicieron que la banca esté más cauta y aquello se refleja en la liquidez, explica Calderón.

El Impuesto a la Salida de Capitales del 0,5% dio resultados, pero talvez no en volúmenes esperados por el Ejecutivo: los depósitos en bancos del exterior pasaron de 2.739 millones de dólares a abril de 2008, a $ 2.509 millones hasta el mismo mes de este año, según se observa en los balances consolidados del sistema bancario, publicados por la Superintendencia de Bancos.]

“La banca va a seguir enviando una parte de sus recursos fuera del país, por cuestiones de seguridad y de repartir o diversificar el riesgo”, expresa el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), César Robalino.

Pero Correa ha sido enfático. “El Gobierno no permitirá el absurdo de que el dinero y ahorro de los ecuatorianos, tan necesario para sacar adelante el país, esté afuera, y que un país tan pobre como Ecuador esté financiando a Miami, uno de los lugares donde los banqueros criollos depositan sus reservas”, agregó en uno de sus discursos.

Cuidar la liquidez bancaria es como precautelar fondos emergentes en cada hogar. ¿Cuánto dinero guarda en su billetera? ¿Alcanzará para atender los gastos del día? El lunch de los niños, el gasto en gasolina, el almuerzo... No todos sus ingresos pueden dejarse en la cuenta bancaria. Guardando las distancias, algo similar ocurre con el sistema financiero.

Los rumores y las anunciadas crisis financieras ponen a prueba la liquidez de los bancos.
¿Qué pasaría si previo a ese escenario la banca hubiera prestado todo el dinero que recibieron en depósitos? Simple: el banco caía, tal como ya ha sucedido en la historia.

Ese tipo de situaciones pone en riesgo la supervivencia de las entidades financieras, manifiesta Robalino.

El dirigente banquero recuerda que cuando hubo el rumor de supuestos líos financieros con el Banco Pichincha, en esta institución -que es la líder a nivel nacional- cayeron los depósitos en grandes cantidades.

“El Pichincha tuvo que liquidar unas inversiones que tenía afuera para poder salir airosa de esa situación, además utilizó un monto acumulado en sus arcas”, dice Robalino. De ahí la importancia, insiste, de tener márgenes de liquidez.

Los fondos disponibles, la cuenta que registra la banca en caja, efectivo, caja chica, entre otras cuentas líquidas, pasaron de 4.068 millones de dólares a 3.899 millones de dólares, entre abril de 2008 e igual mes de 2009. Estos representan el 30% de los depósitos captados ($ 12.641 millones).

Revisión de contratos de Correa será lenta


El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Vivienda, Petroecuador e Hidrolitoral son las primeras cuatro entidades que iniciarán los procesos de terminación unilateral de contratos, después de que el Presidente de la República, Rafael Correa, dispuso que se inicien estos procesos a los compromisos suscritos con las empresas vinculadas a su hermano Fabricio.

Pero el camino para anular los contratos no será simple, además de que culminaría con demandas en contra del Estado, tal como ya ha preanunciado el abogado defensor de Correa, Joffre Campaña.

El proceso de reversión será lento y dependerá de la revisión de cada uno de los contratos, para determinar en ellos las causales de nulidad. Esto, pese al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, que es el que prohíbe los contratos con los familiares de las principales autoridades del Gobierno.

De acuerdo al secretario de Transparencia, Alfredo Vera, le corresponde a cada institución contratante actuar y determinar si por documentación o por “confesión de parte” ha habido la intervención del hermano del Presidente para la suscripción de los contratos. Y una vez teniendo estas determinaciones, iniciar el proceso de terminación de los vínculos contractuales, bajo el argumento establecido en el artículo 62.

Pero no todos los contratos entrarán a este proceso, en vista de que el artículo en mención fue incorporado en la nueva Ley aprobada en agosto del año pasado, lo que quiere decir que esta causal no podrá ser empleada para anular los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la norma.

En esos casos, la revisión deberá pasar por otros factores para determinar la posible existencia de otras irregularidades que permitan la nulidad, o de lo contrario, no se los podrá dar por terminados.
Para ello, la Secretaría de Transparencia será la instancia gubernamental que coordine el proceso previo y haga el seguimiento a las acciones de cada entidad.

Pero además de este trabajo, la Secretaría recopilará información adicional sobre el caso, que por lo pronto se concentra en determinar quiénes formaron parte de los comités de contratación que permitieron suscribir convenios con las empresas de Fabricio Correa, para establecer si existe alguna responsabilidad.

“Las cosas se van a hacer con detalle y prolijidad”, aseguró Vera, para evitar un posible daño al Estado, en caso de que Fabricio Correa instaure demandas por los contratos que se llegue a anular. “Ellos tienen que demostrar si el señor no ha violado la ley y lo harán seguramente ante un juez”, acotó.

Quienes no están tan seguros sobre la viabilidad del trabajo que tienen que realizar son los integrantes del Consejo de Participación Social, a quienes el Ejecutivo les encargó la conformación de una veeduría ciudadana.

“Requerimos una petición formal, analizar si está dentro de nuestras atribuciones constitucionales y legales, y de ahí pronunciarnos”, explicó Oswaldo Ruiz, miembro del Consejo. Hasta la tarde de ayer, esa petición del Presidente no llegó.

Incluso el titular del organismo, Julián Guamán, aseguró que conformar o no la comisión de veeduría ciudadana será una decisión del pleno del Consejo. Hizo una aclaración respecto del alcance del trabajo que podría realizar la veeduría: “No estamos para investigar. no vamos a ser parte procesal, pero sí vamos a vigilar y observar”, dijo. (SDR/IGF/FGC)

Organismos de control
La Contraloría también sigue su proceso de indagación, que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en el caso. Hasta mediados de julio el organismo de control establecerá si existen o no las causales para iniciar los exámenes especiales que sean pertinentes.

Asimismo la Procuraduría lleva adelante su propia investigación. Hasta este viernes, las entidades públicas deben enviar la información de todos los contratos. Y en caso de que ese organismo determine alguna irregularidad, deberá iniciar un proceso legal de reversión de los contratos.

viernes, 26 de junio de 2009

Ya estan en el País losaviones no tripulados para control de mar y frontera



La Armada de Ecuador presentó seis aviones no tripulados, adquiridos recientemente a una empresa israelí, y que cumplirán labores de control y vigilancia del mar territorial y de zonas fronterizas.

El jefe de la Armada, Milton Lalama, explicó que los aparatos, que aún deben cumplir una etapa de prueba, poseen dispositivos visuales y de radar que facilitan la vigilancia aérea desde los puestos de mando en tierra.

Pilotos ecuatorianos, que recibieron capacitación en Israel, estarán a cargo de la operación de los modelos, que tienen una autonomía de vuelo de 20 horas.

Lalama señaló que los radares de algunas de las aeronaves pueden cubrir, desde el punto en que se encuentren, una superficie de 200 millas marinas (370 kilómetros) en un rango de 360 grados.

Los aparatos se destinarán a misiones de control de narcotráfico, emigración ilegal, contrabando de combustibles, piratería marina y tareas de vigilancia en zonas fronterizas.

El jefe de la Armada, en declaraciones reproducidas por el canal Ecuavisa, indicó que la flotilla de aviones no tripulados tendrá su puesto de mando en la base militar de la ciudad costera de Manta, donde opera actualmente un puesto de vigilancia antinarcóticos de Estados Unidos, que próximamente saldrá del país.

Se prevé que el puesto de avanzada de EE.UU. (FOL, por sus siglas en inglés) abandone Ecuador en noviembre próximo, cuando concluya el convenio para su uso, en vigor por diez años y que el Gobierno de Quito no renovó.

La vigilancia aeromarítima "la estamos ya reemplazando con nuestro propio sistema", añadió Lalama, tras destacar que de los seis aviones, cuatro son considerados "tácticos", por poseer solo dispositivos de vigilancia visual, y dos "estratégicos", por estar equipados también con radares de última generación.

Uno de los pilotos que integran el equipo de militares que conducirán los aviones no tripulados, Patricio Albán, explicó que el sistema funciona en tierra como un simulador, aunque la diferencia radica en que "hay una nave en el aire".

De su lado, Carlos Vallejo, jefe de Guardacostas de la Armada nacional, indicó que será su unidad la que haga los "requerimientos" de las operaciones que deban efectuar los aviones no tripulados.

La unidad de guardacostas será la que tenga que "ordenar los patrullajes que se tengan que hacer", añadió Vallejo.

Los aviones no tripulados fueron adquiridos por el Gobierno ecuatoriano a la empresa Israel Aerospace Industries por un valor de 23 millones de dólares.

En marcha Plan para chatarrizar vehículos viejos

El Ministerio de Industrias y Productividad está desarrollando el plan ‘Renova’ (Renovación del Parque Automotor), que tiene como objetivo sustituir los automotores de transporte público que ya han cumplido su ciclo de vida útil, por unos nuevos sin aranceles.

“El Gobierno considera que los vehículos son herramientas de trabajo”, dijo Xavier Abad, ministro de Industrias, quien añadió que mediante el Decreto Ejecutivo 1145 se “obliga a chatarrizar las unidades obsoletas, ya que no podrán entrar nuevas sino sale una que ya ha cumplido etapa de uso”.

Componentes
Con esta medida “se reducen emisiones en forma muy importante”, explicó el Ministro, con lo que se disminuirá la contaminación al ambiente. Además, expresó que aporta a la seguridad del transportista y del usuario, así como un gran ahorro para el Gobierno y los dueños de los coches.

“Ahorramos porque el transporte nuevo consume menos combustible, con lo que el gasto del subsidio disminuye”, aclaró Abad. Mientras que los ciudadanos ahorran “unos tres mil dólares al año, en el caso de los taxistas”.

Hasta el momento se han recogido 100 toneladas de chatarra de Galápagos.

El tiempo de uso exacto “lo está determinando la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Van entre cinco y 15 años, dependiendo del tipo de unidad”, precisó Abad.

El Ministerio de Industria y Productividad entrega un incentivo económico por el vehículo antiguo, el mismo que le servirá como parte de pago para uno nuevo. Para esto, la Corporación Financiera Nacional brindará créditos.

Para mayor información
www.mic.gov.ec.
Link: ‘Renova’

Fabricio Correa perdería contratos

Una solicitud para que se anulen todos los contratos públicos con el hermano mayor del presidente Rafael Correa, hizo el secretario de Transparencia y Gestión de la Presidencia, Alfredo Vera.

La medida, con la que se busca poner fin a la polémica que se ha generado por este tema, la anunció Vera en una rueda de prensa en la que confirmó que el pedido se extendió a los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, a la empresa estatal Petrocomercial y a la eléctrica Hidrolitoral.

Estas entidades, que pertenecen al Estado ecuatoriano, deberán finiquitar los convenios comerciales con Fabricio Correa, porque así lo establece la ley, dijo el secretario de Transparencia.

Explicó que su solicitud va enfocada a que se "inicien los procesos de anulación anticipada y unilateral de los contratos en los que aparece vinculado el ingeniero Fabricio Correa".

Si esta acción se ejecuta, al menos quince contratos, que Fabricio Correa obtuvo en las cuatro instituciones del Estado por un monto aproximado de 118 millones de dólares, se anularán.

Vera explicó que con este proceso se cumplirá con la norma legal que impide a los familiares directos de autoridades ecuatorianas establecer contratos con el Estado.

Temor por obras
El anuncio de la anulación de los contratos que Fabricio Correa celebró con el Estado preocupa a diversos sectores lojanos. Creen que ello retrasará considerablemente los trabajos.

La empresa Cosurca, ahora de propiedad de Fabricio Correa, a través de la compañía panameña Overseas, tiene adjudicados en esta provincia tres contratos: construcción del sifón de Limones, en Zapotillo; y las vías El Empalme-Celica-Alamor, y Pindal-Zapotillo-Lalamor.

El avance de esta obras, según los lojanos, peligra si se acoge el pedido del secretario nacional de Transparencia, Alfredo Vera, de anular los contratos celebrados con Fabricio Correa.

En Zapotillo es donde hay mayor temor. Según el presidente de la Junta General de Usuarios del canal de riego, Julio Sánchez, allí hay una obra que irrigará aproximadamente 2 mil hectáreas de terreno.

Manifiesta que la anulación afectará porque la obra se retrasará hasta por el lapso de unos seis meses, hasta que nuevamente se vuelva a adjudicar.

Sánchez sugiere a Predesur contratar otra compañía lo antes posible para que el trabajo no se paralice.