El Fiscal ecuatoriano, Gustavo Benítez, pidió hoy entre 8 y 12 años de cárcel para las 13 personas que irrumpieron de forma violenta en el canal público Ecuador televisión, el 30 de septiembre de 2010, cuando hubo una sublevación policial en el país.
Ese día, un grupo de personas entraron en el medio público, rompieron sus puertas y parte de su inmobiliario e interrumpieron un informativo que se estaba emitiendo en ese mismo momento.
Por eso, el fiscal argumentó durante la audiencia preparatoria, que tuvo lugar hoy, que este grupo de personas cometió "un presunto delito contra la administración pública, (...) según el cual se reprimirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, a quienes sean encontrados culpables", detalló un comunicado de la fiscalía.
Entre los acusados se encuentran el abogado Pablo Guerrero y la legisladora suplente del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), Alejandra Cevallos.
Durante la audiencia, que inició a las 08:00 hora local (13:00 hora GMT) y en la que estuvo presente el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, Benítez mostró varios vídeos y otras pruebas que, supuestamente, muestran la culpabilidad de los acusados, indicó el periódico oficial El Ciudadano en su web.
El Gobierno interpretó la insurrección policial del 30 de septiembre como un intento de golpe de Estado, por lo que ese día ordenó que las televisiones y radios se enlazaran a la transmisión de los acontecimientos del canal público durante un período aproximado, de seis horas.
Por el momento, sólo hay seis policías declarados culpables por los hechos del 30 de septiembre, cuando más 1.199 policías y militares, según datos gubernamentales, se sublevaron contra la reforma de una ley que, a juicio de los uniformados, perjudicaba sus intereses económicos.
Ese día, los agentes sublevados retuvieron por gran parte de la jornada al presidente del país, Rafael Correa, en un hospital de la policía.
Además, murieron diez personas, cinco de ellas por los enfrentamientos protagonizados por los policías sublevados con los militares y civiles, que fueron a las inmediaciones del hospital bajo la consigna de salvar al mandatario, además de otras cinco por la violencia desencadenada por la falta de agentes patrullando las calles.
Los seis policías condenados se tratan de la escolta legislativa que el pasado 30 de septiembre impidió que los asambleístas entraran en esta institución para realizar un pleno.
Por otra parte, a lo largo de la investigación se encontraron inocentes al entonces director del hospital policial, César Carrión, y a Fidel Araujo, vinculado al partido opositor PSP, agrupación a la que Correa acusó el mismo 30 de septiembre de estar detrás del motín.
Ese día, un grupo de personas entraron en el medio público, rompieron sus puertas y parte de su inmobiliario e interrumpieron un informativo que se estaba emitiendo en ese mismo momento.
Por eso, el fiscal argumentó durante la audiencia preparatoria, que tuvo lugar hoy, que este grupo de personas cometió "un presunto delito contra la administración pública, (...) según el cual se reprimirá con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, a quienes sean encontrados culpables", detalló un comunicado de la fiscalía.
Entre los acusados se encuentran el abogado Pablo Guerrero y la legisladora suplente del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), Alejandra Cevallos.
Durante la audiencia, que inició a las 08:00 hora local (13:00 hora GMT) y en la que estuvo presente el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, Benítez mostró varios vídeos y otras pruebas que, supuestamente, muestran la culpabilidad de los acusados, indicó el periódico oficial El Ciudadano en su web.
El Gobierno interpretó la insurrección policial del 30 de septiembre como un intento de golpe de Estado, por lo que ese día ordenó que las televisiones y radios se enlazaran a la transmisión de los acontecimientos del canal público durante un período aproximado, de seis horas.
Por el momento, sólo hay seis policías declarados culpables por los hechos del 30 de septiembre, cuando más 1.199 policías y militares, según datos gubernamentales, se sublevaron contra la reforma de una ley que, a juicio de los uniformados, perjudicaba sus intereses económicos.
Ese día, los agentes sublevados retuvieron por gran parte de la jornada al presidente del país, Rafael Correa, en un hospital de la policía.
Además, murieron diez personas, cinco de ellas por los enfrentamientos protagonizados por los policías sublevados con los militares y civiles, que fueron a las inmediaciones del hospital bajo la consigna de salvar al mandatario, además de otras cinco por la violencia desencadenada por la falta de agentes patrullando las calles.
Los seis policías condenados se tratan de la escolta legislativa que el pasado 30 de septiembre impidió que los asambleístas entraran en esta institución para realizar un pleno.
Por otra parte, a lo largo de la investigación se encontraron inocentes al entonces director del hospital policial, César Carrión, y a Fidel Araujo, vinculado al partido opositor PSP, agrupación a la que Correa acusó el mismo 30 de septiembre de estar detrás del motín.
