En Cuenca, el presidente Rafael Correa anunció ayer que en los próximos días mantendrá una reunión con el fiscal general, Galo Chiriboga, y los tres integrantes del Consejo de la Judicatura Transitorio: Tania Arias, Paulo Rodríguez y Fernando Yávar.
A ellos, dijo, les pedirá que analicen las sanciones que puedan aplicarse a los fiscales y jueces que han permitido reabrir las cachinerías.
El mandatario hizo el anuncio tras culminar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que se desarrolló en el edificio de la Gobernación de Azuay, en la cual se analizaron los resultados de las acciones para disminuir el auge delictivo en el país.
Aunque la reunión fue a puerta cerrada, trascendió que los miembros del Consejo y el primer mandatario se mostraron satisfechos con los operativos contra las cachinerías.
No obstante, Correa cuestionó a los jueces y fiscales. Los calificó de "irresponsables" porque con sus fallos, "han permitido" que alrededor del 90 por ciento de las cachinerías clausuradas durante operativos policiales hayan sido reabiertas, con lo que han actuado en contra de la ciudadanía.
"Todos saben que ahí (cachinerías) se venden objetos robados... Se trata de jueces corruptos y de fiscales que no cumplen con su trabajo. No es falta de ley, es falta de ganas", manifestó el jefe de Estado durante el conversatorio que mantuvo ayer con representantes de medios de comunicación de la provincia del Azuay.
El mandatario aseguró que, por las malas actuaciones judiciales, ha ordenado a las autoridades policiales aumentar los operativos en este tipo de negocios para realizar nuevas clausuras. Además, anunció que ha pedido al ministro del Interior, José Serrano, que integre un equipo de abogados para que realicen un seguimiento de los casos registrados.
Durante el conversatorio, el jefe de Estado también informó de la extensión del plazo para la renegociación de los contratos mineros, que estaba previsto que culmine a finales de este mes, pero que fue alargado hasta octubre próximo.
"Se están negociando los contratos mineros de forma muy dura en beneficio del país, para evitar otro saqueo", dijo Correa, quien precisó que una vez concluida la fase de exploración, empezará la de explotación, pero "con responsabilidad ambiental y social".
El presidente aclaró también por qué no envió en esta semana el proyecto de reformas tributarias a la Asamblea. Dijo que esperará que ese poder del Estado culmine con el proceso de elección de sus autoridades.
A ellos, dijo, les pedirá que analicen las sanciones que puedan aplicarse a los fiscales y jueces que han permitido reabrir las cachinerías.
El mandatario hizo el anuncio tras culminar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, que se desarrolló en el edificio de la Gobernación de Azuay, en la cual se analizaron los resultados de las acciones para disminuir el auge delictivo en el país.
Aunque la reunión fue a puerta cerrada, trascendió que los miembros del Consejo y el primer mandatario se mostraron satisfechos con los operativos contra las cachinerías.
No obstante, Correa cuestionó a los jueces y fiscales. Los calificó de "irresponsables" porque con sus fallos, "han permitido" que alrededor del 90 por ciento de las cachinerías clausuradas durante operativos policiales hayan sido reabiertas, con lo que han actuado en contra de la ciudadanía.
"Todos saben que ahí (cachinerías) se venden objetos robados... Se trata de jueces corruptos y de fiscales que no cumplen con su trabajo. No es falta de ley, es falta de ganas", manifestó el jefe de Estado durante el conversatorio que mantuvo ayer con representantes de medios de comunicación de la provincia del Azuay.
El mandatario aseguró que, por las malas actuaciones judiciales, ha ordenado a las autoridades policiales aumentar los operativos en este tipo de negocios para realizar nuevas clausuras. Además, anunció que ha pedido al ministro del Interior, José Serrano, que integre un equipo de abogados para que realicen un seguimiento de los casos registrados.
Durante el conversatorio, el jefe de Estado también informó de la extensión del plazo para la renegociación de los contratos mineros, que estaba previsto que culmine a finales de este mes, pero que fue alargado hasta octubre próximo.
"Se están negociando los contratos mineros de forma muy dura en beneficio del país, para evitar otro saqueo", dijo Correa, quien precisó que una vez concluida la fase de exploración, empezará la de explotación, pero "con responsabilidad ambiental y social".
El presidente aclaró también por qué no envió en esta semana el proyecto de reformas tributarias a la Asamblea. Dijo que esperará que ese poder del Estado culmine con el proceso de elección de sus autoridades.
