Los empresarios turísticos recogen firmas y pedirían $30 millones; los pescadores dicen que dejaron de percibir $2 millones en 4 días
A $30 millones ascendería el reclamo económico que el sector turístico del perfil costero plantearía al Gobierno.
La millonaria demanda no solo sería por los dos días que perdieron este último feriado, sino, según sus voceros, por todas las supuestas "falsas alarmas" que habrían soportado este año.
Las alertas más perjudiciales para ellos fueron la del tsunami del 11 de marzo y del oleaje de este 11 de agosto, dijo Otón Arboleda, de la Cámara de Turismo de la provincia de Santa Elena.
Según las proyecciones de este gremio, la úlltima alerta naranja por un oleaje que llegaba desde Chile y que amenazaba con golpear costas ecuatorianas con olas de hasta cuatro metros, dejó pérdida al sector por $1 millón.
"La afectación fue tanto para la gente que renta la carpa con las sillas como para el hotelero", dijo Arboleda.
Pero no serían los únicos. La Comunidad de Jambelí, en El Oro, conformada por 233 personas que viven de la pesca y atención a visitantes en esa isla, también empezó a recoger firmas. "Estamos cansados de las alertas de la Secretaría de Riesgo, parecen que se han ensañado con nuestra isla", dijo Arturo Baca, de la Junta Parroquial, al ser consultado sobre la demanda que se prepara en contra del Gobierno.
En Jambelí la pérdida calculada también es de $1 millón, solo por este último feriado.
Solo William Valencia, transportista marítimo de servicio público y pescador, calcula haber dejado de percibir $200 en movilización y $300 por la venta de pescado.
"Me quedé con 70 libras de pescado listas para el turismo. Hoy eso se está pudriendo", precisó el comunero.
En Puerto López, provincia de Manabí, las cifras preliminares confirman que solo en paseos turísticos a la Isla de la Plata se dejaron de percibir $15 mil, mientras que por avistamientos de ballena $20 mil. "Eso para casi 20 operadores turísticos e independientemente de las cancelaciones por hospedaje en los 53 sitios que existen", dijo Francisco Cárdenas, presidente de la Cámara de Turismo de Puerto López.
Con respecto a la demanda, Cárdenas sostuvo que están en su derecho, pero que deben tener consenso. El titular del gremio también calificó como irresponsables las alertas impartidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR).
"Estos tipos de aguajes se dan todo el tiempo, pero creo que deben ser tratados de manera responsable y no con decisiones apresuradas", precisó. Además, dijo que solo él perdió $1 000, en los dos días que duró la alerta, en su operadora Bosque Marino.
Y es que en Puerto López, según la Cámara de Turismo del cantón, durante los dos días de la alerta decretada, dejaron de movilizar a unas 1 000 personas.
En Esmeraldas, la situación también sería analizada por los gremios turísticos, pues allí también tienen como atractivo el avistamiento de ballenas.
A las demandas del sector turístico se sumó el reclamo del sector pesquero artesanal.
Ellos no perdieron dos días de trabajo sino cuatro, y estiman que en total dejaron de percibir ingresos por unos $2 millones.
Gabriela Cruz, que representa a unos 80 mil pescadores, dijo que no demandarán a nadie, pero sí advirtió que no obedecerán la próxima alerta, al menos "no hasta que el Inocar nos dé datos más reales de lo que pueda ocurrir. Son muchas las alertas y significativos los perjuicios", indicó.
Los pescadores reclaman que para las próximas alertas deben tomarse en cuenta las raciones alimenticias. "Nuestros pescadores salen a alta mar para cubrir el gasto de la comida diaria", dijo, al tiempo que sostuvo que ella, en el ferido último, recibió 300 de las 1200 raciones que entregó el Gobierno para el sector a causa de la alerta.
A $30 millones ascendería el reclamo económico que el sector turístico del perfil costero plantearía al Gobierno.
La millonaria demanda no solo sería por los dos días que perdieron este último feriado, sino, según sus voceros, por todas las supuestas "falsas alarmas" que habrían soportado este año.
Las alertas más perjudiciales para ellos fueron la del tsunami del 11 de marzo y del oleaje de este 11 de agosto, dijo Otón Arboleda, de la Cámara de Turismo de la provincia de Santa Elena.
Según las proyecciones de este gremio, la úlltima alerta naranja por un oleaje que llegaba desde Chile y que amenazaba con golpear costas ecuatorianas con olas de hasta cuatro metros, dejó pérdida al sector por $1 millón.
"La afectación fue tanto para la gente que renta la carpa con las sillas como para el hotelero", dijo Arboleda.
Pero no serían los únicos. La Comunidad de Jambelí, en El Oro, conformada por 233 personas que viven de la pesca y atención a visitantes en esa isla, también empezó a recoger firmas. "Estamos cansados de las alertas de la Secretaría de Riesgo, parecen que se han ensañado con nuestra isla", dijo Arturo Baca, de la Junta Parroquial, al ser consultado sobre la demanda que se prepara en contra del Gobierno.
En Jambelí la pérdida calculada también es de $1 millón, solo por este último feriado.
Solo William Valencia, transportista marítimo de servicio público y pescador, calcula haber dejado de percibir $200 en movilización y $300 por la venta de pescado.
"Me quedé con 70 libras de pescado listas para el turismo. Hoy eso se está pudriendo", precisó el comunero.
En Puerto López, provincia de Manabí, las cifras preliminares confirman que solo en paseos turísticos a la Isla de la Plata se dejaron de percibir $15 mil, mientras que por avistamientos de ballena $20 mil. "Eso para casi 20 operadores turísticos e independientemente de las cancelaciones por hospedaje en los 53 sitios que existen", dijo Francisco Cárdenas, presidente de la Cámara de Turismo de Puerto López.
Con respecto a la demanda, Cárdenas sostuvo que están en su derecho, pero que deben tener consenso. El titular del gremio también calificó como irresponsables las alertas impartidas por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR).
"Estos tipos de aguajes se dan todo el tiempo, pero creo que deben ser tratados de manera responsable y no con decisiones apresuradas", precisó. Además, dijo que solo él perdió $1 000, en los dos días que duró la alerta, en su operadora Bosque Marino.
Y es que en Puerto López, según la Cámara de Turismo del cantón, durante los dos días de la alerta decretada, dejaron de movilizar a unas 1 000 personas.
En Esmeraldas, la situación también sería analizada por los gremios turísticos, pues allí también tienen como atractivo el avistamiento de ballenas.
A las demandas del sector turístico se sumó el reclamo del sector pesquero artesanal.
Ellos no perdieron dos días de trabajo sino cuatro, y estiman que en total dejaron de percibir ingresos por unos $2 millones.
Gabriela Cruz, que representa a unos 80 mil pescadores, dijo que no demandarán a nadie, pero sí advirtió que no obedecerán la próxima alerta, al menos "no hasta que el Inocar nos dé datos más reales de lo que pueda ocurrir. Son muchas las alertas y significativos los perjuicios", indicó.
Los pescadores reclaman que para las próximas alertas deben tomarse en cuenta las raciones alimenticias. "Nuestros pescadores salen a alta mar para cubrir el gasto de la comida diaria", dijo, al tiempo que sostuvo que ella, en el ferido último, recibió 300 de las 1200 raciones que entregó el Gobierno para el sector a causa de la alerta.
