La agenda de la organización, encabezada por Gonzalo Marroquín, empezó con una entrevista en Radio Quito. Allí, el empresario dijo que "los dos grandes enemigos de la libertad de prensa en América son el crimen organizado y por el otro lado los gobiernos intolerantes y autoritarios".
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, fue uno de los pocos que comentó sobre la entrevista en las redes sociales.
A las 08:45, escribió en su cuenta de Twitter que "Gonzalo Maniquí y el gallo Claudio, $úper héroes de la CIP (centro de inteligencia de pren$a) defienden la libertad de expre$ión en #ecuador". Lo dijo haciendo gala del respeto que el Gobierno exige que la Sociedad de Prensa muestre al presidente de la República.
Los oficialistas siguen molestos porque, en una visita anterior al país, Marroquín calificó como "autoritario e intolerante" al primer mandatario.
Así que ayer, el Gobierno desplegó sus equipos de prensa -El Ciudadano y la agencia estatal Andes- para seguir a la misión. "¿Usted pedirá disculpas como ha solicitado el secretario de Comunicación?", preguntó uno de sus periodistas a Marroquín. A lo que él respondió: "no tengo que pedir disculpas porque no hemos hecho nada que sea incorrecto".
Lo dijo al concluir la reunión con Fernando Gutiérrez, defensor del Pueblo. La agenda de trabajo continuó con una cita con Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. Hasta allá llegó también, aunque un poco tarde, el equipo de prensa de El Ciudadano e incluso uno de los fotógrafos de la presidencia de la República.
Hasta esa hora, 11:00, la delegación de la SIP tenía confirmada una reunión de trabajo con la comisión encargada de la redacción de la nueva Ley de Comunicación. Mauro Andino (PAIS) confirmó la cita para las 14:00. Luego la cambió para las 17:00.
A las 13:31, el panorama en la Asamblea ya era diferente. Andino canceló la reunión porque "debía cumplir funciones atinentes a su cargo que eran improrrogables e indelegables en la provincia del Chimborazo". Ángel Vilema (PAIS) tampoco podía presidir la sesión "ya que se encuentra en la provincia de Galápagos", según el correo electrónico enviado a los asambleístas de la Comisión.
Uno de los objetivos de Marroquín y los demás integrantes de la organización -que agrupa a 1.300 publicaciones de la región- era expresar su preocupación por la aprobación de la ley especialmente en lo relacionado con la creación del Consejo de Regulación que "dirigirá el flujo de la información del país", según la SIP.
La ley -dijeron- sería inconstitucional, nefasta para el país y para la libertad de expresión. Sobre todo considerando que la percepción que tuvieron es que ya "hay un profundo deterioro en materia de libertad de prensa y de expresión, que está afectando seriamente el derecho de la población a recibir información".
Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la Presidencia, fue uno de los pocos que comentó sobre la entrevista en las redes sociales.
A las 08:45, escribió en su cuenta de Twitter que "Gonzalo Maniquí y el gallo Claudio, $úper héroes de la CIP (centro de inteligencia de pren$a) defienden la libertad de expre$ión en #ecuador". Lo dijo haciendo gala del respeto que el Gobierno exige que la Sociedad de Prensa muestre al presidente de la República.
Los oficialistas siguen molestos porque, en una visita anterior al país, Marroquín calificó como "autoritario e intolerante" al primer mandatario.
Así que ayer, el Gobierno desplegó sus equipos de prensa -El Ciudadano y la agencia estatal Andes- para seguir a la misión. "¿Usted pedirá disculpas como ha solicitado el secretario de Comunicación?", preguntó uno de sus periodistas a Marroquín. A lo que él respondió: "no tengo que pedir disculpas porque no hemos hecho nada que sea incorrecto".
Lo dijo al concluir la reunión con Fernando Gutiérrez, defensor del Pueblo. La agenda de trabajo continuó con una cita con Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. Hasta allá llegó también, aunque un poco tarde, el equipo de prensa de El Ciudadano e incluso uno de los fotógrafos de la presidencia de la República.
Hasta esa hora, 11:00, la delegación de la SIP tenía confirmada una reunión de trabajo con la comisión encargada de la redacción de la nueva Ley de Comunicación. Mauro Andino (PAIS) confirmó la cita para las 14:00. Luego la cambió para las 17:00.
A las 13:31, el panorama en la Asamblea ya era diferente. Andino canceló la reunión porque "debía cumplir funciones atinentes a su cargo que eran improrrogables e indelegables en la provincia del Chimborazo". Ángel Vilema (PAIS) tampoco podía presidir la sesión "ya que se encuentra en la provincia de Galápagos", según el correo electrónico enviado a los asambleístas de la Comisión.
Uno de los objetivos de Marroquín y los demás integrantes de la organización -que agrupa a 1.300 publicaciones de la región- era expresar su preocupación por la aprobación de la ley especialmente en lo relacionado con la creación del Consejo de Regulación que "dirigirá el flujo de la información del país", según la SIP.
La ley -dijeron- sería inconstitucional, nefasta para el país y para la libertad de expresión. Sobre todo considerando que la percepción que tuvieron es que ya "hay un profundo deterioro en materia de libertad de prensa y de expresión, que está afectando seriamente el derecho de la población a recibir información".
