Petrobras espera a que el Estado ecuatoriano le pague una indemnización de USD 300 millones como liquidación de las operaciones de que tenía en el bloque 18 y el campo Palo Azul.
De acuerdo con una noticia del periódico brasileño Valor Econômico, publicada en la página de la Agencia de Promoción de Inversiones de Río de Janeiro, en esa suma estarían incluidas las inversiones no amortizadas y el retorno que esperaba por la extracción de crudo hasta la finalización de su contrato en el 2022.
Los datos de la publicación se basan en fuentes de la empresa petrolera en Brasil. Este Diario buscó la versión de la oficina de Petrobras en Quito, pero indicaron que no podían entregar información respecto al tema. Tampoco el Ministerio de Recursos No Renovables se refirió a la noticia.
Sin embargo, la semana pasada, el titular de esa Cartera de Estado, Wilson Pástor, destacó que Petrobras es la que más reclama del grupo de petroleras que dejó el país luego de no cerrar con éxito la renegociación de sus contratos.
Aunque no detalló el monto que pidió Petrobras, Pástor destacó que era el más alto entre las petroleras que salieron del país, debido al volumen de producción del bloque 18, que el año pasado cerró en 18 829 barriles diarios.
El funcionario advirtió que espera cerrar este año la negociación con la petrolera en y que sus inversiones no amortizadas bordaban los USD 160 millones.
Además, aclaró que la empresa brasileña tiene que solucionar algunos problemas tributarios y otros en el campo de lo laboral.
Por ejemplo, Petrobras suma glosas del SRI mayores a USD 7 millones por su participación como accionista del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), empresa a la que la autoridad tributaria acusa de evasión por una subcapitalización.
También, el SRI señala a Petrobras entre las empresas que no pagó todo el Impuesto a la Renta en años pasados, al reportar como gastos deducibles, el transporte de petróleo por el OCP sin haberlo realizado.
Desde el lado laboral, un grupo de trabajadores de Petrobras presentó a principios de año reclamos ante el Ministerio de Relaciones Laborales porque la empresa descontó de sus utilidades un porcentaje para pagar una deuda de utilidades a un grupo de ex trabajadores tercerizados.
De acuerdo con una noticia del periódico brasileño Valor Econômico, publicada en la página de la Agencia de Promoción de Inversiones de Río de Janeiro, en esa suma estarían incluidas las inversiones no amortizadas y el retorno que esperaba por la extracción de crudo hasta la finalización de su contrato en el 2022.
Los datos de la publicación se basan en fuentes de la empresa petrolera en Brasil. Este Diario buscó la versión de la oficina de Petrobras en Quito, pero indicaron que no podían entregar información respecto al tema. Tampoco el Ministerio de Recursos No Renovables se refirió a la noticia.
Sin embargo, la semana pasada, el titular de esa Cartera de Estado, Wilson Pástor, destacó que Petrobras es la que más reclama del grupo de petroleras que dejó el país luego de no cerrar con éxito la renegociación de sus contratos.
Aunque no detalló el monto que pidió Petrobras, Pástor destacó que era el más alto entre las petroleras que salieron del país, debido al volumen de producción del bloque 18, que el año pasado cerró en 18 829 barriles diarios.
El funcionario advirtió que espera cerrar este año la negociación con la petrolera en y que sus inversiones no amortizadas bordaban los USD 160 millones.
Además, aclaró que la empresa brasileña tiene que solucionar algunos problemas tributarios y otros en el campo de lo laboral.
Por ejemplo, Petrobras suma glosas del SRI mayores a USD 7 millones por su participación como accionista del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), empresa a la que la autoridad tributaria acusa de evasión por una subcapitalización.
También, el SRI señala a Petrobras entre las empresas que no pagó todo el Impuesto a la Renta en años pasados, al reportar como gastos deducibles, el transporte de petróleo por el OCP sin haberlo realizado.
Desde el lado laboral, un grupo de trabajadores de Petrobras presentó a principios de año reclamos ante el Ministerio de Relaciones Laborales porque la empresa descontó de sus utilidades un porcentaje para pagar una deuda de utilidades a un grupo de ex trabajadores tercerizados.
