Las publicaciones de los cables de Wikileaks de la Embajada de EE.UU. respecto al Ecuador, sólo han logrado que el Gobierno salga a defender el honor del presidente Rafael Correa. Esto, pese a que en estos cables se han denunciado casos de corrupción en la Policía y hasta posibles nexos de gente del Gobierno con las Fuerzas Aramadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Lo que no se puede tolerar es que en uso y en abuso de las prácticas soterradas del mundo de la diplomacia se pretenda afectar la honra y el honor del presidente Rafael Correa”, confirmó Gastón Gagliardo (PAIS).
Gagliardo, sin embargo, reconoció que “más allá de las repercusiones mediáticas y diplomáticas de este delicado asunto hay que investigar a fondo y sin demora los supuestos casos de corrupción policial a los que se refieren las comunicaciones”.
Aunque la declaración de persona no grata del embajador ecuatoriano en EE.UU., Luis Gallegos, quedó en segundo plano, el ministro encargado de Agricultura y exministro de Seguridad, Miguel Carvajal, involucrado en los cables de Wikileaks, subrayó que no se está poniendo la honra del Presidente por sobre los intereses del país ya que “en primer lugar hay que tener respeto a todos los presidentes de todos los países”.
“Lo que el Gobierno está buscando es crear una cortina de humo que nos impide ver lo que ha sido denunciado, el Gobierno le debe al país una verdadera investigación”, aseveró César Montúfar (CN) y añadió que ahora estamos discutiendo la salida de los dos embajadores y no lo que se ha revelado a través de Wikileaks.
Otro caso
Rafael Correa demandó a los directivos y al editor de opinión del diario El Universo por uno de sus artículos por 80 millones de dólares por supuesta injuria calumniosa y sostuvo que la dignidad y la honra no tienen precio.
Alembert Vera, abogado del Presidente, aclaró que el objetivo de la denuncia contra el diario es proteger el nombre del Primer Mandatario como representante de un pueblo y que nada tiene que ver con una ganancia económica.
El abogado insistió en que el honor y la dignidad no tienen precio, pero dijo que algunos artículos de opinión son fuertes y contienen acusaciones que atentan contra su buen nombre.
Vida pública
Montúfar explicó que existen estándares internacionales que indica que las personas que ingresan a la vida política y pública deben aceptar que los estándares de protección a la honra y al buen nombre personal son menores que la de cualquier ciudadano común.
“Al estar expuestos al debate público y al tomar decisiones públicas, ese público tiene el derecho a debatir temas incluso de nuestra vida personal más allá de lo directamente relacionado con nuestras funciones”, enfatizó el legislador.
Por estas razones Montúfar subrayó que internacionalmente existe una tendencia muy fuerte a despenalizar los llamados delitos de opinión y que además en el caso de los funcionarios públicos únicamente puedan demandar cuando su honra sea afectada por la vía civil, “estándar que ha sido acogido ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, informó.
Finalmente, el asambleísta criticó la realidad del país, en la que “los funcionarios públicos reclamamos nuestro derecho a la honra por encima de los intereses del colectivo”, situación en la que “esa defensa de la honra del funcionario se convierte en un escudo en contra de la investigación y transparencia para temas de corrupción”.
“Lo que no se puede tolerar es que en uso y en abuso de las prácticas soterradas del mundo de la diplomacia se pretenda afectar la honra y el honor del presidente Rafael Correa”, confirmó Gastón Gagliardo (PAIS).
Gagliardo, sin embargo, reconoció que “más allá de las repercusiones mediáticas y diplomáticas de este delicado asunto hay que investigar a fondo y sin demora los supuestos casos de corrupción policial a los que se refieren las comunicaciones”.
Aunque la declaración de persona no grata del embajador ecuatoriano en EE.UU., Luis Gallegos, quedó en segundo plano, el ministro encargado de Agricultura y exministro de Seguridad, Miguel Carvajal, involucrado en los cables de Wikileaks, subrayó que no se está poniendo la honra del Presidente por sobre los intereses del país ya que “en primer lugar hay que tener respeto a todos los presidentes de todos los países”.
“Lo que el Gobierno está buscando es crear una cortina de humo que nos impide ver lo que ha sido denunciado, el Gobierno le debe al país una verdadera investigación”, aseveró César Montúfar (CN) y añadió que ahora estamos discutiendo la salida de los dos embajadores y no lo que se ha revelado a través de Wikileaks.
Otro caso
Rafael Correa demandó a los directivos y al editor de opinión del diario El Universo por uno de sus artículos por 80 millones de dólares por supuesta injuria calumniosa y sostuvo que la dignidad y la honra no tienen precio.
Alembert Vera, abogado del Presidente, aclaró que el objetivo de la denuncia contra el diario es proteger el nombre del Primer Mandatario como representante de un pueblo y que nada tiene que ver con una ganancia económica.
El abogado insistió en que el honor y la dignidad no tienen precio, pero dijo que algunos artículos de opinión son fuertes y contienen acusaciones que atentan contra su buen nombre.
Vida pública
Montúfar explicó que existen estándares internacionales que indica que las personas que ingresan a la vida política y pública deben aceptar que los estándares de protección a la honra y al buen nombre personal son menores que la de cualquier ciudadano común.
“Al estar expuestos al debate público y al tomar decisiones públicas, ese público tiene el derecho a debatir temas incluso de nuestra vida personal más allá de lo directamente relacionado con nuestras funciones”, enfatizó el legislador.
Por estas razones Montúfar subrayó que internacionalmente existe una tendencia muy fuerte a despenalizar los llamados delitos de opinión y que además en el caso de los funcionarios públicos únicamente puedan demandar cuando su honra sea afectada por la vía civil, “estándar que ha sido acogido ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, informó.
Finalmente, el asambleísta criticó la realidad del país, en la que “los funcionarios públicos reclamamos nuestro derecho a la honra por encima de los intereses del colectivo”, situación en la que “esa defensa de la honra del funcionario se convierte en un escudo en contra de la investigación y transparencia para temas de corrupción”.
