Pasadas las 17:00 de ayer, Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, anunció que dejaba el cargo, dejándolo en manos del director ejecutivo Gustavo Donoso.
Él será quien entregue oficialmente la parte administrativa del consejo a los miembros de la Comisión Tripartita que en 18 meses debe reestructurar la Función Judicial.
Esta fue la conclusión de una jornada que arrancó con Cevallos anunciando que no dejaría su puesto, pese a que la oficialización de los resultados de la consulta había cesado automáticamente a los vocales.
Él quería mantenerse en su cargo hasta que asumieran sus despachos los tres miembros de la Comisión Tripartita.
En su última aparición ante la prensa, Cevallos no pudo evitar referirse a las discrepancias con el vicepresidente de la entidad -Herman Jaramillo- que lo llevaron a renunciar.
Una de ellas fue el cambio de la directora nacional de personal, Rocío Flores, de quien Cevallos dijo que "desapareció" para no legalizar la remoción del juez Santiago Coba, quien lo había destituido en dos ocasiones del cargo de presidente de la Judicatura.
De Coba dijo que es "un juez de ínfima categoría, posiblemente de alquiler".
Jaramillo "me desautorizó", dijo, al disponer el reintegro a su cargo del juez Juan Pablo Hernández, quien dispuso la incineración de la maquinaria destinada a la extracción minera en Esmeraldas.
Una posición distinta tuvo el vocal Ulpiano Salazar. Él llegó por la mañana solo a retirar unos pocos documentos que quedaban en su despacho, y luego se retiró. Para él "es preferible que no pase nada a que continúe el doctor Cevallos en la presidencia del consejo".
Tras destacar la positiva labor del consejo, adelantó que el trabajo de la Comisión Tripartita será a futuro un termómetro de la acción del régimen.
Una preocupación con la que Salazar dejó su cargo fue la posibilidad de que los sumarios abiertos en contra de funcionarios judiciales pudiesen prescribir.
Él será quien entregue oficialmente la parte administrativa del consejo a los miembros de la Comisión Tripartita que en 18 meses debe reestructurar la Función Judicial.
Esta fue la conclusión de una jornada que arrancó con Cevallos anunciando que no dejaría su puesto, pese a que la oficialización de los resultados de la consulta había cesado automáticamente a los vocales.
Él quería mantenerse en su cargo hasta que asumieran sus despachos los tres miembros de la Comisión Tripartita.
En su última aparición ante la prensa, Cevallos no pudo evitar referirse a las discrepancias con el vicepresidente de la entidad -Herman Jaramillo- que lo llevaron a renunciar.
Una de ellas fue el cambio de la directora nacional de personal, Rocío Flores, de quien Cevallos dijo que "desapareció" para no legalizar la remoción del juez Santiago Coba, quien lo había destituido en dos ocasiones del cargo de presidente de la Judicatura.
De Coba dijo que es "un juez de ínfima categoría, posiblemente de alquiler".
Jaramillo "me desautorizó", dijo, al disponer el reintegro a su cargo del juez Juan Pablo Hernández, quien dispuso la incineración de la maquinaria destinada a la extracción minera en Esmeraldas.
Una posición distinta tuvo el vocal Ulpiano Salazar. Él llegó por la mañana solo a retirar unos pocos documentos que quedaban en su despacho, y luego se retiró. Para él "es preferible que no pase nada a que continúe el doctor Cevallos en la presidencia del consejo".
Tras destacar la positiva labor del consejo, adelantó que el trabajo de la Comisión Tripartita será a futuro un termómetro de la acción del régimen.
Una preocupación con la que Salazar dejó su cargo fue la posibilidad de que los sumarios abiertos en contra de funcionarios judiciales pudiesen prescribir.
