Cerca de tres semanas han transcurrido desde que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, CPCCS, Marcela Miranda, consultó al procurador General del Estado, Diego García, sobre si se debía o no continuar con el concurso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, ya que según argumentó, estaba de por medio la consulta popular, en la que se dejaría sin piso ese proceso.Miranda señaló también, el vacío legal que se originaría respecto a cómo proceder con los comisionados representantes de las funciones del Estado que no acudieron a posesionarse para que el concurso avance. La funcionaria indicó que todavía están a la espera de una respuesta.
De su parte, el consejero David Rosero reiteró que el Consejo ya debía tomar partido sobre si continuar el concurso, ya que un mes a transcurrido desde que el mismo quedó paralizado. Este mismo punto fue lo que habría originado el juicio político en contra de Miranda, impulsado por el asambleísta Marco Murillo.
La funcionaria del organismo, atribuyó ayer esta acción en su contra, a los consejeros Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero, ellos rechazaron esta acusación e indicaron que no participaron en la investigación en contra de la consejera.
