Los principales dirigentes del movimiento indígena del país, anunciaron que pedirán protección ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, ante los procesos penales que afrontarían por las acusaciones de terrorismo, secuestro, extorsión y por desestabilizar la democracia.
Los dirigentes de la CONAIE, Delfín Tenesaca, Marlon Santi, Norma Mayo, durante la reunión de trabajo.
Según el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, se identificó que 65 dirigentes indígenas y sociales son procesados por estas causas, cuya integridad estaría en riesgo de acuerdo al dirigente indígena.
Estos procesos se abrieron en contra de los dirigentes de Azuay, Bolívar, Imbabura, Morona Santiago, Pastaza, Pichincha, Zamora Chinchipe, por las protestas desarrolladas en contra del proyecto de Ley de Aguas y de la Ley de Minería. Santi afirmó que pedirá protección para estos dirigentes ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.
“Todo el que habla en contra del régimen tiene el riesgo de ser catalogado como criminal. No estamos en democracia”, anticipó Santi y agregó que en el país no se puede aplicar el derecho a la resistencia previsto en la Constitución.
El informe fue presentado al relator sobre ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, Philip Alston.
En la reunión con el funcionario de las Naciones Unidas, a más de los casos de criminalización de la protesta durante la cumbre de la ALBA, también le informaron sobre la matanza de los indígenas tagaeri y taromenane de agosto de 2008.
Para Santi este es un primer paso para denunciar al gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, Alston anticipó que a pesar de que le interesa examinar, en su visita al país, los temas de Derechos Humanos, su informe, que se hará público hoy, solo se limitará a las ejecuciones.
